5 de mayo de 2011 00:03 AM
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Vuelve la guerra contra Monsanto por el cobro de patentes a la soja transgénica

En un nuevo capítulo de la pelea por el pago de regalías en semillas, la Federación Agraria Argentina (FAA), que lidera Eduardo Buzzi, denunció a Monsanto, la mayor semillera mundial, de pretender hacer firmar un contrato de cláusulas ?monopólicas y leoninas? a los productores que quieran usar las nuevas semillas de soja que desarrolló la empresa: la soja RR2Y y la soja RR2YBT.

Buzzi, inclusive, amenazó con escrachar a Monsanto en sus oficinas, mientras la empresa prefirió no contestarle a la entidad por sus acusaciones.
Durante una conferencia de prensa, de la que participó el propio Buzzi, la entidad distribuyó entre los periodistas el ?Acuerdo de Buenas Prácticas? que Monsanto está presentando a productores en el norte del país que pide, en primer término, una expresión de la voluntad del agricultor de contar con la tecnología, y en segundo lugar, un compromiso de pago de regalías por dicha tecnología. El documento, que inclÈsive elige a qué exportadores debe vender el agricultor, para que Monsanto pueda fiscalizar el pago, enervó a la FAA que denunció una pérdida de libertad para los productores y de soberanía para el país.
Monsanto no vende semillas de soja en la Argentina desde 2006 porque no pudo lograr el pago generalizado del canon por patentes para su soja transgénica, que introdujo en 1996. La Ley de Semillas argentina, de 1973, contempla el uso propio de semillas por parte del productor. Esto implica que un agricultor puede comprar semillas de Monsanto una sola vez ?pagando el canon dentro del precio de la bolsa de semillas? y no hacerlo nunca más. Por el contrario, Monsanto puede cobrar ?y cobra hoy? regalías a los semilleros que usan su soja transgénica, le suman atributos y la comercializan. En paralelo, existe en la práctica un cobro de las llamadas ?regalías extendidas? por las que los productores que hacen uso propio y lo desean, le pagan un canon a Monsanto. Pero eso es a voluntad. Hoy Monsanto busca darle un nuevo marco a la comercialización de soja en la Argentina, un tema que en el pasado le trajo un conflicto internacional con productores que pagan las regalías, como los estadounidenses.
La actividad de Monsanto está regulada en el país por la Ley de Semillas y la Ley de Patentes. La segunda no contempla el uso propio por parte del productor y la primera es previa a la revolución tecnológica de mediados de los noventa.
Pese a que el conflicto por las patentes es de larga data, y fundamental en un país que exporta granos y subproductos por u$s 18.000 millones anuales, el organismo que entiende en la materia, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) fue disuelto en el año 2000, y desde que se lo restituyó a fines de 2003, no tiene un directorio conformado.
Buzzi reconoció ayer la ausencia del Estado en esta materia y ya pidió una audiencia al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que podría darse la semana que viene

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