20 de marzo de 2021 12:23 PM
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Lo que viene: palabras y hechos que se contradicen

CompartiremailFacebookTwitterHay palabras que en contextos diferentes pueden ser alentadoras. Una de ellas fue la del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien esta semana, durante una entrevista en LN+, destacó como positivo el diálogo que tiene el Gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para elaborar una ley que otorgue estabilidad fiscal por diez años a las exportaciones […]

Hay palabras que en contextos diferentes pueden ser alentadoras. Una de ellas fue la del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien esta semana, durante una entrevista en LN+, destacó como positivo el diálogo que tiene el Gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para elaborar una ley que otorgue estabilidad fiscal por diez años a las exportaciones del agro.

Frente a un país que, entre otras cosas, necesita aumentar las exportaciones de bienes para obtener dólares genuinos que lo ayuden a salir de la recesión, que la principal autoridad en el manejo de la economía reconozca al agro como una de sus columnas vertebrales debería entenderse como una señal auspiciosa.

Sin embargo, la realidad cotidiana de las propias decisiones del Gobierno parecen desmentir los anhelos y declaraciones de Guzmán.

No hay que irse mucho atrás en el tiempo para recordar que dos días antes de que terminara el 2020 el Gobierno suspendió las exportaciones de maíz. Aunque no tiene competencia en el área, Guzmán era el ministro de Economía en ese entonces. Tras una medida de fuerza de la Mesa de Enlace y reclamos de toda la cadena agroindustrial, el Gobierno dio marcha atrás con la decisión casi dos semanas después. Pero ya dejó un mensaje: el mercado de granos puede ser intervenido.

En los últimos días hubo otras muestras de esa contradicción. Una es el caso del proyecto de ley que pretende aumentar las alícuotas del impuesto a las Ganancias. La intención es establecer alícuotas escalonadas: quien tenga ganancias netas de hasta $1,3 millones anuales tendrá una alícuota de 25%, el otro escalón es para ganancias netas de hasta $2,6 millones, con 30%, y el tercero para quien supere los $2,6 millones será alanzado con una alícuota de 35 por ciento.

En la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) calcularon que una pyme que tenga ganancias netas mensuales de $220.000, por ejemplo, será alcanzada por la alícuota más alta.

“Son montos alejados de la realidad, los cuales promueven una presión tributaria altísima y, por ende, una alta recaudación fiscal que abarcaría a cualquier empresa pyme, afectaría el nivel de inversión e inclusive el capital de trabajo de las empresas en plena pandemia”, dijo la entidad en un comunicado.

Los ruralistas advirtieron que “de no modificarse el proyecto, caminaremos por un sendero de retracción y caída de la actividad económica difícil de revertir”.

No hay organismo internacional que no sitúe la presión impositiva argentina entre las mayores del mundo. En el caso del agro, además, según los cálculos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) los tributos de los tres niveles de gobierno alcanzan al 59,2% de la renta de una hectárea agrícola.

Esto, por supuesto, incluye a los derechos de exportación, el tributo más regresivo y antiproductivo que recae sobre el agro. Afecta con mayor dureza a quienes siembran y cosechan en las zonas más alejadas de los destinos de exportación y procesamiento. También aumenta la brecha del diferencial cambiario y deteriora de pleno la relación insumo/producto. El dólar al que se paga la importación de formulaciones de fitosanitarios o componentes de una maquinaria agrícola del exterior no paga retenciones como sí lo hace la soja, el maíz o el trigo, por ejemplo.

Otra de las contradicciones entre lo que el Gobierno enuncia y lo que efectivamente hace se puede observar con el incremento de los combustibles. La Casa Rosada no se pone colorada para autorizar a YPF aumentos de 15% en los precios de la nafta y del gasoil mientras despliega un aparato de control sobre los costos de las empresas y no permite actualizar valores de los precios de los alimentos.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calculó que el último aumento promedio de 7% del gasoil, unos $6,40 por litro cargado, “representa $19.200 millones de pesos extra para el sector productivo”, si se anualiza su incidencia. Este incremento, además, ejerce una mayor presión impositiva. “Solo tomando este último aumento, el campo aportará anualmente unos 9000 millones de pesos adicionales en concepto de impuestos”, agregó. Llevado al valor del maíz, según estimó el Departamento Económico de CRA, la carga impositiva extra equivale a 508.000 toneladas y todo el impacto, a poco más de un millón de toneladas de la cosecha actual.

En un escenario alcista de los precios internacionales como el actual estos niveles de aumentos de costos y de presión tributaria pueden desdibujarse, pero si el propósito es lograr que el agro aporte al aumento de las exportaciones y al consecuente incremento de divisas que necesita el país para salir de su estancamiento, claramente este no es el camino para lograrlo.

Cristian Mira

Fuente: La Nacion

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