18 de agosto de 2021 11:46 AM
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Congreso: Piden a la Comisión de Agricultura no ignorar informe de Contraloría sobre uso de plaguicidas en Chile

Entre otras irregularidades, la Contraloría reprochó al SAG el haber autorizado el uso de plaguicidas basados solamente en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos, sin incorporar criterios sobre sus impactos en la salud.

Esta semana, según la tabla oficial de citaciones de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga y al director del Servicio Agrícola, Horacio Bórquez, asistirían a la instancia parlamentaria para exponer sobre la situación de la crisis alimentaria en Chile.

Ante esta situación, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, junto a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, hicieron un llamado a los diputados y diputadas de la Comisión, a no ignorar el reciente y lapidario informe de Contraloría sobre el uso de los plaguicidas y sus riesgos para la salud de la población, tema que aún no es puesto en tabla para ser abordado por los parlamentarios y parlamentarias.

«Llama la atención que la citación no menciona el asunto del lapidario informe de la Contraloría sobre plaguicidas y SAG, y las implicancias y riesgos que ello tiene en la salud y alimentación de las y los trabajadoras/es agrícolas y consumidores chilenos», señalaron desde la Red.

En ese sentido, recordaron que «a más de dos meses de la difusión pública y a más de tres meses de la entrega a diputados y senadores del crítico informe de Contraloría sobre la gestión del SAG en plaguicidas, parece necesario recolocar el tema para que el documento no se convierta en un archivo más, pese a la alarma pública que generó».

Desde la organización dijeron que, inicialmente, se informó que el Senado había citado a la Ministra de Agricultura para que explicara la aprobación en Chile de 99 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, a los que se suman otros 40 listados como «Altamente Peligrosos», según el Sistema Global Armonizado (SGA) y la OMS, autorización que se realizó «sin considerar los riesgos para humanos, animales y ambiente, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019».

Sin embargo, el tema finalmente no se abordó: «Llamamos a todos los integrantes de la Comisión de Agricultura y en especial a la diputada Alejandra Sepúlveda, representante de una zona donde la agroindustria emplea precisamente ese tipo de plaguicidas en los cultivos de exportación, a incorporar este delicado asunto en la discusión que darán con las autoridades responsables del tema en Chile».

Lapidario informe

En su informe, la Contraloría General de la República reprochó al SAG el haber autorizado el uso de plaguicidas basados solamente en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos, sin incorporar criterios sobre los impactos en la salud ni el efecto crónico de los mismos. Además, se impugna el no haber considerado la participación de otros organismos competentes, como los Ministerios de Salud y Medioambiente.

A esto se agregan el nulo acceso a información para permitir la participación ciudadana en el proceso de registro, y el no cumplimiento de las obligaciones emanadas del Convenio de Rotterdam, del cual Chile es parte (con el SAG como «autoridad nacional designada»), entre otras irregularidades.

«Las diputadas y diputados no pueden permanecer indiferentes ahora que ya está confirmado: en Chile están en uso intensivo 51 principios activos plaguicidas con efecto cancerígeno según las clasificaciones internacionales. Las regulaciones sobre plaguicidas, además de ser laxas, no están en concordancia con las regulaciones europeas y de otros países», reiteraron desde las organizaciones. 

El llamado realizado a la Comisión de Agricultura fue respaldado por varias otras agrupaciones, como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

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