6 de enero de 2012 00:33 AM
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Los costos de las transacciones de tierras se multiplican por tres

URUGUAY : La aprobación del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales generó un tumulto de operaciones; también ahondaron las diferencias a la interna del gobierno que encabeza José Mujica.

La implementación de dos impuestos diferentes vinculados a la tierra causó al terminar el 2011 la mayor fisura en el relacionamiento entre las gremiales agropecuarias y el gobierno desde que la izquierda llegó al poder en 2005 y puede incluso provocar cambios en la dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en febrero de este año.
Pero además ha provocado en el final de 2011 un aluvión de compromisos compra-venta presentados ante el Instituto Nacional de Colonización, por parte de empresarios que apuraron la decisión de comprar y de vender intentando escapar a los nuevos gravámenes.
La polémica en la esfera política viene desde los inicios del impuesto. Cuando en marzo pasado el presidente José Mujica anunció en su audición radial la intención de poner en práctica el impuesto y luego el mismo se materializó en un proyecto, la información no llegó al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. Enterado por la prensa, expresó su malestar públicamente y en directo y hasta último momento mantuvo explícitamente su postura discrepante, aunque terminó respaldando el proyecto dando su firma. Mientras tanto el subsecretario Daniel Garín, militante del MPP, se mantuvo a favor de la iniciativa. Será difícil que ese equipo permanezca tal como está en marzo.
La fisura a nivel del gobierno trasciende el Ministerio de Ganadería. En efecto, los integrantes del gabinete pertenecientes al Frente Liber Seregni –el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado– se alinearon en contra de un impuesto que no está relacionado con las rentas y contradice el espíritu de la reforma fiscal impulsada al empezar el gobierno anterior por Danilo Astori, que se concretó en 2007.
Tal vez por eso optaron por alivianar el coeficiente que se aplicará como ficto de aumento de precios (ver despiece).
El vicepresidente Danilo Astori, mantuvo varias reuniones con Mujica para realizar modificaciones en el gravamen que se separaba de la política tributaria adoptada por el gobierno en 2007 y, con el paso de los meses, comenzaba a tomar más fuerza. Finalmente el partido de gobierno llegó a una fórmula de acuerdo y desde el comienzo de 2012 el impuesto es ley.
Uno de los defensores del nuevo gravamen es el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Andrés Berterreche, una de las figuras de más peso a nivel agropecuario en el Movimiento de Participación Popular. Calificó al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) como justo y necesario, ante la inminente discusión que se plantea a nivel internacional sobre la tendencia a la concentración de la tierra.
Berterreche criticó a quienes se manifestaron contra el impuesto sin presentar una propuesta alternativa. “Es la medida que se ha propuesto, no se ha planteado ninguna otra. Si lo que preocupa es que no va a ser suficientemente efectivo, ¿cuál es la otra opción? Probemos con la que tenemos y evaluemos”, puntualizó.
En los primeros meses de presentado el proyecto, según lo informado por Berterreche, no hubo cambios en el mercado compra venta, ni hubo una baja sustancial del precio de la tierra. Sin embargo, destacó el fuerte aumento en la operativa que se registró sobre el final del año, que llevó a que inclusive el Instituto de Colonización participara adquiriendo tierras.

