13 de diciembre de 2010 07:12 AM
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Tercerizaciones en el agro

Uruguay : La administración anterior se caracterizó por un entendimiento muy modesto de la realidad agropecuaria, influida quizás por el hecho de que sus ministros la conocían muy tangencialmente, y manifestaban una baja propensión a dejarse asesorar.

Esto llevó no sólo a una ausencia total de nuevas políticas sectoriales -por suerte, cabe agregar- sino a una enorme dificultad para llevar a la práctica sus propias acciones, lo que condujo algunas veces al presidente actual a quejarse de que no se podía hacer nada. Sólo nos queda de ese quinquenio la zarabanda reiterada sobre la agricultura familiar, nuevas e innecesarias personas de derecho público no estatal, reparto de algunos quilos de afrechillo, amenazas al modelo agrícola, a la suba de precios, a los extranjeros en la frontera y prohibición -en realidad más trámites- para las sociedades anónimas. Casi me olvidaba: dejó también un buque insignia, la caña de azúcar, un agujero negro para la sociedad. De entre las realidades que transitó con poco conocimiento, otra de ellas fue la legislación sobre tercerizaciones, la que más allá de condimentos ideológicos, tiene una aplicación que si es gravosa en el mundo urbano, es prácticamente imposible en el mundo rural. LA LEY. La ley que suscita discusiones hasta el día de hoy es la 18.099, que modificó una anterior, la 10.449. Esta última establecía la responsabilidad subsidiaria del tomador de servicios, pero exclusivamente por los adeudos de salarios del contratista para con sus contratados, y solo por los salarios mínimos. La nueva ley realizó un cambio sustantivo: la responsabilidad dejó de ser subsidiaria, se convirtió en solidaria, y abarcó todas las obligaciones del contratista como empleador, tanto salariales como indemnizatorias y tributarias. Es decir no sólo salarios impagos sino las demás obligaciones de naturaleza salarial -aguinaldo, licencia, salario vacacional- aportes al BPS, prima por accidentes de trabajo, deudas con el Banco de Seguros, etc. Hasta la nueva ley, el tomador del servicio respondía siempre que el empleador directo no lo hiciera y con aquellos límites; hoy, el trabajador tiene dos posibilidades a las que acudir, pudiendo solicitar que responda su verdadero patrón o el que con éste contrató el servicio. El sustrato de la ley era claro. Partía de la base de que los contratistas pueden ser inestables, insolventes, y el legislador encontró entonces que para mejorar la suerte del trabajador, otro debía pagar sus eventuales acreencias. Y el elegido fue el empresario original. Podía haber seleccionado otras garantías, provistas por innumerables modalidades diferentes como ocurre con los microcréditos, los alquileres, etc. Pero optó por el camino que la ideología sugería: cargarlo al capitalista, tenga o no tenga nada que ver. Es así que hay riesgo en contratar un pintor en una casa, una empresa de limpieza, de seguridad, etc. Y en el campo hay que pensar que una comparsa de esquila, o de alambradores, puede determinar un perjuicio serio por incumplimientos de otro. SERVICIOS HOY. En el sector agropecuario constituyen un factor determinante del crecimiento reciente. La agricultura de éxito se basa en la contratación de todo: el mosquito, el que siembra, el que cosecha, el que fletea. Es más. Las empresas agrícolas más importantes no son propietarias ni de un tractor, y contratan todo a empresas que las proveen. En la forestación ocurre lo mismo y se reproduce este modelo de empresas expertas en gestión, en logística, que lo contratan todo. En la lechería pasa otro tanto cada vez más, y ya sus gremiales advierten sobre el peligro que supone para sus explotaciones la solidaridad con las deudas de terceros. En cuanto a la ganadería, pionera en tercerizaciones en la esquila, el alambrado, etc., se van a ir extendiendo contratos para hacer una pradera, cosechar el grano, realizar los silos, etc. De manera que el tema de tercerizaciones apunta al centro del modelo de desarrollo agropecuario, amenazando una de sus herramientas más modernas que además fabrica nuevos empresarios, nuevas especialidades, etc. Resulta imprescindible pues, que la legislación sobre tercerizaciones no opere como amenaza al progreso. Ya ha habido importantes denuncias en el sector lechero y el sector forestal de abusos, a veces promovidos por abogados que aprovechan el hueco que les deja la ley. Pero está también el tema de las pequeñas empresas que empiezan a proveer servicios, y de hecho no pueden aspirar a las mejores contrataciones. Por qué. En un intento por mejorar la ley 18.099, una posterior volvió a la responsabilidad subsidiaria siempre que el que contrata a la empresa desarrolle un control detallado del cumplimiento de ésta con sus obligaciones. En definitiva, si se convierte en policía, su responsabilidad pasa de solidaria a subsidiaria. Para eso debe obtener las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de la empresa que presta el servicio. Debe exigir: declaración de historia laboral de cada trabajador; recibo de pago de cotizaciones al organismo provisional; certificado que compruebe el pago de las contribuciones a la seguridad social; constancia de pago del seguro de accidentes; planilla de trabajo y recibos salariales. CAMBIAR. Lo anterior deja en claro que para muchos productores rurales que contratan servicios es una obligación imposible de cumplir, y para otros con una gran organización, les es imposible contratar empresas pequeñas que se inician, y por eso mismo no tienen una gestión administrativa como la que se les pide. El tema es grave porque el gobierno no está cerca de este mundo de las tercerizaciones y no simpatiza con la creación de empresarios que dejan de ser afiliables a un sindicato, y expresan otro modelo de sociedad. Pero en el campo es todavía peor, ya que no sólo se afecta lo que yo creo será el modo dominante de producir a futuro, sino que a la vez se vuelve casi imposible de cumplir, y no facilita la creación de pequeñas empresas. Si parece difícil hoy derogar la ley, al menos debería buscarse otro estatuto para la especificidad del sector rural. El MGAP del gobierno anterior no entendía de estas cosas; el actual parece diferente, lo que permite abrigar alguna esperanza.

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