27 de septiembre de 2022 19:45 PM
Imprimir

Humedales: en el campo reclaman una discusión integral para que no se perjudique a la producción

El Foro Argentino de Genética Bovina y Coninagro se expresaron sobre el debate abierto con proyectos en el Congreso

En medio de la discusión en el Congreso por una ley de humedales, el Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB) propuso en una carta al presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile, cómo “contribuir a una efectiva protección y gestión sostenible” de esos recursos.

La agrupación, donde confluyen 18 organizaciones, entre ellas las asociaciones de criadores de las distintas razas bovinas, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Biotecnología e Inseminación Artificial y la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias, entre otras, consideró como un punto clave tener un “enfoque territorial como visión integral de la protección y gestión sostenible”. La Cámara de Productores de Carne Vacuna también adhirió al pronunciamiento.

“Consideramos que el enfoque de legislar por ecosistemas (glaciares, humedales, bosque nativo, pastizales, etc.) no es el correcto para lograr la conservación de los mismos y promover conjuntamente, un desarrollo sostenible con triple impacto: social, económico y ambiental”, dijo el FAGB.

“Por ejemplo, en una superficie de 20 hectáreas podemos encontrar pastizales, humedales y bosque nativo perfectamente integrados y al fragmentar su tutela en diferentes legislaciones genera superposiciones regulatorias y dificultades para una gestión integral, y con ello, el aumento de la probabilidad de no poder cumplirse los objetivos de las mismas. El ordenamiento ambiental del territorio está previsto en el art. 9 de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675), y para el caso rural, hay documentos desarrollados por el INTA y experiencias muy interesantes en algunas provincias (Por ej. caso Formosa)”, agregó.

Para las entidades, otro punto relevante pasa por la “medición de la efectividad en el cumplimiento de la legislación existente”.

“Existe legislación suficiente que comprende e involucra a los humedales, incluso está en vigencia un Decreto presidencial para garantizarle al jefe de Gabinete que cuente con recursos para poder apagar los incendios por la sequía de 4 años que sufre el Delta del Paraná, a pesar de todo esto no sucedió y sólo la lluvia fue eficaz remedio para apagar los incendios, igual que en Corrientes a principio de año”, indicaron.

“Entendemos que, antes de seguir agregando legislación, es importante determinar la efectividad en el cumplimiento de la legislación existente en la tutela del bien que buscamos proteger y legislar sobre lo que falta: coordinación y articulación de las normativas y poder de policía y judicial para su cumplimiento. En ese sentido, sería positivo que, a través del Congreso Nacional, se realice un informe sobre el cumplimiento de la legislación vigente”, agregó.

También destacaron, entre otros puntos, la necesidad de un diálogo público-privado. “Los humedales permiten un desarrollo regional con múltiples actividades que se pueden realizar en forma sostenible y por ello solicitamos a los representantes legislativos extremar la responsabilidad, en donde se incluyan en forma equilibrada los aspectos sociales, ambientales y productivos en el marco de una gestión integral del territorio”, dijeron.

“Desde el Foro Argentino de Genética Bovina y sus integrantes estamos seguros que compartimos una visión de un país próspero, con una sociedad integrada y un entramado de producción que contemple la sostenibilidad integral y el desarrollo de la Argentina toda; entendemos que el diálogo es imprescindible y necesario para alcanzar estos objetivos”, añadieron.

Para el FAGB, “la gestión sostenible de los humedales debe ser incentivado en base a la gestión del territorio con un balance entre el cuidado del ambiente, el desarrollo social de las comunidades que los habitan y su desenvolvimiento económico; esto incluye a la ganadería y a la soberanía alimentaria de la familia rural”.

Entre otros puntos, consigna que “la ganadería contribuye al control natural de los incendios, evitando que se acumule material combustible y siendo parte esencial del ciclo de carbono, capturando carbono en los suelos, siendo una solución para prevenir incendios y también al calentamiento global”.

La posición de Coninagro

También se refirió a los humedales Coninagro. En un comunicado, señaló: “Entendemos que esta ley no apaga los incendios. Para esto ya hay leyes vigentes. Asimismo consideramos que el tema humedales corresponde a cada provincia, no a la Nación, por las particularidades de cada región. Así, desde la entidad se insta al Parlamento a; otorgar un rol protagónico a las provincias: no dar pie a implementación nacional por sobre las provincias, incluir a la producción primaria como servicios ecosistémicos, no superponer con otras legislaciones (sacar principios in dubio pro natura e indubio pro aqua), propiciar el diálogo público-privado con todos los actores (incluyendo empresarios y productores), no prohibir actividades antes de evaluar y contemplar las condiciones de vida de las poblaciones, que los fondos estén destinados a quienes trabajan en los humedales (redireccionar el destino hacia los titulares de los predios de los humedales -quienes gestionan el territorio-), agregar la promoción del uso racional de los humedales bajo un marco de desarrollo sostenible, entre otros, como puntos destacados”.

“Esta ley impacta sobre el agro, las industrias, el turismo y las ciudades: la vida en los humedales tiene múltiples actividades, inclusive con personas que residen allí mismo. El problema central es que avanzar en este sentido supondría darle hoy un cheque en blanco al Ministerio de Ambiente y a la Justicia”, dijo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.

“Pedimos considerar que los proyectos sujetos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental sean susceptibles de degradar de forma significativa el área de humedal a ser analizado, para evitar que ante cualquier rumor se frenen las actividades. A su vez solicitamos incluir un procedimiento participativo que incluya la descripción de los servicios ecosistémicos y los potenciales riesgos del proyecto, así como agregar que cumplido el plazo previsto en la norma las actividades se rigen por la legislación vigente, según su jurisdicción”, añadió.

Fuente: La Nacion

Publicidad