14 de enero de 2012 16:52 PM
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La gravedad de la sequía

Resulta alentador que las autoridades hayan decidido profundizar la evaluación de la emergencia para evitar un nuevo desastre.

Lluvias dispares, y en muchos casos insuficientes, de los últimos días han dejado abierto el gravísimo riesgo de que la actual sequía sea de consecuencias iguales, o aun peores, que la de 2008-2009 para la agricultura argentina. Sin duda que es ella una de las más nefastas para la producción nacional de los últimos cien años. Puede haber ocasionado hasta aquí pérdidas por miles de millones de dólares y reducido en un 40 por ciento la cosecha inicialmente estimada de maíz, y alrededor del 20 por ciento la de soja.

Es temprano para extraer conclusiones definitivas y por eso resulta comprensible, a pesar de todo, que las autoridades competentes se hayan tomado diez días más para una evaluación más certera, según se anunció en la reunión realizada anteayer con representantes de las entidades agropecuarias.

Que para el flamante ministro de Agricultura y Ganadería de LA NACION nada de lo conocido era suficiente para “dramatizar” tal estado de cosas no debe sorprender. En pleno conflicto de 2008, con altísima mortandad de hacienda, la Presidenta consideró que las actividades del campo eran extrañas a las que se encaran con serios márgenes de riesgo. Como después pareció haber cambiado de opinión, será prudente no machacar con el blooper de aquellos meses iniciales de su gestión.

Es sano mantenerse a sobria distancia del estilo crítico gobbeliano con el que el oficialismo acosa a quien quiera que lo enfrente en el plano de las ideas. Además, de un tiempo a esta parte ha escaseado el agua, pero han sobrado los bloopers informativos, algunos hasta de categoría internacional.

No se puede pedir amor por lo que no se quiere. Sí, respeto. Los cientos de miles de argentinos que apuestan a diario, a cielo abierto, con su esfuerzo, su creatividad y sus inversiones, merecen, en medio de los padecimientos de esta hora, respeto y comprensión. Con el sofisma de que se habían hecho acreedores a ganancias extraordinarias, se les impuso hace años una alícuota confiscatoria de hasta el 35 por ciento (en el caso de la soja) sobre lo obtenido por los principales cultivos; y, si ese porcentaje no es más alto todavía, ha sido por la reacción popular y su derivación sobre la votación de la resolución 125 en el Congreso de LA NACION.

Se explica, pues, que los representantes de las entidades agropecuarias hayan reclamado una disminución de esas retenciones sobre los granos más afectados por la sequía. El primero, sin duda alguna, es el maíz, al que el fenómeno meteorológico ha afectado de lleno en las ya de por sí estrictas exigencias del demandante cereal: la sequía lo ha alcanzado en pleno período de la floración. El segundo es la soja, más aguantadora, por así decirlo que el maíz, y con períodos críticos -los de la floración y el llenado de grano- más abiertos y, por lo tanto, menos condenada así a entregar su potencial en un plazo breve e improrrogable.

Ha sido un acierto expresivo la observación del productor consultado por cronistas de LA NACION de que después de la “sequía de bolsillo”, impuesta por las maquinaciones burocráticas que han impedido vender en tiempo y precios razonables trigo y maíz, se haya producido la “sequía climática”. Pudo haber agregado que la naturaleza quita, pero da, y la Secretaría de Comercio, inexplicable factótum de la economía del país, al no saber qué hacer, daña.

Es instructivo recordar que en el período 2010-2011 las arcas fiscales se llenaron con 9000 millones de dólares por retenciones y que la situación en curso anticipa al Estado que por esa vía recibirá este año aportes más menguados para solventar sus gastos. También es útil tener presente, como prueba de la contribución de la agricultura a la economía nacional, que la Argentina es el mayor exportador de aceite y harina de soja del mundo; el segundo, en maíz; el tercero, en soja, y el cuarto, en trigo.

Ha de reconocerse que el gobernador de Buenos Aires ha estado más atento y con reflejos más veloces que otros funcionarios en el seguimiento de una crisis que repercute en todo el país. Así se anticipó con la declaración del estado de emergencia en seis de los partidos de la provincia: Gonzales Chaves, Chacabuco, Ameghino, General Pinto y Junín. Este último, situado en plena zona núcleo, constituye un ejemplo palmario de la forma en que la sequía ha pegado en áreas agrícolas vitales: el promedio de precipitaciones para diciembre, que en los últimos cuarenta años había sido de 105,7 milímetros, se redujo a 1,1 milímetros.

A todo esto, deben agregarse las mermas que la sequía ha producido en otras zonas -La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Formosa, y en la Patagonia- y su impacto sobre economías regionales, como las que dependen de los cítricos y del algodón, entre otras. La hacienda ha estado en muchas partes sin agua y sin pastos. Ya ha trascendido que en la lechería ha comenzado a alargarse la cadena de pagos y que la “sequía de bolsillo”, que tan nefasto resultado ha deparado desde 2006 a la ganadería, ha repercutido en la industria frigorífica, con la consiguiente desconfianza que puede potenciar, en situaciones como la presente, los efectos naturales de la crisis.

Hay una ley de emergencia agropecuaria y ella debe cumplirse, sin olvido de que anuncios como el de que se dispone de un plan de 500 millones de pesos para los pequeños y medianos productores afectados resulta un paliativo de magro alcance en las presentes circunstancias. Por eso ha abierto una expectativa alentadora el anticipo de que se estudiará la ampliación de ese plan y de que habrá otras medidas financieras a fin de conjurar, al menos en parte, las consecuencias del desastre. En definitiva, corresponde a los gobiernos nacional y provinciales seguir día a día las alternativas de la situación y dar las respuestas apropiadas y oportunas para un problema cuyos definitivos alcances nadie está todavía en condiciones de precisar. Lo que nadie ignora es que a estas alturas se han mensurado pérdidas importantes e irrecuperables.

Aunque sea un triste consuelo, casos excepcionales como los producidos por el fenómeno de La Niña sirven para reflejar en los hechos la entereza proverbial de los productores agropecuarios y lo que el campo importa, no sólo para el desarrollo del interior del país, sino para el desenvolvimiento nacional.

Confiemos en que el 17 de junio, cuando se celebre el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, al que la Argentina está asociada como miembro de las Naciones Unidas, se encuentre en vías de recuperación el sector más dinámico y menos privilegiado por los poderes públicos de la economía del país.

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