5 de febrero de 2022 11:54 AM
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Así se produce la carne en España: más allá de la realidad de las macrogranjas

Lejos de la visión reduccionista y de polémicas como la recientemente desatada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la industria de la carne en España une las posibilidades de métodos tradicionales con los avances técnicos

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las mal llamadas macrogranjas y su apuesta por la generalización del conocido como modelo extensivo en España, aquel en el que el animal se nutre principalmente de la pastos naturales y realiza casi toda su actividad al aire libre, contraponiéndolo a explotaciones de mayor tamaño y con un esquema más industrial en el que la alimentación es a base de piensos, forraje y paja (el modelo intensivo) se compadece poco con la realidad diaria del sector de bovino de carne.

Porque, en realidad, ambas formas de producir conviven y se complementan mutuamente. Para ello, hemos visitado dos granjas de diferente perfil: la primera situada en la localidad de Alcarrás, en Lérida, de tamaño mediano, intensiva y dedicada al vacuno de cebo para consumo humano (engorde). La otra explotación, localizada en

Garganta de los Montes (Madrid), principalmente es extensiva y abarca todo el ciclo de producción desde el nacimiento de los terneros, el engorde a través de pastos y piensos, hasta el sacrificio de los animales.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, solo el año pasado se exportaron 8.102,61 millones de euros en productos cárnicos y, si centramos la atención en el bovino (vacuno, principalmente) las ventas al exterior alcanzaron los 853,69 millones de euros. Una actividad a la que se dedican unas 130.790 granjas en todo el país, según datos de Agricultura, y que aportan 3.363 millones de euros a la Producción Final Agraria.

Sobre todo lo anterior, Ricard Godia, el propietario de la granja de Lérida, apunta que «no hay debate entre intensivo y extensivo dentro del sector: somos totalmente dependientes unos de otros». Por ejemplo, explica a ABC, lo que mayoritariamente hacen los productores de su zona es tener a las vacas en los pastos («lo que sería el extensivo»), para posteriormente mantenerlos en una granja, alimentándolas con cereal para que vayan engordando «porque si este animal utilizara los pastos, la vaca tendría menos espacio para tener a su ternero pequeño».

Desde una posición similar, su homólogo madrileño José Antonio, explica que «el 80% de los ganaderos en la Comunidad de Madrid tienen a las vacas en extensivo y cuando se desteta a los terneros de las madres, a los cuatro o cinco meses, ocho de cada diez lo venden a un tercero que mete a los animales en cebaderos industriales». En este sentido, añade que el restante 20% -entre el que se incluye él mismo- abarcan todo el proceso productivo hasta la venta del animal para su sacrificio. «Criamos a los animales, maman, luego los cebamos y vendemos la carne a carniceros o empresas distribuidoras». Así pues, no todo se reduce a la dicotomía entre ambos modelos y la combinación de esquemas más industrializados con otros más tradicionales en diferentes fases es bastante frecuente.

El profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Etsiaab) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Antonio Callejo, aporta un dato para comprender esta realidad: «Somos 47 millones de personas en España y apenas un 3% de la población activa es agraria y todos queremos comer tres veces al día, a un precio razonable». En su opinión, la única forma de conciliar esta realidad es a través de «economías de escala, con una alta productividad de los recursos que se ponen en funcionamiento». Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2021, sobre un total de 20,18 millones de ocupados en España la Agricultura apenas emplea a cerca de 848.000 personas. Es decir, ligeramente por encima del 4%. Si nos centramos en la ganadería (vacuno, porcino, ovino…) trabajan de forma directa medio millón de personas, mientras que las industrias cárnicas y el comercio minorista emplean a cerca de 200.000 trabajadores.

No todos están de acuerdo con este mestizaje entre esquemas de producción más próximos a los tradicionales, con explotaciones de menor tamaño diseminadas por el territorio, y otros de mayor magnitud y carácter más industrial. Para la responsable del programa de alimentos de WWF España, Celsa Peiteado, «hay que generalizar el modelo de ganadería extensiva» y recuerda que «con el pastoreo se fertilizan los suelos y, de esta forma, se luchaba contra los incendios, entre otros bienes públicos».

