23 de mayo de 2011 00:28 AM
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La soja que sembró el ex senador Yedro “es del Estado”, dice el Procurador de la Provincia

El campo tiene 2.164 hectáreas, está ubicado en Raíces Norte, próximo a Maciá, en el departamento Tala, y fue adquirido por una sociedad, Del Rubio y Hunmendi SRL, pero de un modo reprochable para las leyes. Uno de los socios de Del Rubio y Hunmendi no es otro que el ex senador provincial Mario Alberto Yedro.

Esa operación inmobiliaria, a ojos de la Justicia, fue concretada con fondos “cuya procedencia legítima no pudo justificar” el ex senador provincial justicialista, hecho que dio sustento a la “condena por enriquecimiento ilícito” dictada en 2005 contra Yedro.
Yedro fue senador provincial durante dos períodos, entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999, y antes fue concejal de Concordia, y en ese tiempo tuvo un despegue patrimonial que llamó la atención. Llevado a la Justicia, un tribunal lo halló responsable del delito de enriquecimiento ilícito, y además de imponerle una pena de tres años de prisión en suspenso, le agregó una accesoria: el decomiso de un campo, ubicado en el departamento Tala, que así pasó a manos del Estado provincial.
Ese trámite se vio demorado, y en medio Yedro, condenado, introdujo un ardid judicial que le permitió entrar nuevamente en el campo quitado, y lo puso a producir. Metió 1.200 cabezas de ganado, 80 caballos y sembró varias hectáreas de soja. Pero la jueza Noelia Viviana Ríos acogió un planteo de la Procuración, que le achacó el delito de usurpación, y le ordenó que se fuera. Pero le dio un plazo de 60 días, que empezó a correr el viernes último, para desocuparlo completamente.
La sentencia que firmó la jueza Ríos el 13 del actual dice que ese tiempo deberá ser usado por el ex legislador para la “paulatina desocupación de los dependientes, semovientes y demás bienes muebles” de su propiedad. Pero la orden tropezó con una interrogante: ¿se puede permitir que Yedro saque todas sus pertenencias, incluida la cosecha de la soja sembrada en campo ajeno cuando hay un fallo que dice que el campo que ocupó para sembrar ya no es suyo?
“Es una cosa insólita –aseguró el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García-. En la provincia nunca existió una condena con decomiso con estas características. Siempre el decomiso es de instrumentos del delito, como un revólver, un cuchillo. Es muy poco común esto. No hay antecedentes de sentencias que ordenen el decomiso de un campo de 2.000 hectáreas. Es más, son muy pocas las condenas que existen en el país por enriquecimiento ilícito”.

Pero además dice otra cosa: que no hay legislación que pueda abarcar una situación tan peculiar como la que rodea a la causa Yedro. El ex legislador fue condenado por enriquecimiento ilícito, le decomisaron un campo como parte de la condena, ese predio pasó a manos del Estado, pero el condenado cuestionó la sentencia y desafió lo dispuesto por los jueces. Ahora, un último recurso, de queja, está en análisis ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ese remedio extraordinario, dice García, va camino de ser rechazado.
“La ley no puede imaginar la actitud tozuda y persistente de quien la quebranta permanente. Esta persona, con una condena por enriquecimiento, va y se mete de nuevo a un campo que la Justicia le decomisó, y no sólo eso, sino que además se pone a sembrar soja en un campo que ya no le pertenece”, explicó.
-¿Y de quién es entonces la soja ahora? –le preguntó El Diario al jefe de los fiscales.
-En realidad, es del Estado. Entiendo que lo único que puede hacer ahora es sacar los animales que tiene adentro. Pero los frutos del campo son del Estado. Eso no está en discusión. Qué paradoja: el condenado, que es desposeído del campo, comete otro delito. Se mete de nuevo en el campo, lo cual constituye una usurpación, y encima le hace rendir frutos a ese campo, que no es de él, y se lo agarra para él. Es una duplicación del delito lo que comete.
-¿Qué puede hacer el Estado con esa soja y con ese campo decomisado?
-El Código Penal establece que debe tener una finalidad educativa. La idea es que el Estado, generalmente a través de instituciones educativas, lo subarriende, lo administre, entregue en explotación a algunas entidades. Pero por lo pronto, lo más importante es que ese campo se decomisó, sentencia judicial que la Corte va a confirmar, porque entiendo que va a rechazar el recurso de queja. Ya hay cinco votos en contra. Esto es una cuestión de días. No hay ninguna posibilidad que la Corte dé vuelta una sentencia como esta, tan contundente

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