Clima empresarial enrarecido.
Desde las gremiales de productores rurales hay un explícito rechazo y crítica constante al gobierno por la aplicación del impuesto.
Antes de que se realizara la última y definitiva votación en el Senado, donde se sancionaría el proyecto, José Bonica, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, y Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural, convocaron a la prensa para ratificar su postura y hacer un último intento para cambiar esa votación.
Finalmente, tras la votación en el Senado el pasado 28 de diciembre, la ley fue sancionada por 16 votos en 27 presentes, con el apoyo único de la bancada oficialista.
A mediados de noviembre, la Cámara de Representantes ya había dado media sanción al proyecto, por 50 votos en 85, solo con los votos del partido de gobierno. Al día siguiente de aprobada la ley, la Asociación Rural del Uruguay llamó a conferencia de prensa y expresó con más fuerza que nunca su oposición al rumbo de la política agropecuaria. Similar posición tomó la Federación Rural.
Desde los operadores del mercado de tierras la oposición es unánime. Coinciden en que el ICIR perjudica al sector agropecuario, especialmente al área de ganadería. Sebastián Da Silva, operador de Da Silva Agroinmuebles, señaló que el impuesto profundiza las dificultades generadas en el contexto externo por la crisis internacional y que tiene un efecto negativo directo sobre el clima de inversión. “Uruguay tiene que darle a la inversión una plataforma en donde facilite y no dificulte las cosas. En el mundo hoy está básicamente cuestionándose la esencia de la economía real, Uruguay puede verse beneficiado siendo un país serio, que ofrezca inversiones genuinas y promueva el trabajo de calidad y el capital”, indicó.
Da Silva fue enfático al calificar como injusto el hecho de que se grave la tierra y no la renta que se obtiene de ella. “El impuesto tiene una primera gran injusticia, que es que no refleja la rentabilidad de tener las tierras, es un impuesto que no cambia de los años buenos a los años malos. Muchos más justo sería un impuesto variable, de acuerdo a los parámetros de rentabilidad, en el que si al productor le va bien paga, y si le va mal no paga”, puntualizó.
Coincidiendo con esta postura, Rodolfo Young, de la compañía Camporou & Asociados, señaló que el impuesto va a ser negativo a nivel de mercado de la tierra y de “la comercialización de inmuebles rurales. Por ende el Estado va a recaudar menos dinero del que hoy recauda sin la existencia del impuesto”.
Hizo hincapié en que el impuesto implicará un aumento de costos para los poseedores de tierras y que esto será perjudicial para el mercado. “Poco se habló de la sección II que agrega un impuesto a la hora que un productor decide vender su campo. Dado el brutal aumento de los costos previstos para el Impuesto a la Renta, esta ley va a ser regresiva, paralizará la venta de inmuebles rurales”, sentenció Young.
Desde sus comienzos el gravamen causó incertidumbre. El abogado tributarista Carlos Loaiza, socio de Olivera Abogados, exhibió posturas a favor y en contra del impuesto. “Los impuestos a la tierra a nivel mundial no han sido necesariamente malos, lo que sí generan, como pasó en Uruguay desde el comienzo, presiones políticas en uno y otro sentido”.
A esto agregó que se trata de un impuesto de difícil aplicación técnica, ya que habría muchos factores a determinar, como el porcentaje de tierra ociosa y productiva. “El primer análisis que debería hacerse es que está bien castigar la tierra ociosa, pero cuando es un factor de producción, lo que se hace es encarecer la producción perjudicando la competitividad del sector”. 
De la misma forma, y haciendo hincapié en las dificultades prácticas que tiene el ICIR, el profesional critíca que se toma el Índice Coneat como referencia de productividad y no se haga un intento por manejar índices más específicos y actualizados.
Loaiza fue enfático al señalar que “no está efectivamente probado que este tipo de impuestos desconcentren la tierra” y que se “cambian ligeramente las reglas de juego”.

