Mediante un convenio con el Gobierno, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) trabaja en la implementación de una aplicación que permitirá conocer el origen de los productos frutihortícolas.

Ante la denuncia de los productores que apuntan a los supermercados como actores dentro de la cadena del contrabando de tomate, el presidente de Capasu, Alberto Sborovsky, afirmó que ningún agremiado se provee de hortalizas ilegales, pero que también hay otros puntos de ventas minoristas, cuyos trabajos desconocen.

Sobre el reclamo de los agricultores, dijo que cada negocio tendrá que demostrar con documentos el origen de sus productos y que, en ese sentido, la Cámara está tranquila, ya que además conforma como voluntaria el programa para la trazabilidad frutihortícola, encabezado por el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Sobre el mecanismo de trabajo, explicó que se está desarrollando una aplicación que indicará la trazabilidad de las cargas desde las fincas hasta los supermercados.

La herramienta facilitará la gestión del documento de tránsito a los productores, mientras que permitirá una mejor fiscalización y control de transporte a las instituciones.

Precios. De acuerdo con el productor Pedro Ledesma, los intermediarios están pagando entre G. 20.000 y G. 40.000 la caja de tomate, cuando semanas antes llegaron a comprar como mínimo a G. 70.000. El sector atribuye este comportamiento al contrabando atendiendo que la importación está prohibida en esta temporada y porque además usa como referencia el bloqueo de fronteras durante la cuarentena estricta del año pasado, lo que a su vez impidió el ingreso de hortalizas y que los precios locales subieran.