22 de diciembre de 2009 06:56 AM
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Polémica porque el Congreso no cumple la ley

No se creó la Bicameral para la investigación de fraude por las declaraciones juradas de los exportadores. Según el radicalismo la nueva oligarquía son "cuatro o cinco exportadores" de granos

Hacia agosto de este año el debate por la ley de prórroga de facultades delegadas traccionó hacia la Cámara de Diputados a unos doscientos ruralistas que en su mayoría se definían como autoconvocados.

Sin embargo, había dirigentes de la Federación Agraria y de CRA en la bulliciosa tribuna de los productores. Tampoco ese día faltó la hinchada oficialista engrosada principalmente por los seguidores del dirigente social Emilio Pérsico.

La presencia del ruralismo tenía una idea fija sobre la ley en cuestión: que se eliminara de las facultades delegadas la otorgada al Ejecutivo por la última dictadura en el Código Aduanero para aplicar derechos de exportación a las mercancías, sobre todo las originadas desde el campo.

Por eso a lo largo de las numerosas intervenciones de los legisladores se abundó en discursos un tanto demagógicos para con la barra que alentaba a la oposición, y en contra de prorrogar la facultad sobre las retenciones que la ley proyectaba.

Los últimos oradores de esa noche, tras un extenso debate, fueron los diputados Pedro Azcoiti, que habló en nombre del radicalismo, y Agustín Rossi, el presidente del bloque del oficialismo.

Sobre el cierre Azcoiti, cuyo mandato culminó el pasado 10 de diciembre, disparó una denuncia contra el kirchnerismo en pleno. Habló de un capitalismo de amigos favorecido por el gobierno. Y subrayó luego que “forman parte de esa nueva oligarquía los cuatro o cinco exportadores que cometieron irregularidades con la inscripción de operaciones de exportación”.

El diputado radical se refería a una denuncia pública formulada por el extinto Raúl Alfonsín en noviembre de 2007 cuando advirtió que por anotaciones anticipadas en el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior por comercialización de granos, los exportadores habían embolsado un filón cobrando el aumento de retenciones al productor (habían pasado del 27,5 al 35% en soja), y no pagándolas al Estado.

La cifra del supuesto fraude según análisis de otros denunciantes ascendía a unos 1.700 millones de dólares, aunque es una estimación muy gruesa. La situación provocó la sanción de una ley impulsada por el diputado Rafael Martínez Raymonda, aliado al macrismo, que fue sancionada en diciembre de 2007.

Previa modificación de la Cámara alta, a instancias del entonces senador Roberto Urquía uno de los principales compradores de soja de la Argentina, se sancionó la ley 26.351 dos años atrás, pero fue reglamentada seis meses más tarde ya en pleno conflicto entre el gobierno y el campo.

La norma obliga a los exportadores a demostrar retroactivamente que eran propietarios del grano antes del aumento de las retenciones, de lo contrario no quedaba congelada la alícuota con la anotación en el registro.

Con los aumentos de precios extraordinarios que tuvo la soja en 2008, muchos advirtieron –incluido el mismo diputado Martínez Raymonda–que si bien se había logrado aplicar la alícuota aumentada, la modificación de Urquía mantenía el precio congelado en el momento de la anotación.

También lo advirtió el oficialismo y la oposición en general, aunque ciertamente con poca autocrítica. Había sido el Congreso (esto es ambas Cámaras) quien por unanimidad sancionó la ley propuesta por Urquía sin la menor observación, salvo una duda que dejó flotando el senador Pichetto, pero que no llegó a cambiar su voto favorable.

El Congreso creyó que votando una ley donde se creara una comisión Bicameral investigadora, con amplias facultades para la pesquisa, tal vez lograra dar alcance por fin a la tortuga que se le escapó en diciembre de 2007.

Así se sancionó la ley 26.397, el 20 de agosto de 2008, que crea la comisión Bicameral con seis senadores y seis diputados para investigar “presuntas irregularidades en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios”.

Un año después, en agosto de este año, la Comisión Bicameral no se había conformado, y hasta donde El Enfiteuta pudo saber salvo el diputado Claudio Lozano, a ningún bloque le preocupó la demora en el cumplimiento de esa ley. Es en ese momento de la historia reciente que Pedro Azcoiti y el santafesino Agustín Rossi se encuentran cara a cara en la Cámara de Diputados.

El radical inquirió al oficialismo desde su banca: “¿Por qué no forman la comisión creada por una ley votada por este Congreso? Me refiero a la comisión bicameral para investigar a esos exportadores que se quedaron con el dinero de nuestros productores. ¡Esa es la oligarquía!”.

Una intervención que la barra ruralista celebró ruidosamente. “Si no crean esa comisión, bien podríamos suponer que el oficialismo es cómplice de esos exportadores”, abundó el radical ante los aplausos de sus correligionarios y los gritos eufóricos de numerosos autoconvocados y productores agremiados.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. Agustín Rossi respondió en tono contenido que “nos sentimos ofendidos por la denuncia de complicidad alrededor de la comisión encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por las exportadoras”.

El Jefe de la bancada kirchnerista le pasó luego la pelota al radicalismo al señalar que “nuestro bloque ha designado a sus tres representantes: los diputados Claudia Bernazza, Jorge Montoya y Héctor Recalde. Falta designar a los tres diputados de los bloques de la oposición”. Como era de suponer, la barra oficialista no contuvo su propia euforia.

Ahora el Rafael Martínez Raymonda y Alberto Ferrari Etcheberry (ex titular de la desmantelada Junta Nacional de Granos durante el peronismo de los noventa) elevaron una nota a los presidentes de ambas Cámaras legislativas para que se constituya de una buena vez la comisión Bicameral.

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