15 de noviembre de 2011 12:00 PM
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Buscan gravar con ingresos brutos a la exportación de soja en Santa Fe

Es un proyecto del ley de las distintas corrientes del PJ provincial, aunque no lleva la firma del oficialismo santafecino. El impuesto estaría destinado a la construcción de viviendas y la promoción industrial. El mercado reaccionó remarcando la ilegalidad del gravamen. Se teme que de prosperar, haya acciones similares con nuevos gravámenes en otras provincias.

Este lunes las Bolsas de Comercio de Rosario (BCR) y la de Santa Fe (BCSF) expresaron formalmente su “rechazo” a un proyecto de ley en la legislatura provincial “que pretende la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a las exportaciones de porotos de soja y sus derivados, y a las actividades de industrialización de cereales y oleaginosas”, informaron las entidades bursátiles.

La nota de las Bolsas fue remitida a las autoridades de ambas Cámaras provinciales a raíz de la iniciativa que el pasado 1 de noviembre presentó el diputado Alberto Cejas (Movimiento Obrero) conjuntamente con legisladores peronista de distintas vertientes como Luis Rubeo (FPV), Silvia De Césaris (Santa Fe Federal), Marcelo Brignoni (EDE-NE), Claudia Saldaña (FPV) y Ricardo Peirone (FPV).

El proyecto con una docena de artículos está bajo el estudio formal de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda y Urbanismo, de Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, desde el pasado 3 de noviembre. El descargo de las entidades bursátiles y la preocupación por el posible avance del proyecto se conoció esta semana.

Las Bolsas precisaron en su descargo por escrito a los presidentes de ambas Cámaras legislativas que la iniciativa planteada vulnera aspectos de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, norma nacional, que no permite a las provincias avanzar con gravámenes a las exportaciones. Y aseguran que “la pretensión del proyecto en cuestión es contraria a dicha norma de jerarquía constitucional”.

Al mismo tiempo recuerdan que la provincia de Santa Fe “adhirió” a la mencionada ley de Coparticipación por lo que “quedó obligada al cumplimiento de sus disposiciones sin limitaciones ni reservas”. Entre esas limitaciones, remarcaron, “se encuentran los lineamientos básicos que debe tener el Impuesto a los Ingresos Brutos”, y en resumidas cuentas la provincia no puede borrar con el codo lo que ratificó por ley en su momento al adherir a la norma nacional hace casi veinte años.

“En modo alguno la provincia puede negar ahora en forma unilateral la existencia de tales restricciones, aduciendo facultades de imposición originarias, sin alterar el régimen de coparticipación en vigencia, desconociendo así el compromiso asumido al adherir al régimen entre la Nación y las demás jurisdicciones locales”, sostienen las entidades bursátiles.

Sin embargo, los legisladores autores de la iniciativa tienen otra visión del asunto que ya asegura una polémica sobre el tema, y donde el oficialismo provincial encabezado aún por Hermes Binner deberá fijar alguna posición en los próximos días, mantener un silencio elocuente.

Según el diputado Cejas con lo que se propone en el proyecto “no colisionamos con lo que dispone la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación Federal y, del mismo modo, no se vulnera ninguna norma ni leyes a las cuales se adhirió y ratificó en su momento”.

El gravamen propuesto alcanza a la exportación de poroto en un 1% en tanto que a las actividades industriales conexas de cereales y oleaginosas con el 2%, y en este último caso cuando la facturación anual al 31 de diciembre supere por todo concepto los 72 millones de pesos.

El destino de los recursos recaudados a partir de la sanción de la ley sería en un 50 por ciento para la creación de un Fondo Provincial de Vivienda, y el 50 por ciento restante para “la creación de un Fondo Provincial para la Promoción Industrial” que quedaría bajo el control de una Comisión Bicameral específica.

Por su parte las Bolsas provinciales señalan en otro tramo de su misiva de rechazo al proyecto de ley que el nuevo impuesto acrecentaría los costos que inevitablemente serían trasladados a los productores, ya que es imposible exportarlos a los compradores internacionales.

Las entidades advierten que el impuesto “no sólo afectaría a las empresas ya radicadas en la provincia, sino que desalentaría la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos, dejando fuera de foco a Santa Fe respecto de jurisdicciones vecinas que tendrían una carga fiscal menor y serían elegidas como mejor opción a la hora de llevar adelante proyectos de inversión productivos en tales actividades”.

Luego de las elecciones y con las autoridades nacionales y provinciales ya electas, son varios los ejecutivos que pisaron el acelerador ya sea para reducir el gasto o para aumentar los ingresos. En el primer caso se inscribe la eliminación de subsidios energéticos por parte del Estado Nacional en el orden de 600 millones de pesos para empresas de determinados sectores.

En Córdoba el gobernador saliente, Juan Schiaretti, asumió el compromiso de enviar a la legislatura un proyecto de ley de Presupuesto que para el caso del Inmobiliario Rural y los Fondos complementarios que trae adosados la recaudación crecería de 281 millones de pesos en 2011 a 419 millones el año entrante.

En la provincia de Buenos Aires, también el gobernador Daniel Scioli, estudia cómo tapar el agujero financiero de 6.000 millones de pesos de déficit que contiene el Presupuesto provincial. Y según pudo saber El Enfiteuta desde algunos sectores de la producción y la comercialización están “preocupados” porque el gobierno bonaerense intentaría avanzar sobre un gravamen al comercio de carnes vacuna.

La diferencia con Santa Fe, es que la propuesta de habilitar un impuesto que grave la exportación de granos y subproductos no proviene del oficialismo provincial que lidera el socialismo, sino de la oposición representada por el peronismo.

De avanzar una iniciativa como la propuesta, si no fuera declara inconstitucional por la Corte Suprema, tendría seguramente un efecto cascada de rápida aplicación en otras provincias ávidas por aumentar sus ingresos.

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