12 de noviembre de 2011 00:25 AM
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Urge transparentar las ayudas

Por ejemplo, la desaparecida Oncca, que subsidiaba empresas de alimentos ???.

Según el Presupuesto 2012, de los $ 505 mil millones comprometidos de gasto público nacional, casi $ 80 mil millones (15,7%) se destinarán a transferencias al sector privado. Esto engloba a los subsidios, transferencias de dinero que no exigen al beneficiario ninguna contraprestación. Los beneficiarios incluyen a un amplio universo: personas, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas.

Además de estas transferencias, hay que sumar 15 fondos fiduciarios cuyo gasto asciende a $ 20 mil millones, de los cuales unos $ 15 mil millones corresponden al Fondo de Infraestructura de Transporte. Así, casi el 20% del gasto público nacional va a subsidios, cifra que viene en aumento en los últimos años.

Vale preguntarse si el Estado está administrando estos fondos de manera eficiente y equitativa. Pero primero hay que ver si la información es transparente porque, sin acceso a la información, poco se puede evaluar.

Cippec analizó los subsidios otorgados a personas y organizaciones sin fines de lucro en 2005 y 2006, y a empresas en el sector de transporte, gas y alimentos de consumo masivo entre 2006 y 2009.

Respecto de los subsidios a personas, los estándares del sector público no son homogéneos: ante planes sociales similares administrados por el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social, el primero publicaba información detallada mientras que el segundo no lo hacía. En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, algunas partidas permitían identificar a los beneficiarios mientras que otras cuantiosas se publican “sin discriminar”.

Los beneficiarios son sólo un aspecto. El estudio de subsidios a empresas se focalizó en las cinco etapas cruciales de los subsidios: marco regulatorio, procedimientos para su acceso, criterios de asignación, beneficiarios y control y evaluación.

Se encontró información dispersa, incompleta y desordenada sobre el marco regulatorio. En transporte y alimentos los requerimientos y procedimientos eran publicados, no así en gas. Los criterios de asignación no se dan a conocer. Con respecto a los beneficiarios, hay mucha información, pero publicada de una manera que hace casi imposible su acceso. Por ejemplo, la desaparecida Oncca, que subsidiaba empresas de alimentos, publicaba más de 3 mil archivos en formato de imagen (pdf), lo que imposibilita la búsqueda y cruce de información específica En materia de control y evaluación, prácticamente no hay información disponible al público.

El costo de no transparentar la información es alto. Según el estudio de Cippec, las pérdidas de eficiencia por no transparentar los subsidios podrían sumar entre 1,5 y 3% del Producto Bruto Interno (PBI).

La escasa cultura de ordenar apropiadamente y publicar la información pública también torna menos eficientes las decisiones de política pública. Por eso, muchas veces se desvirtúa el objetivo por el que fue concebido el subsidio, o la transferencia termina llegando a beneficiarios que no eran el público principal.

Las medidas recientes de recorte del subsidio en el consumo de agua, electricidad y gas en ciertos sectores productivos busca evitar esta filtración. Transparentar la información contribuiría a detectar desvíos, evitar actos de corrupción y a hacer más eficiente y equitativo el acceso a los subsidios.

 Luciana Díaz Frers

* Directora del Programa de Política Fiscal de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

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