Más concretamente, lo que se discute es el control de unos $ 120 millones por año que maneja el Renatre y que, de acuerdo con la ley, debe destinarse al pago de seguros de desempleo y de tareas de capacitación de trabajadores rurales. Ese fondo se conforma a partir de una contribución obligatoria de los empleadores del 1,5 por ciento de lo que pagan en sueldos.

El régimen, que no se replica en ningún otro sector de la economía, fue creado por ley en 1999 y comenzó a aplicarse en 2002. Hoy, el Renatre tiene registrados a 850.000 trabajadores y maneja una bolsa de trabajo de la que se nutren las empresas agrícolas para contratos temporarios. Con el nuevo régimen, esa función también quedaría bajo control gubernamental. Para el líder de Uatre, Gerónimo Venegas, el proyecto apunta a destruir su gremio. Oficialistas y opositores consideran que el manejo de esa caja es la base del poder del sindicalista.