20 de diciembre de 2011 10:13 AM
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Con dictamen, la ley del peón rural ya camina hacia el recinto del Senado

En la reunión de comisión de Trabajo y Previsión, el único orador del oficialismo fue el ministro de trabajo Carlos Tomada. El radicalismo acompañó el proyecto en general, tal como lo había hecho en Diputados, pero planteó algunas diferencias en torno al futuro del Renatre. El Peronismo disidente estuvo ausente de la reunión.

La comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, que preside la santiagueña Ana Corradi de Beltrán, tardó menos de una hora en aprobar el dictamen sobre el proyecto de ley que establece un nuevo régimen de trabajo agrario, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados el día viernes.

Innecesarios fueron los preparativos de seguridad montados desde la mañana ante una posible movilización del gremio que conduce Gerónimo Venegas en protesta por el proyecto oficial al que consideran una amenaza para el sindicato, lo mismo que la desaparición del Renatre.

A la reunión asistió como invitado especial el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien concurrió con Álvaro Ruiz, presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. También asistieron, además de los integrantes de la Comisión de senadores, pesos pesados del oficialismo como el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto.

Con la ausencia del peronismo disidente, la única posible oposición al dictamen que podía esperarse, Tomada se convirtió en el único orador por parte del oficialismo, y luego escuchó algunas propuestas desde el bloque radical formuladas por el patagónico Alfredo Martínez.

El titular de la cartera laboral repasó los puntos más salientes de la ley que propone el oficialismo y la enmarcó dentro de tres proyectos laborales que remitió el Ejecutivo en 2010: la ley de trabajadoras domésticas, la del trabajo a domicilio, y la de trabajo agrario. Todas estas actividades, señaló tomada, mantienen un grado de “infraderechos” laborales respecto de las demás.

En el caso puntual del trabajo agrario se remitió a la reforma cercenadora de derechos establecida por la dictadura militar, que relegó conquistas de los trabajadores alcanzadas en 1974, y postergó aún más a los trabajadores agrarios en una condición de mayor retraso a las que propiciaba el Estatuto del Peón Rural de 1944.

Así resumió que con la dictadura, y lo que actualmente rige, es una categoría de trabajadores que se divide en dos: los permanentes y no permanentes. Como en el segundo renglón casi no existe regulación (solamente 7 artículos se dedican a esa categoría sobre 107), la tendencia de los empleadores desde 1976 fue pasar a los trabajadores permanentes a la categoría de no permanentes, dado el marco legal más endeble.

Tomada llamó a reflexionar sobre ese último punto dado que la situación se da “en uno de los sectores de mayor renta” a nivel nacional “cuando no de renta extraordinaria”, añadió. Como resultado de las reformas se llegó a que dos tercios de los trabajadores rurales formen parte de la categoría de los no permanentes (cerca de 600 mil trabajadores). “Es decir que su actividad está regulada apenas por 7 artículos”, remarcó el ministro.

Actualmente los trabajadores agrarios “no tienen derecho a las negociaciones colectivas, ni el derecho a huelga” recordó Tomada para mostrar el nivel de desigualdad existente con el resto de los trabajadores de las demás actividades. La ley que se pone a consideración del Senado repara esas asimetrías.

También establece la jornada de 8 horas de trabajo, y 44 semanales, así como el descanso a partir de las 13 horas del día sábado. Todos los trabajadores que realicen actividad laboral por fuera de esos parámetros “deben cobrar horas extras”, señaló Tomada.

En un amplio acuerdo con el proyecto de la mayoría se manifestó el radicalismo en la voz del senador santacruceño Alfredo Martínez, quien solo objetó algunos temas puntuales en materia previsional, que a su vez el ministro recogió como para tenerlos en cuenta al momento de reglamentar la ley.

Tras la reunión Martínez señaló a El Enfiteuta que el radicalismo no comparte tampoco el aspecto de la ley que disuelve el Renatre (tal como ocurrió en Diputados), pero aclaró “tampoco estamos con lo que propone el Momo Venegas”. En vez del actual Renatre proponen que el Estado tenga una mayor presencia en ese Registro y un verdadero control sobre los recursos, algo que consideró “no se hace” en la actualidad.

La ley que sería aprobada el miércoles establece que todo el patrimonio del Renatre pasará “sin costo alguno” al Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea). Según indicó el Álvaro Ruiz a El Enfiteuta, en la actualidad el Renatre administra unos 360 millones de pesos anuales.

La iniciativa del Ejecutivo también garantiza “la continuidad del personal no jerárquico” del Renatre, además de ordenar una auditoría durante los primeros 60 días de sancionada la ley para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) eleve un estado de situación al Ministerio acerca de los recursos y activos del Renatre.

Así las cosas la movilización que se esperaba para este lunes finalmente no se produjo, pero podría ser multitudinaria el miércoles si se confirma el tratamiento del proyecto en el recinto. Así lo indicó la diputada Claudia Rucci, que responde políticamente a Gerónimo Venegas.

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