27 de diciembre de 2021 14:45 PM
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El Gobierno se metió con los cereales y profundizó la bronca del sector agropecuario

Con la creación de un sistema para controlar las exportaciones de maíz y trigo, numerosas entidades rurales salieron al cruce con fuerza. El arco agroindustrial también se sumó a la ola de crítica. Particular postura del ministro Julián Domínguez.

La Resolución 276/2021, publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes, provocó una reacción contundente de los sectores productivos vinculado al agro. Es que, a través de la normativa, el Gobierno nacional “publicará volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 (norma que creó las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior –DJVE”. Así, habrá volúmenes por los cuales no podrá haber una mayor exportación.


La medida marca reglas claras preestablecidas en común, según consta en las actas correspondientes. “Se fijan cifras de 41,6 millones de toneladas de maíz y 12,5 millones de toneladas de trigo destinadas a los mercados internacionales, de manera que no comprometan el abastecimiento al mercado interno”, detalló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Para el funcionario, se trata de “una decisión que genera la previsibilidad y la confianza reclamadas por todos los actores de la cadena del trigo y del maíz”


Al respecto, agregó: “los datos surgen de la Mesa Sectorial que se institucionalizó para construir las decisiones que les den previsibilidad y confianza a los productores, para que estos no sean rehenes de medidas extemporáneas e intempestivas que solo benefician a las grandes exportadoras”.
Conocida la normativa, fueron muchas las instituciones que salieron al cruce del accionar oficial. Desde la Mesa de Enlace manifestaron su preocupación y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) fue la primera en recoger el guante: “la Resolución 276/2021 siembra un interrogante importante respecto a cómo se miran las libertades no solo de mercado, sino también productivas del país”. Para la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes, “no se fomenta la producción del país poniendo limites que distorsionan su crecimiento”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también se expidió por las intervenciones del Gobierno. Mediante un comunicado, indicaron que están “basadas en un arbitrario saldo exportable que genera una sobreoferta artificial deprimiendo las cotizaciones y dificultando la comercialización de los productos, además de proyectar una caída en la productividad nacional”. En ese sentido, la entidad reconoció que hace meses viene “denunciando que las autorregulaciones formales o informales, como así también un registro de exportaciones sin operatoria, o esta cuotificación para el trigo y el maíz, dañan al país y nos hacen mal a todos”.


Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA) consideró desafortunada la medida y le apuntó a Domínguez: “se aplica sólo días después de que nos hayamos reunido con el ministro y nos asegurara que, de acuerdo a las existencias que había, no veía necesidad de alterar el normal funcionamiento de la exportación y comercialización”. Por eso, expresó: “no se entiende por qué siguen actuando así, con políticas inconsultas; son medidas que no funcionan, que desalientan al productor y que benefician a los exportadores”.

DESMENTIDA DE LAS MESAS DE TRIGO Y MAÍZ
Luego de haber sido mencionadas por el ministro Domínguez, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo decidieron expresar su postura. Al respecto, aclararon que no solicitaron el dictado de resolución alguna, con la cual no coinciden, sino que además expresaron que trabajan para promover un mercado interno y externo de exportación “sin trabas”.
Mediante un comunicado, las instituciones afirmaron: “no promovemos el establecimiento de ningún requisito restrictivo porque afectan el normal desarrollo de las condiciones de producción y comercialización, generando a futuro menores siembras y menores producciones, con los consecuentes aumentos de precios internos y menores ingresos de divisas al país”.
Por último, insistieron con la necesidad de trabajar para evitar “medidas intervencionistas en los mercados de producción, consumo y exportación”.

“LA HISTORIA SE REPITE”
Las cadenas de valor (ACSOJA, MAIZAR, ASAGIR, y ARGENTRIGO) también rechazaron la decisión del Gobierno. “La historia se repite y nos demuestra que en anteriores oportunidades las intervenciones no han servido para bajar los precios y la consecuencia ha sido el desaliento del productor, que responde disminuyendo el área de siembra y la tecnología aplicada”, fustigaron. Y agregaron: “este tipo de medidas erosiona la confianza entre los eslabones de la cadena y conduce a que se retraigan las inversiones”.
Teniendo en cuenta que el camino para el crecimiento pasa por incrementar la producción, las entidades indicaron que, para ello, “la condición necesaria es que el productor perciba condiciones de libertad para comercializarla”. Y concluyeron: “tenemos que pensar a largo plazo; se necesitan reglas claras y terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar”.

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