22 de diciembre de 2011 01:36 AM
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Anticipo: El nuevo sistema de venta de granos que preparan Moreno y Yauhar

La semana que viene el Gobierno presentará el nuevo esquema de comercialización de trigo y maíz que se basa en una propuesta de Agricultores Federados Argentinos. La iniciativa es rechazada hasta por los propios sectores aliados al kirchnerismo como la exportación y la molinería. Qué dice la letra chica del proyecto.

Funcionarios del Gobierno nacional vienen trabajando junto a directivos de Agricultores Federados Argentinos (AFA) desde el pasado mes de agosto -luego de las elecciones primarias- un proyecto que modifica el actual esquema de comercialización de cereales.

La iniciativa nació a partir de las quejas por parte de los productores agropecuarios por los descalabros que generó la intervención oficial en el mercado de granos (el más claro ejemplo es lo que ocurrido con el trigo que aún no puede venderse).

Así las cosas, tal como lo adelantó en septiembre La Política Online, el Gobierno quiere implementar el nuevo sistema a partir de la semana próxima, sin previa consulta a las entidades del campo, distraídas en otros temas como la Ley de Tierras y del Peón Rural.

El propio ministro de Agricultura Noberto Yauhar fue el encargado de blanquear la estrategia oficial: “Nuestra intención es presentarle el nuevo esquema a Cristina la semana que viene y que el mismo esté operativo antes de fin de año”, aseguró.

“Queremos armar un nuevo esquema para el trigo y el maíz en beneficio del pequeño y mediano productor, sin perjudicar la mesa de los argentinos”, indicó Yauhar en el marco de una reunión que mantuvo con el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Del encuentro entre Yauhar y Moreno participó el celebro técnico del proyecto Oscar Solís, quien se desempeña como subsecretario de Agricultura. También estuvieron el secretario Lorenzo Basso, y el jefe de Gabinete de Agricultura Miguel Ángel Rossetto.

Como sea, según pudo saber LPO, el proyecto fue fuertemente objetado por amplios sectores de la exportación nucleados en Ciara-CEC y de la Industria Molinera (FAIM) que lidera el ahora diputado kirchnerista Alberto España.

A grandes rasgos, los aspectos más resistidos por estos sectores de la cadena comercial son aquellos vinculados a la obligación de contar con certificados de libre disponibilidad para poder concretar ventas al exterior de cereales y harinas.

“Hay varios puntos que no nos quedan claros y que pedimos a los encargados de elaborar el proyecto que los revisen para lograr una mayor claridad de conceptos”, dijo Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales.

La medida tampoco es muy bien recibida por las entidades rurales, quienes –salvo por la Federación Agraria- se mostraron reticentes a implementar modificaciones que, según consideran, generarían peores trastornos en la comercialización agrícola.

Del otro lado, el gerente general de Agricultores Federados Argentinos, Gualberto Di Camillo, comentó que “la comercialización de trigo y maíz es una rueda que está trancada, y el perjudicado siempre es el productor agrícola”.

Di Camillo recordó que en la actualidad muchos productores no encuentran compradores para su producción y que los precios ofrecidos por la exportación y los molinos registran descuentos de entre 40 a 70 dólares por tonelada.

Las críticas al proyecto

Desde CARBAP aseguraron que “el nuevo proyecto cuenta con aspectos que aseguran el fracaso del mismo. Creemos que el libre mercado de granos es la forma más civilizada de proceder”.

Por su parte, el presidente de CARTEZ, Néstor Roulet, opinó a este medio que “estos sistemas intervencionistas destruyen los mercados a futuro. El productor pierde la oportunidad de cubrirse del riesgo con precios seguros a futuro”.

Por su lado, el analista de mercados y director de la consultora Kimei Cereales, Javier Buján, opinó que “las consecuencias de las limitaciones que impone el proyecto pueden ser nefastas para la producción agrícola del país”.

Para el asesor general de la Federación de Acopiadores de Cereales, Raúl Dente, “la verdadera solución pasa por liberar totalmente el mercado sin ningún tipo de restricciones al comercio”.

La letra chica

En el marco del nuevo sistema de comercialización los productores de trigo y maíz deberán declarar la superficie sembrada con cereales. Luego el Gobierno, con esa información, deberá estimar las cosechas probables de ambos cultivos.

En función de esa estimación, determinará que el 40% de la cosecha probable deberá quedar para uso interno, mientras que el 60% restante será de “libre disponibilidad” y podrá ser exportado.

Los productores, en función de lo declarado, recibirán certificados de libre disponibilidad por el 60% de su producción estimada, los cuales deberán ser entregados a los exportadores al vender su mercadería.

Por su parte, los exportadores, para poder solicitar ROEs, deberán presentar dichos certificados por un volumen equivalente al solicitado para embarcar.

El proyecto original elaborado por Agricultores Federados Argentinos especifica que el productor sólo podrá vender por adelantado un 20% de la producción por cosechar (que en este caso arrancaría con la campaña en curso 2011/12).

La propuesta también contempla un aspecto muy difícil de instrumentar en la práctica para la mercadería destinada al mercado interno. En este caso se prevé la creación de un fideicomiso que compre a los productores y venda a la demanda interna.

Al parecer, el administrador del fideicomiso serían las principales Bolsas de Cereales de y el mismo se conformaría con recursos aportados por el Estado nacional, según detalla el proyecto al que tuvo acceso LPO.

Tampoco queda claro el punto que hace referencia a la calidad del trigo destinada al mercado interno, ya que la demanda local requiere productos de diferentes grados para necesidades distintas.

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