29 de diciembre de 2011 14:59 PM
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El Senado uruguayo aprueba el impuesto para desalentar la concentración de tierras

El Senado uruguayo sancionó la ley que crea el impuesto a las explotaciones agropecuarias de más de 2 mil hectáreas, con la que el gobierno aspira a desalentar la concentración de la propiedad de la tierra y a recaudar 60 millones de dólares anuales.

La ley, aprobada con 16 votos de los 27 senadores presentes en la Cámara, en la que el gobernante Frente Amplio tiene mayoría, establece el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que gravará con tasas progresivas la explotación agropecuaria de unos 1.200 productores de los 48 mil que están activos en el país, informaron la agencia de noticias DPA y los diarios El País y El Observador.

La normativa prevé que quienes tienen de 2 mil a 5 mil hectáreas pagarán 8 dólares al año por cada unidad; los que posean de 5 mil a 10 mil hectáreas desembolsarán 12 dólares, y quienes sean dueños de mayores extensiones deberán pagar 16 dólares.

El ICIR, más conocido como la Ley del Agro o impuesto a la tierra, permitirá recaudar 60 millones de dólares anuales, que serán destinados al mejoramiento del medio rural con la construcción de caminos, puertos y vías férreas que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos, no relacionados con grandes proyectos viales.

El proyecto fue presentado en Congreso por iniciativa del presidente José Mujica, preocupado por la compra de campos en Uruguay por parte de grandes grupos inversores extranjeros, principalmente argentinos, pero tuvo que sortear dificultades dentro del mismo gobierno.

El tratamiento de la iniciativa se vio demorado ante la resistencia y el intento de introducir modificaciones del vicepresidente Danilo Astori, quien cuestiona que el impuesto no tenga en cuenta la productividad de las tierras.

En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo media sanción a mediados de noviembre con los 50 votos del oficialismo y 33 en contra tras un debate de más de ocho horas.

Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, la nueva ley puede encontrar dificultades en su aplicación si la corporación agraria presenta una impugnación, como señaló hoy el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Miguel Sanguinetti.

“A partir de que lo tengamos promulgado, vamos a estudiar el impuesto minuciosamente con nuestros asesores para ver si tiene alguna inconstitucionalidad. Y si la tiene, vamos a impugnarlo”, afirmó el dirigente a El País.

Sanguinetti señaló que la medida será trabajada en conjunto con la Asociación Rural del Uruguay y agregó que hay asesores de la Federación que “ya están trabajando en el tema”.

Además, advirtió que los ruralistas empezarán a exigirle al gobierno y a las intendencias que den al sector “los servicios que tengan que dar”.

¿Nos cobran más impuestos? Entonces nosotros vamos a empezar a exigir que nos den la caminería y las condiciones de trabajo adecuadas, que hoy no las tenemos”, concluyó.

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