21 de abril de 2021 10:44 AM
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El procurador instó a la Corte a rever su posición sobre el frigorífico Brunetti

Hace 13 años se aprobó el traslado de la firma fuera de la zona urbana. Además, un juez ordenó a la municipalidad de Salta dar información ambiental del frigorífico, pero los datos fueron mínimos y ahora la Corte de Justicia cerró la posibilidad de seguir obteniendo detalles.

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó un recurso urgente y extremo de un día para que la Corte de Justicia de Salta revea su posición respecto a la relocalización de la Compañía Industrial Argentina de Carnes Sociedad Anónima (CIACSA), el Frigorífico Brunetti, una vieja demanda de vecinos a la planta y que debía haberse concretado hace 7 años, cuanto menos. 

El recurso de revocatoria in extremis (que se usa para ir contra las resoluciones en las que se incurrió en un evidente error capaz de generar una injusticia notoria que no puede ser subsanada por otra vía) presentado por el procurador es contra una  resolución del 7 de este mes por el que la Corte declaró abstracta la obligación de brindar información pública ambiental referida al frigorífico por parte de la municipalidad de Salta. El tribunal sostuvo que la Municipalidad había cumplido, a pesar de reconocer que entregó “muy escueta y pobre información”.

Cornejo instó al tribunal a rever su posición, recordando que el derecho ambiental es un derecho humano constitucionalmente garantizado, y por ello el acceso a esta información debe ser objeto de un tratamiento especial.

Con su fallo del 7 de abril, el máximo tribunal de la provincia anuló una decisión de septiembre de 2019 del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, quien hizo lugar a un amparo presentado en junio de ese año por el Ministerio Público Fiscal contra la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta por acceso a la información pública ambiental

El frigorífico Brunetti está dentro del ejido urbano de la ciudad de Salta, en el barrio Santa Lucía, cuyos vecinos reclaman desde hace años que su actividad les provoca daños a la salud y a su calidad de vida, también se quejan los habitantes del vecino barrio San Rafael. Por eso en 2008 se abrió un proceso administrativo en el Ministerio Público Fiscal y el Concejo Deliberante capitalino dispuso ese mismo año, mediante la ordenanza 13328, la erradicación del establecimiento“Emanan olores nauseabundos y gases nocivos que provocan enfermedades respiratorias y de la piel y son muchos los niños, que hay días que no acuden a las escuelas por encontrarse afectados por náuseas, vómitos y malestares estomacales”, afirmaba el cuerpo, entre las razones para esa decisión.

En la continuidad de ese trámite administrativo, el Ministerio Público Fiscal recordó ayer que Cornejo solicitó reiteradamente datos sobre el incumplido proceso de relocalización de frigorífico, sobre los resultados de una auditoría social que la comuna se había comprometido a realizar el 30 de junio de 2015, las medidas ambientales para preservar a los vecinos de la zona y las sanciones que se hayan impuesto. Según recordó el procurador en su recurso, nunca recibió esa información y la auditoría social tampoco se hizo

Ante ese largo incumplimiento, en junio de 2019 el MPF presentó un recurso de amparo tendiente a recibir información del proceso. En septiembre de ese mismo año tuvo acogida favorable del juez Domínguez, quien “condenó expresamente a la Municipalidad de la Ciudad de Salta” al “cumplimiento íntegro de la información ambiental requerida”, a continuar luego informando sobre el proceso de relocalización en el trámite ante la Procuración General de la Provincia y a dar publicidad a la información pública referida a lo ambiental respecto del frigorífico. Todo eso tenía que hacerse “en un plazo no superior a los veinte días (20) hábiles computable a partir del siguiente al de la notificación de la presente y bajo legal apercibimiento”, recordó Cornejo en su recurso.

Ese fallo fue a su vez recurrido por el gobierno de la Ciudad de Salta y el pasado 7 de abril la Corte ratificó que el municipio debe “publicitar a la comunidad toda la información pública ambiental de CIACSA”, pero desestimó la orden de que se continuara colectando más información relativa a la auditoría social en las zonas aledañas a la compañía, que debía costear el frigorífico, y que se tenía que haber realizado “ya hace más de 10 años y que en 2015 fue descartada por la Municipalidad con el argumento de que en 2013 se suscribió un acuerdo de relocalización con la Intendencia”.

Sobre la información referida al proceso de relocalización del frigorífico, la Municipalidad respondió que el Concejo Deliberante era quien debía darla y justificó la falta de avance en la reubicación en razones presupuestarias, porque CIACSA pide una compensación económica por el traslado. Cornejo se había quejado ante el Tribunal por la paralización del expediente administrativo N° 55475-SG-2013, en el que se tramita la aprobación del acuerdo con la firma, porque no se vienen llevando adelante los actos necesarios para el traslado.

Trece años de vueltas 

El trámite en el que ahora la Procuración General presentó el recurso urgente y extremo fue iniciado en 2008 por la fiscala Claudia Geria, en medio de un contexto de agitación social por los constantes reclamos de habitantes de los barrios Santa Lucía y San Rafael, que hicieron una colecta de firmas para pedir al Estado municipal que la planta de faenamiento del frigorífico fuera sacada de ese lugar. 

Así se aprobó la ordenanza de erradicación y también hubo pronunciamientos en sentido similar del Juzgado de Faltas Municipal, el Juzgado Civil de Decima Nominación de Salta y la Corte de Justicia de Salta. Y hasta se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante una presentación del frigorífico. 

Cuando presentó el amparo para que se informe sobre este proceso, el procurador Cornejo afirmó que la participación pública solo puede ser ejercida con el acceso a la información por parte de la comunidad, y advirtió que la tendencia de los tribunales a declarar abstractas las causas por acceso a trámites ambientales gubernamentales “es una invitación a seguir sin atender los requerimientos ciudadanos con la expectativa de que igualmente no serán condenados más adelante”.

Ese amparo se presentó luego de que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos municipal omitiera responder oficios enviados por el MPF en 2016, 2018 y 2019.

Fuente: Pagina 12

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