15 de diciembre de 2011 10:27 AM
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Volvió la escribanía, versión express

El Congreso se dispone a aprobar un combo tributario que amplía la discrecionalidad de la presidenta y de su brazo impositivo, Ricardo Echegaray. ¿Estamos en buenas manos?

Tras uno de los períodos legislativos de menor actividad desde el retorno de la democracia, la recuperada mayoría oficialista en ambas cámaras hizo que el Congreso de la Nación vuelva a la función que le asigna el kirchnerismo: la de escribanía de las decisiones del Ejecutivo.

Además, en el primer día de las sesiones extraordinarias convocadas por la presidenta Cristina Fernández, se agregó una característica: el trámite Express. ¿Para qué debatir, si hay gente tan esclarecida allá arriba?

El paquete legislativo es variado. Incluye la ley de tierras, un proyecto de ley de combate al terrorismo -que, algunos temen, puede servir para criminalizar la protesta social- y un nuevo intento de apropiación de Papel Prensa que, sumado al manejo arancelario y a la famosa “pauta” oficial, darían al Estado un poder inédito sobre la prensa gráfica de todo el país.

Pero detengámonos en el paquete tributario, que abarca la extensión hasta fines de 2013 de la ley de Emergencia Económica (entonces habrá cumplido 12 años; en enero de 2002, cuando se sancionó, la entonces senadora Cristina Fernández votó en contra porque, dijo, “yo no estoy acá para representar a quien ocupa la Casa Rosada, sino a todos los argentinos”) y del impuesto al cheque (un recurso pergeñado por Domingo Cavallo y al gusto del paladar K: seis de cada siete pesos que recauda son para la Nación; la moneda restante se reparte entre todas las provincias).

El combo impositivo también incluye la extensión por cinco años de las retenciones a las exportaciones de combustible (100 por ciento cuando el precio internacional del crudo excede los 42 dólares), la extensión por un año del impuesto a los cigarrillos (otro tributo que se fuma la Nación) y una modificación clave en el impuesto a las Ganancias: en los próximos cinco años no será el Congreso el que -como manda la Constitución en temas impositivos- fije el monto del mínimo no imponible, sino que lo hará -unilateralmente- el Ejecutivo.

El de Ganancias es un frente de tormenta en las ya tormentosas relaciones entre el cristinismo y el titular de la CGT, Hugo Moyano, que responderá en persona este jueves, en el acto por el Día del Camionero. A esta altura, la incidencia de este tributo sobre el ingreso de millones de asalariados, cuentapropistas y monotributistas hace añorar el “impuestazo” de Machinea. Como dijo el diputado Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista: “el Gobierno transformó un impuesto justo, (para) que paguen los que tienen mayor capacidad económica, en un impuesto injusto que cae sobre los trabajadores y los sectores medios; mientras, sigue exenta la renta financiera y las ganancias extraordinarias de múltiples sectores de la economía”.

La obediencia debida del bloque oficialista es tal, que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ex viceministro de Economía Roberto Feletti, tardó menos de diez minutos en despachar el trámite del presupuesto 2012, que incluye gastos por 505.000 millones de pesos, contando 75.273 millones en subsidios que el propio gobierno anunció que reduciría sustancialmente y para lo cual montó una farsesca campaña de “renunciamiento”.

La única iniciativa tributaria en la que hubo algo de negociación es la modificación de la ley penal-tributaria, pues se venía gestionando desde las sesiones ordinarias. El piso para que una maniobra sea considerada “delito tributario” pasaría de 100.000 a 400.000 pesos y en la misma proporción aumentaría el monto mínimo para la figura de “evasión agravada”: de uno a cuatro millones de pesos. “Esta ley es un buen ejemplo acerca de la posibilidad de lograr un acuerdo discutiendo racionalmente”, se entusiasmó Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque radical.

Quizás haya allí una buena dosis de ingenuidad política. El aumento del umbral a partir del cual las trampas o picardías tributarias pasan a ser delito y exigen la intervención de la Justicia quizás tenga sentido económico, pero también ensancha el campo de acción y discrecionalidad del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, una de las figuras menos conocidas pero más paradigmáticas del kirchnerismo.

Además de haber sido beneficiario de la piñata inmobiliaria perpetrada por el kirchnerismo en El Calafate, instrumentador del más amplio blanqueo de capitales de los últimos 60 años (tanto, que abarcó a evasores que ya tenían fallos judiciales en contra) y de estar denunciado en varias causas por sus manejos discrecionales en la Aduana y en la difunta Oncca (desde donde dispuso millonarios subsidios a feed-lots de ficción y, en particular, a uno que, según varias evidencias, era de su propiedad), Echegaray participó de una estafa vinculada a la “reconstrucción” de Kuwait.

Según cuenta el periodista Matías Longoni en el flamante libro “Fuera de control – Ricardo Echegaray y su rol en la Oncca, la Aduana y la AFIP”, luego de la guerra del Golfo, a la que el gobierno de Menem, entonces en plenas “relaciones carnales” con EEUU, envió dos fragatas, Echegaray participó en un esquema iniciado en Luján de Cuyo por un mendocino, de nombre Roberto Nicolás Lucero, para enviar expertos argentinos a apagar pozos petroleros en Kuwait.

Echegaray fue el cobrador en las localidades bonaerenses de Bahía Blanca, Punta Alta y Coronel Dorrego de los aportes de 1.500 dólares que “Los Cóndores construcciones”, la empresa de Lucero, exigía a quienes se anotaban a cambio de la promesa de suculentos contratos en Oriente Medio. Como pata local de la norteamericana “The Rendon Group”, que hacía marketing bélico para el gobierno de Bush padre, Lucero reclutó a varias decenas de incautos en las zonas petroleras de Mendoza y conchabó a Echegaray que, además, hizo las veces de su abogado, para hacer lo mismo en torno de Bahía Blanca.

Los viajes y los contratos no aparecieron. La estafa se hizo evidente. Lucero se fugó al exterior, pero fue capturado, extraditado y condenado a cuatro años de prisión. Murió en la cárcel.

Echegaray tuvo más suerte. Hoy es el titular de la AFIP, el principal encargado de aplicar el combo tributario que el Congreso de la Nación aprobará en trámite express.

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