En este sentido, apuesta por la fiscalidad verde «bajo el principio de quien contamina paga» y propone desgravaciones fiscales para los ganaderos extensivos, así como «redirigir» políticas públicas como la PAC (Política Agraria Común) «caracterizar» a este tipo de ganadería informando al consumidor de sus bondades. Sobre las conocidas como macrogranjas, Peiteado argumenta que tienen impactos negativos sobre el agua y añade que a los animales «se les alimenta con soja modificada genéticamente, que importamos, contribuyendo a la desforestación de terceros países». Al hilo de lo anterior, ante la inminente aprobación del real decreto de ordenación de las granjas de ganado vacuno, en el que se plantea imponer un límite de 850 unidades de ganado mayor (UGM) equivalente a 725 vacas de ordeño o 14.00 terneros de cebo, organizaciones agrarias como la Unión de Pequeñas Agricultores (UPA) exige al Gobierno «valentía» para aprobar una regulación que favorezca a las «ganaderías familiares existentes» y un modelo sostenible con «precios justos que al menos cubran los costes de producción».

Callejo (UPM) cree que la propuesta de los ecologistas de limitar el tamaño de las explotaciones y apostar por la ganadería extensiva «no es realista ni viable». Aporta dos motivos: no hay suficientes pastos para ello en España y advierte contra otra realidad incómoda. La falta de vocaciones en el campo. Es decir, se necesitan jóvenes para tomar el relevo de la actual generación porque más del 60% de los agricultores y ganaderos llegarán a su edad de jubilación en la próxima década. «Si extensificamos el campo deberíamos extensificar la sociedad, volver a los años 40, 50, 60 y 70», concluye este profesor, quien admite sentir «terror» de depender de terceros países en alimentación.

Controles y residuos

Otra de las derivadas a partir de las declaraciones de Garzón es el cuestionamiento de la calidad de la carne en España, así como el debate sobre los controles a los que están sometidos este tipo de productos.

Desde WWF España Celsa Peiteado pide «que se baje el tono del debate y que hablemos de las necesidades del sistema alimentario para 2030». Preguntada sobre la normativa que deben cumplir productores, industria cárnica y distribución en este sector, la responsable del programa de alimentos de esta organización ecologista, apunta que «hay que mejorar el sistema de sanción».

Al respecto, José Antonio comenta a ABC que la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de la Sierra de Guadarrama -a la que pertenece- recoge muestras de los piensos «para verificar que no introduces medicamentos a los animales». Los animales también están sometidos a análisis de sangre y si alguna de sus 120 vacas da positiva por brucelosis o tuberculosis bovina «se sacrifica automáticamente para que no infecte a las demás». En paralelo, añade, la Comunidad de Madrid realiza inspecciones anuales con motivo de la PAC, entre otros controles. Cualquier irregularidad, comenta, puede suponer la paralización de las ayudas y percibirlas con, al menos, seis meses de retraso.

Desde las industrias cárnicas (2,2% del PIB español y más de 3.000 empresas), a preguntas de este medio, el responsable del área técnica de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) Ignasi Pons defiende que «las empresas cárnicas invierten muchos recursos humanos y económicos par dar cumplimiento a las legislaciones en materia de seguridad alimentaria y calidad». Pons no duda en calificar de «estrictos» los controles a los que les someten sus clientes y defiende que «el modelo productivo que tiene España es el que nos ha llevado a ser líderes mundiales». En cualquier caso, el representante de la industria cárnica pide que se respete la Ley y reconoce que «todos lo sistemas productivos tienen sus ventajas y áreas de mejora».

Otra de las materias que la polémica sobre las macrogranjas ha puesto de actualidad es el tratamiento de los residuos en las explotaciones ganaderas. Especialmente por las emisiones de efecto invernadero. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las emisiones de la producción ganadera representan el 7,8% de las producidas en España frente al 27% del transporte, el 19,9% de la industria y el 17,8% de la electricidad.

Menos gases invernadero

Al respecto, Ricard Godia pone como ejemplo un proyecto en el que ha participado desde hace seis años su explotación de Alcarrás (Lérida), así como otros ganaderos de Italia, Irlanda y Francia para hallar la forma de generar menor metano. «Por ejemplo, colocando placas solares, y térmicas o llenar de vegetación toda la explotación para absorba el carbono ajustando la alimentación a la edad de cada animal», apunta este ganadero quien razona que la meta es que la digestión de los animales sea lo menos pesada posible. En este sentido, estima que sus emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido ya entre el 11 y 13% «cuando el objetivo de este estudio era reducirlas un 15% en 2025». Godia recuerda que a nivel mundial, solo el 27% del metano emitido en el mundo tiene un origen ganadero.

En cualquier caso, las interprofesionales del sector (Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno) se comprometieron el año pasado a reducir sus emisiones en un 30% para 2030. Una industria, la cárnica, que propone un Perte ganadero nutrido de fondos ‘Next Generation’ mientras el Perte Agrolimentario (1.051 millones de euros) sigue pendiente.

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