19 de agosto de 2021 09:41 AM
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SUSPENSIÓN DE LA LEY DE SUBDIVISIÓN RURAL: “HAY QUE DISCUTIR EL AVANCE DE LO URBANO SOBRE LO RURAL”

Ante la inminente aprobación de una suspensión por 5 años de la ley que regula la división de campos, Gabriela Landa, abogada en Derecho Agrario, argumentó en contra de la iniciativa.

Eliana Moratiel

Con media sanción en Senadores sería tratado, y posiblemente aprobado, en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto que suspendería la aplicación de la Ley 9319 de subdivisiones rurales a “sucesiones indivisas y condominios subsistentes” por el término de 5 años.

La Ley 9319 determina que cualquier subdivisión que se produzca en el ámbito agropecuario tiene que tener el aval de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Producción. El criterio para habilitar o no la subdivisión se basa en la capacidad de uso en los suelos . Para este fin, la provincia confeccionó un mapa de regiones agroeconómicas dividido en 9 regiones. No puede dividirse un terreno por debajo de los valores referenciales estipulados a menos que se indique una excepción.

La Provincia ya pasó por una suspensión de dos años de la ley desde 2007 a 2009, con el objetivo de facilitar la división de los campos que se encuentren bajo un sistema de condominio o en un proceso sucesorio. 

Para Gabriela Landa, Abogada Especializada en Derecho Agrario y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, lo que generó la suspensión de la ley fue un “parcelamiento impresionante”. “Dejó de existir el criterio de uso de suelo y lo remplazó uno meramente de derecho privado de dominio. Aún habilitada la subdivisión, los condóminos no logran acordar qué espacio físico del territorio satisface sus pretensiones. Las apetencias personales no tienen límite porque las nuevas generaciones también quieren su porción de tierra”, argumentó.

“La comparación que hacemos es que cuando uno hereda una casa no se queda un hijo con la habitación, otro con la cocina y otro con el baño. Acá estamos hablando de lo mismo, es una unidad productiva. Es necesario para su funcionalidad que persistan las condiciones que indican la capacidad de uso del suelo”, graficó la abogada.

En su momento, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe se pronunció contra la habilitación de parcelas indiscriminada y denunciaron que durante la vigencia del permiso se habilitó el fraccionamiento de 549 campos que resultaron subdivididos en 1.717. Este proceso comprometió casi 50.000 hectáreas y el promedio de las parcelas pasó de 86 a 28 hectáreas, por lo que los agrónomos consideraron que “muchas de esas fracciones no podrán ser explotadas racionalmente”. 

Existen nueve regiones agroeconómicas en la provinciaque fijan superficies referenciales por debajo de las cuales se debe demostrar el carácter de “unidad económica agraria”.

El territorio rural, en disputa

De acuerdo al senador Orfilio Marcón (UCR-Gral. Obligado) impulsor del proyecto para suspender la ley 9319, se ha provocado graves perjuicios a los pequeños propietarios, favoreciendo la concentración de la propiedad en manos de los condóminos más pudientes económicamente, o de terceros.

“El espíritu de la Ley en vigencia, de impedir subdivisiones para no volver antieconómico el uso de la tierra, ha quedado desnaturalizado en virtud del desarrollo de nuevas tecnologías, de la utilización de producciones intensivas y el uso agroecológico de las parcelas rurales.”.

Por su parte, Landa manifestó que la discusión que debe ponerse en foco es la de como la urbanización avanza en detrimento de lo rural, provocando la desaparición “de una forma de vida”. “No es solamente una cuestión productiva-económica. Hay mucha gente que no sabe otra cosa que producir bajo determinados parámetros. También surge la discusión de empezar a producir solamente agroecológico, pero es todo un cambio cultural. Uno ve que no esta acompañado por una política que permita ese cambio. Es un caos, mucha gente ha quedado atrapada  en este dilema por el avance urbano.” 

Respecto los argumentos referidos a la “sojización” o “éxodo rural”, Landa aseguró que no son consecuencia de la limitación a subdividir sino que tiene su fundamento en aspectos económicos y de rentabilidad y en la falta de condiciones dignas para vivir en el campo, tales como contar con caminos rurales aptos, electricidad, escuela, salud, y conectividad.

“La excepción y temporalidad no merece tratamiento legislativo”, insistió la abogada y apoyó la idea de tomar otros parámetros para subdividir los inmuebles rurales si la provincia así lo requiere, siempre y cuando “el interés privado no este por encima del interés común de cuidar el recurso suelo”.

Fuente: El Litoral

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