Expectativas para el 2012.
En los últimos 10 años el mercado de la tierra tuvo un auge y un descenso, con su momento de mayor actividad en  2005 y 2006.  Rodolfo Young adjudicó la disminución a la suba del precio. “Hubo un aumento de más del 20% anual en los valores de los campos y, si bien esto se dio en toda la región, en Uruguay fue mayor dado su oferta más restringida, al mismo tiempo que se agotaron los campos a desarrollar. Esto afectó la rentabilidad de los proyectos y en consecuencia las decisiones de invertir”.
Expresó que considera factible que la cantidad de operaciones siga bajando. “Ese mercado ágil donde se transaron más de 6 millones de hectáreas en los 10 últimos años fue posible porque muchos de esos productores podían mantenerse en el sector adquiriendo otra propiedad más distante. Es lo que saben hacer y además un modo de vida. Con los costos de compra-venta de la nueva ley eso pasa a  ser prácticamente imposible”.
Da Silva señaló que el ICIR tendrá como efecto la baja del valor de la tierra, y que los productores ganaderos serán los más afectados. “El impuesto modifica lo que son las tributaciones para la venta de inmuebles rurales, que está lejos de afectar solo a los grandes terratenientes. Afecta al que tiene una hectárea como el que tiene 100 mil. Y eso es algo que la gente recién ahora se está empezando a dar cuenta”, concluyó.

Un coeficiente que llamó la atención.
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió esta semana la resolución 4515/011 que fija el coeficiente que estima el aumento en el precio de la tierra en el período julio 2007/diciembre 2011 a partir del que se calcula el nuevo impuesto. El aumento estimado fue de 67%, un dato que causó sorpresa –en este caso agradable– a los involucrados en el negocio, ya que el precio de la tierra se estima ha subido más que eso y en caso de que la tasa aplicada hubiese sido mayor, el aumento en el impuesto también habría sido más gravoso.
Según los datos del Instituto Nacional de Colonización, los precios promedio de 2010 fueron 91% mayores a los de 2007 (US$ 3.900 la hectárea en 2010 frente a US$ 2.038 en 2007). Mientras que, según los datos que sigue DIEA, los precios subieron 84% al llegar a promediar US$ 2.633 en 2010 frente a US$ 1.432 en 2007.
Aunque la comparación del Ministerio de Economía es diferente, ya que va desde mediados de 2007, hasta el final de 2011 (no hay un dato públicamente disponible de los precios promedio al cerrar 2011), hay coincidencia de que los precios durante 2011 siguieron subiendo. El coeficiente de 67% en cierta forma significó un alivio, ya que de haber sido mayor, la suba impositiva hubiera sido estratosférica. De acuerdo a un modelo elaborado por el contador Federico Camy, socio del estudio Guyer & Regules, con ese coeficiente, ya el gravamen por la venta de un campo se multiplica por 3,55, ( o lo que es lo mismo, una suba del 255%) pero si el ficto se hubiese calculado con una suba del precio de la tierra de 100% ese coeficiente se dispararía a 6. Un campo de 1.000 hectáreas que se hubiera vendido a US$ 10.000 la hectárea (un precio posible para un campo agrícola), paga US$ 532.824 a partir del 1º de enero, frente a los US$ 150.000 que pagaba antes, con un sistema más simple que gravaba con el 1,5% al monto de la venta. Se entiende el apuro de mucha gente por vender a fines del año pasado: en este caso se ahorraban US$ 382.824.
Un negocio que se achica.
El negocio de compraventa de tierra se va achicando, según las cifras oficiales. Previo al año 2000 era un negocio de pocas operaciones, menos de 200 mil hectáreas cambiaban de dueño por año. Pero luego, la llegada de argentinos y el creciente interés generado por el negocio agropecuario llevó a un intenso cambio de propiedad. En 2005 y 2006 se produjo la comercialización más intensa, con más de 800 mil hectáreas. Pero luego el aumento de precio y ahora el alto costo de transacción seguramente consolidarán una tendencia a un menor movimiento en el mercado de tierras. En 2009 y 2010 la operativa no llegó a 350 mil hectáreas, las superficies más bajas desde el 2000. Es posible que por una operativa fuerte en diciembre, el 2011 muestre un repunte en la actividad, pero los operadores del mercado de tierra dan como muy probable que las ventas de este año sean muy bajas.
La tendencia es –además– a que la venta corresponda a establecimientos más pequeños. Y el precio, por el momento, no ha mostrado cambios en su tendencia ascendente.

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