14 de mayo de 2011 11:42 AM
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La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace

Sea quien sea el que gane las elecciones presidenciales de octubre próximo, el campo ya le regaló una buena noticia al eventual triunfador.

Si el tiempo acompaña, el nuevo presidente tendrá más trigo que su antecesor en el cargo. Quizás la persona sea la misma. Es la que se dio cuenta que hay quienes hablan muy bien de ella, pero hacen todo lo posible para que le vaya mal. Eso sí, todavía no descubrió que hay otros que no hablan bien de ella, pero hacen todo lo posible para que le vaya bien.Esta semana se conoció la primera estimación de siembra de la campaña 2011/12 y el área sembrada tendría un crecimiento de 5 por ciento respecto del ciclo anterior, según la última estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Eso significa que el consumo interno no tendrá sobresaltos y que la oferta exportable será significativa. El dato representa un nueva oportunidad para que el Gobierno dé marcha atrás con el férreo control que ejerce sobre el mercado de granos, y particularmente sobre el trigo y el maíz. Es una segunda oportunidad, también, para que no se repitan los errores de la campaña pasada, de la que aún resta vender un 40 por ciento.La cifra de crecimiento del área sembrada con trigo también refleja otro principio: los productores responden positivamente cuando hay señales favorables. En este caso, provienen del exterior porque el contexto interno desincentiva la voluntad de invertir. Sin las restricciones ni el control, el área sembrada con trigo hubiera alcanzado hace tiempo las seis millones de hectáreas y el volumen total, quizás hubiera superado los 20 millones de toneladas.Si no hay cambios, este escenario se mantendrá igual en los próximos años. Lo dijo esta semana un nuevo trabajo de la Fundación Producir Conservando (FPC), la entidad que hace nueve años anticipó que el país estaba en condiciones de alcanzar una cosecha de granos de 100 millones de toneladas. Según la FPC, la siembra de cereales representará en 2020 algo menos de 20% del área cultivable. Por las restricciones al comercio que afectan particularmente al maíz y al trigo, el trabajo advierte que se seguirá incrementando el área sembrada con oleaginosas y que apenas crecerá la superficie destinada a cereales. Este esquema de producción, afirma la FPC, no será sustentable en lo ambiental, en lo social y en lo económico.En lo ambiental, afirma que se generarán problemas de erosión por la falta de rotación de cultivos (se repite soja sobre soja) y se alientan las "resistencias de malezas, plagas y enfermedades", que provocan la disminución de rindes y mayores costos de producción. También sostiene que es insuficiente la reposición de nutrientes (en 2009 alcanzó un 22%). Y critica a quienes tienen "una mirada de corto plazo" en la producción primaria "incluidos los arrendatarios" y que hoy sólo tienen en cuenta "su resultado económico y no de una rotación".La frase despertará polémica, porque habrá quien piense que todavía no se ha demostrado que rotación sea imprescindible y que la ciencia y las empresas dedicadas a la investigación traerán las respuestas necesarias a los problemas de sanidad y protección de cultivos. Pero el debate debe hacerse antes de que avancen las ideas que vienen con otras intenciones.En lo económico, la FPC sostiene que no habrá sustentabilidad si las asimetrías de precios entre productos se concretan por factores ajenos a los mercados, entre ellos la intervención del Gobierno y la creciente presión fiscal. Y advierte que el crecimiento del área y de la producción se logró sólo por el "alza continua de los precios internacionales de las commodities", al tiempo que objeta que la infraestructura básica (transporte y caminos) "no acompaña el crecimiento de la producción".En el aspecto social, apunta un grave déficit: los índices de pobreza (25%) y de indigencia (10%) que conviven con una producción de 100 millones de toneladas, y particularmente en las zonas del NEA y el NOA donde esos índices tienen tasas más elevadas que en el resto de las áreas agrícolas.Esa grave situación social, recuerda el trabajo, se mantiene pese a los 6300 millones de dólares que el Estado recauda por año en concepto de retenciones. Aunque el trabajo no lo dice, si el Gobierno tergiversa los datos sobre el aumento del costo de vida también esconde la verdadera realidad de la pobreza y la indigencia.Más allá de la advertencia de la FPC, que también invita al debate, resulta evidente que el campo puede ser parte de la solución al problema de la pobreza y de la indigencia si se lo quisiera resolver seriamente y no con meros paliativos o con una visión de clientelismo social y político. En un año electoral, las discusiones están centradas en los perfiles de los candidatos, si miden bien o no en las encuestas, en vez de centrarse en las ideas y propuestas de las fuerzas políticas. La dirigencia del campo debería tomar otra actitud.

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