17 de noviembre de 2011 18:11 PM
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Campo, en alerta por Inmobiliario

Ruralistas de Buenos Aires y de Córdoba amplificaron su malestar por los incrementos impositivos proyectados por el reelecto gobernador Daniel Scioli y el mandatario electo José Manuel de la Sota en el Presupuesto 2012

Por caso, el Consejo Federado Bonaerense (CFB) se declaró en estado de alerta y movilización frente a la ley impositiva para el año entrante, que no fue sancionada aún y que contempla subas en el Impuesto Inmobiliario Rural y en Ingresos Brutos (para ventas al por mayor de materias primas agrícolas).

«Una vez más, el Gobierno de Scioli persiste en su actitud constante de hacer las cosas en forma inconsulta; y en esta ocasión, la situación se torna más grave, porque el Poder Legislativo, habiendo recibido la iniciativa, no convoca a dar discusión sobre el tema», denunció la entidad.

Según el presidente del CFB y vicepresidente 2º de FAA, Guillermo Giannasi, el proyecto «causará serios perjuicios a los pequeños y medianos productores». «Es impensable que se aumente el Impuesto Inmobiliario Rural en un 27 por ciento para todas las zonas productivas de la provincia», dijo, y bregó porque «se segmente y diferencie a los productores».

En esa línea, también enfatizó que «es inconcebible que se pretenda cobrar el 30 por ciento del tributo a partidos que están en el sudoeste bonaerense, que vienen soportando durante años serias adversidades climáticas».

«Con el mismo criterio, nos oponemos al aumento en un 100 por ciento del tributo correspondiente a Ingresos Brutos, que pasaría a pagar del 1 por ciento al 2 por ciento de todas las ventas al por mayor de las materias primas agrícolas», señaló Julio Currás, director titular del CFB y vicepresidente 1o de FAA.

En Córdoba, en tanto, las entidades rurales le llevaron su malestar al ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, por el aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural contemplado en el Presupuesto 2012, que fue aprobado ya en primera lectura.

«Nunca hemos puesto palos en la rueda a la provincia, pero en esta oportunidad los números no fueron consensuados: el recargo es excesivo y no hay parámetros que lo expliquen», aseguró, por caso, el titular de CARTEZ, Néstor Roulet.

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