2 de diciembre de 2011 13:13 PM
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Una cosecha de arándanos a punta de pistola

Entre las 95 personas sometidas a trabajo esclavo en San Andrés de Giles había once menores, y se confirmó que se las mantenía amenazadas mediante armas de fuego.

El operativo que las liberó –efectuado por la Policía Federal y dispuesto por una fiscalía de San Isidro– incluyó dos allanamientos: uno en una finca sobre la Ruta 8, dedicada al cultivo de arándanos, y otro en las oficinas comerciales de una firma dedicada a la exportación de esa fruta. Hay cinco detenidos.

La empresa propietaria del establecimiento “llevaba engañados a trabajadores rurales y los coaccionaba con personal armado”, precisaron fuentes de la investigación. El operativo estuvo a cargo de la División Trata de Personas, de la División Jurídico Contable y del Grupo Especial 1 del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía Federal. La causa se tramita en la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de Marcelo Rubén Fuenzalida.

El allanamiento de mayor envergadura se efectuó en el campo situado sobre la Ruta 8, kilómetro 90,900, de la localidad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, dedicado a la plantación, cultivo, recolección y envase de arándanos.

Allí fueron liberadas 95 personas, once de ellas menores de edad, que “se encontraban en condiciones infrahumanas y hacinadas en un galpón, siendo todas oriundas de la provincia de Misiones”, según la fuente de la investigación.

En ese mismo operativo se detuvo a cinco hombres, mayores de edad y de nacionalidad argentina: “Algunos de ellos estaban armados en el momento de su captura”, señaló la fuente. En el lugar fueron secuestrados tres pistolas, dos escopetas, dos fusiles, dos carabinas y municiones para todas estas armas.

Otro allanamiento –informó el Ministerio de Seguridad de la Nación– tuvo lugar en las oficinas comerciales de la firma Baldones SA, dedicada a la exportación de arándanos; fue efectuado por personal de la División Jurídico Contable de la Policía Federal.

Todos los trabajadores rescatados quedaron bajo la protección del personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

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