23 de diciembre de 2011 15:38 PM
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Los peones rurales tienen nuevo código

La reforma del Estatuto del Peón que ayer sancionó el Senado a pedido de la Casa Rosada, establece la disolución del registro de trabajadores que estaba a cargo del gremio Uatre, limita las jornadas de trabajo y somete todas las condiciones laborales a la Ley de Contrato de Trabajo.

La norma se aprobó con una amplia mayoría en la Cámara en general, pero tuvo disidencias de sectores opositores y oficialistas ligados a la CGT. El texto incorpora a los peones a la Ley de Contrato de Trabajo y establece que la jornada laboral será de 8 horas diarias o 44 semanales, con el denominado “sábado inglés”.

Además, regula las relaciones laborales de los empleados temporarios, que representan las dos terceras partes de la fuerza laboral del sector. Crea la figura del “trabajador permanente discontinuo”, cuando es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva para tareas cíclicas o estacionales.

También crea un nuevo régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad jubilatoria, con 25 años de aportes, e incorpora una licencia por paternidad de 15 días. Se fija una remuneración mínima que será determinada por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.

Además, obliga al pago de horas extras, el descanso semanal y mejores condiciones de higiene y seguridad como requisitos básicos de la actividad.

La disolución del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y su reemplazo por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) fue el centro de la tensión política entre el secretario general del gremio, Gerónimo “Momo” Venegas, y la Casa Rosada. Los sindicalistas manifestaron ayer frente al Congreso su disconformidad con la norma.

Más allá de la “caja” que se le quita al sindicalista opositor, Miguel Pichetto (jefe del bloque de senadores del PJ) defendió el criterio de que el Estado recupere su condición fiscalizadora. El radicalismo, Compromiso Federal y el Frente Amplio Progresista (FAP) se opusieron en cambio al nuevo registro estatal, aún cuando convalidaron en general los cambios sobre condiciones de trabajo en el sector.

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