10 de agosto de 2022 11:20 AM
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Agroquímicos. El asunto pendiente que deja Bahillo

Pese a los anuncios no se ha promovido el debate legislativo del marco regulatorio para el uso plaguicidas. Hay un borrador consensuado con las organizaciones del campo pero no tiene forma de proyecto. El rechazo ambientalista. Vacío legal. Programa de estímulo a la producción sustentable.

De un día para el otro, y cuando no se lo esperaba, Juan José Bahillo pasó a ser protagonista de la nueva etapa abierta en el gobierno nacional, con Sergio Massa piloteando la crisis económica que atraviesa la Argentina.

El entrerriano asumió como Secretario de Agricultura en el megaministerio de Economía que comanda el fundador del Frente Renovador y uno de los soportes del Frente de Todos.

Con la salida de Bahillo, desapareció el Ministerio de la Producción en el gabinete provincial de Gustavo Bordet. Las distintas secretarías que tenía el dirigente de Gualeguaychú a su cargo pasaron a depender del Ministerio de Economía, de Hugo Ballay; o de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de ministerio, que tiene a su cargo Franco Ferrari.

Hueco

Bahillo deja sin resolver un asunto prioritario sobre el que de manera sostenida el oficialismo evita avanzar aunque, extrañamente, persista en los anuncios. Se trata de la regulación del uso de agroquímicos en la producción rural. En distintas oportunidades, en los últimos años, terminó naufragando el intento de dictar finalmente una nueva legislación provincial que reemplace la última norma dictada en 1980, en tiempos de la dictadura. El “Decreto-Ley” N° 6599 ha tenido varios parches, actualizaciones, decretos reglamentarios judicializados, nuevos decretos.

El asunto prioritario ha sido el reclamo de las organizaciones sociales, ambientalistas y gremiales que salieron a exigir protección para las comunidades escolares en la zona rural, fumigadas sin mayores reparos. Un Decreto N° 2239 del 2019 es la reglamentación vigente, fijando las distancias mínimas de una escuela rural para el uso de plaguicidas. “Cien metros para el caso de aplicaciones terrestres y 500 metros para aplicaciones aéreas, medidas desde el centro del casco de la escuela rural”, según lo estipula el artículo 2.

Pero la norma general, protegiendo a la población, a los cursos de agua y al ambiente sigue faltando. Y el oficialismo ha evitado enfrentar el debate en la Legislatura, encorsetado entre un movimiento ambientalista fuerte y la dirigencia del campo que se queja ante las mayores restricciones y prefiere defender su propio manual.

En 2018 hubo un proyecto con media sanción del Senado, promovido por legisladores oficialistas, previendo una “regulación del uso de productos fitosanitarios”. Para mayo de ese año cambió el viento y en Diputados se mandó al archivo la iniciativa. Ese mismo año, la oposición presentaba un Programa Provincial de Buenas Prácticas con la firma de los legisladores José Artusi, Fuad Sosa, Gabriela Lena, Jorge Monge. Nunca salió de comisión.

En 2021, legisladores del oficialismo y la oposición, junto con una treintena de organizaciones vinculadas al campo y los sectores empresarios presentaron un “Manual de Buenas Prácticas” que no alcanzó siquiera a tener formato de proyecto de ley.

Poco antes, en febrero del 2021, Bordet había anunciado el debate del tema, en el marco de su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la Apertura de Sesiones Ordinarias. El mandatario provincial volvió a hablar del asunto en su mensaje de febrero del 2022 pero hasta el momento no hay proyecto del Ejecutivo presentado. Y el único borrador en pie sigue siendo ese  texto elaborado y defendido por la Mesa de Enlace.

Voces

El titular de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Ignacio Colombatto, reclamó al gobierno por la continuidad de este vacío en materia legal. Fue en el encuentro organizado por la Sociedad Rural en mayo pasado, con la participación de la dirigencia nacional de la Mesa de Enlace.

“Hace tres años que estamos dando vueltas con la ley de fitosanitarios, una ley que fue cajoneada y que tiene una necesidad imperiosa”, reclamó Colombatto en ese contexto. Dijo que “el productor no puede trabajar y andar de amparo en amparo, con interpretaciones de la ley como quiere cualquier funcionario de turno”. Defendió aquel “Manual de Buenas Prácticas” como propio: “Fue trabajado por todas las entidades, una ley amigable con el medio ambiente, con el poblador rural y con todo el ámbito del ruralismo”.

El movimiento ambientalista también cuestiona esa sostenida manera de evitar el asunto en la Legislatura. “Es tema de los discursos de apertura de los años legislativos y después sólo sigue siendo una expresión reiterada en los discursos del Gobernador”, apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista.

Recordó que la Corte Suprema de Justicia debe resolver acerca del decreto sobre uso de plaguicidas en torno a escuelas rurales. Actualizó al respecto que “hace un mes se realizó una presentación de Amicus Curiae por parte de la Defensoría Nacional de Niños y Niñas” para opinar al respecto ante el tribunal. “En breve debería haber sentencia”, estimó Sasia.

Fijó posición ante el presente de crisis planteado y el rumbo planteado por Massa: “Hoy sólo rige la Ley 6599, su decreto reglamentario y las resoluciones 47 y 49. Todo en un contexto en el que el único plan es sacar a la Argentina apostando a la matriz agroexportadora expandiendo la frontera agrícola en los humedales”, cuestionó la abogada.

Promoción

Mientras la Legislatura evita debatir el asunto, desde el Ministerio que tenía a cargo Bahillo se presentó hace poco más de un mes un programa que intenta impulsar la producción sustentable, apelando a la voluntad del productor.

Se creó la figura del Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE) que supone un reconocimiento “a los productores que, mediante la adhesión voluntaria, desarrollen prácticas productivas que respondan a un protocolo de calidad”

La propuesta se plasmó en el Decreto N° 1677/22 que crea este programa elaborado entre especialistas del gobierno y representantes del sector productivo. Al momento de la presentación, el ahora secretario de Agricultura manifestó: “Me enorgullece concretar otra política pública surgida de la agenda común que llevamos con las organizaciones sectoriales. Pusimos en marcha una nueva palanca de desarrollo que genera equidad y confianza en el sector productivo y en la comunidad”.

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