14 de diciembre de 2011 10:26 AM
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Con dictamen exprés la ley de tierras tendría una aprobación inminente

Se espera que la Cámara baja apruebe todas las leyes pedidas por el Ejecutivo entre el miércoles y viernes próximo, en una sesión maratónica. Incluye presupuesto, prórroga de impuestos, la ley contra la extranjerización de tierras, entre otros.

Como estaba previsto el proyecto de ley de tierras que pidió Cristina Fernández de Kirchner al Congreso en reiteradas ocasiones, tuvo un trámite rápido en una reunión conjunta realizada este martes con cerca de un centenar de legisladores que integran las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, y Asuntos Constitucionales.

La conducción la ejerció el titular de la comisión cabecera, Luis Cigogna, de Legislación General quien arrancó la multitudinaria reunión (quedaron cortas las sillas para los diputados) explicando que al proyecto del Poder Ejecutivo se le habían introducido modificaciones propuestas en las diferentes reuniones realizadas a lo largo del año por el tema.

Cigogna abrió el paraguas antes de empezar y remarcó que el proyecto de ley en cuestión ya había tenido reiterados y variados niveles de debate en las distintas comisiones con mayor o menor grado de profundidad, incluso desde antes de que arribara la iniciativa del Ejecutivo.

Entre las modificaciones que se introdujeron a la propuesta presidencial El Enfiteuta destaca la superficie total que podrá ser adquirida por extranjeros, el que quedó fijado en un 15% de todo el territorio nacional, en cada provincia, o en cualquier municipio o comuna.

De ese 15% personas de una misma nacionalidad no podrán adquirir más de un 30% de las tierras rurales que la ley define como “todo predio ubicado fuera del ejido urbano independientemente de su localización o destino”.

Otra de las correcciones al proyecto presidencial, y argumento de inconstitucionalidad de los detractores de la iniciativa, fue el de las excepciones a las personas extranjeras teniendo en cuenta su carácter de residente o no residente en el país.

En ese sentido la ley permite la excepción a la norma a aquellos que residan en el país de manera continua y permanente con un mínimo de diez años, a los casados con argentinos y residentes en el país, y los que tengan hijos argentinos, en estos dos últimos casos con una residencia mínima de cinco años.

De esta manera se intentó salvar las diferencias en el tratamiento de extranjeros respecto de los capitales concentrados ya en una persona física, ya en otra jurídica que no residan en el país, y aún constituidas en la Argentina a las empresas controladas por inversores foráneos.

Otra de las modificaciones importantes que introdujeron los diputados a la ley de presidencia fue el límite de 1.000 hectáreas que trajo una polémica acerca del impacto relativo disímil entre las regiones geográficas.

El nuevo texto de la ley establece que las “Las tierras rurales de un mismo titular no podrán superar las mil hectáreas (…) o superficie equivalente, según la ubicación territorial”. La equivalencia, agrega la norma, “será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.

Dicho Consejo deberá seguir parámetros para establecer la equivalencia tales como su localización y proporción respecto del municipio, la capacidad y calidad de tierras para uso y explotación.

Uno de los puntos que quedó firme en la norma, y que algunos bloques como el radicalismo rechazaron, fue la confección del Registro único nacional que deberá realizarse en un plazo de 180 días que estará bajo la órbita del ministerio de Justicia, pero será integrado por el de Agricultura, que además será la autoridad de aplicación.

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