17 de enero de 2012 00:48 AM
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Que pasará con la granja en el futuro

URUGUAY :  “La política agrícola para el sector granjero es el máximo ejemplo de improvisación, ausencia de objetivos innovadores, fenomenal ignorancia económica, uso de instrumentos inadecuados, aplicación de normas ilegales y reñidas con todos los compromisos internacionales, abuso de normas sanitarias y tributarias y, hasta el paroxismo, del peor corporativismo”. Son palabras de Julio Preve […]

URUGUAY : 

“La política agrícola para el sector granjero es el máximo ejemplo de improvisación, ausencia de objetivos innovadores, fenomenal ignorancia económica, uso de instrumentos inadecuados, aplicación de normas ilegales y reñidas con todos los compromisos internacionales, abuso de normas sanitarias y tributarias y, hasta el paroxismo, del peor corporativismo”.

Son palabras de Julio Preve Folle, las escribió en su última columna de “Economía y Mercado”, suplemento que se publica con el diario El País.

“En realidad, se trata de un sector de poca relevancia económica, por lo que las autoridades correspondientes miran para el costado cuando aceptan con desgano la aplicación de medidas totalmente heterodoxas e ilegales para su regulación. Admiten, en cambio, la presión de sus dirigentes que amenazan con la importancia social y política de un sector que ayuda, según la leyenda, a definir la elección de Canelones y, ésta, la nacional”.

Agrega el periodista que un dirigente granjero, al que no menciona, afirmó que “en los últimos cinco años se perdieron 1.600 productores, que existe sobreoferta de productos que conduce a precios cada vez menos redituables, que la demanda cae, que los costos aumentan todo el tiempo, que están peor que antes de 2002, que no hay chance de exportar sin subsidios, que los grandes también están en problemas, que no se pueden pagar los salarios elevados, etc. Este dirigente que así se expresaba a nuestro diario, no concluía sus palabras como lo ha hecho desde siempre, demandando más y más protección porque es imposible”.

Esta situación, dice el ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), es consecuencia de una política “de encierro total”.

“Se creyó que se podía encarecer o prohibir todo lo importado sin que esto tuviera efectos y no es posible. Cuando se aísla a la granja del precio externo, y se fabrica uno interno superior y divorciado de aquél, lo único seguro es que la producción crecerá por un tiempo, es cierto, pero solo hasta que se abarrote el mercado interno, cuyos excedentes no se podrán colocar en ningún lado. Así, todo aumento de oferta doméstica empezando por los productores más pequeños, logra su desaparición hasta que queden unos pocos que por extinción de los demás, atiendan no más allá de la demanda local protegida, privilegiada”, reflexionó. “El parche que sigue ahora es el subsidio a las exportaciones para quitar el excedente -mayor en los más grandes- y luego seguir compitiendo aquí fuera de toda consideración externa, peleando por los despojos de un mercado interno abastecido no importa a qué precio”.

Recuerda Preve que en un momento  se creó un IVA únicamente para los productos importados, lo que en definitiva es un “arancel disfrazado y tramposo”. A ese arancel se “lo utilizó también y así sigue, para subsidiar la industrialización del tomate, que es un fracaso total como bien se recoge en el último anuario de OPYPA”. Además se utilizó “la expedición de un certificado sanitario, no solo para liberarlo conforme a la voluntad discrecional del gobernante de turno, sino aprobándolo previa conformidad de un comité de importaciones, integrado por los mismos granjeros. El gobierno socialista moderó este horror corporativo, pero convirtió el certificado sanitario en un arma más poderosa, ahora de su propia discrecionalidad. En efecto, el gobierno expide certificados, que deberían indicar solo las exigencias sanitarias para importar de cualquier país, pero lo hace conforme a una cantidad de kilos y por determinados períodos del año. Es un abuso consistente en el uso de un trámite con un propósito de protección, que es lo mismo de lo que nos quejamos de otros países del mundo, y ni hablar del acuerdo correspondiente de la OMC que lo prohíbe a texto expreso”.

Esa política, se convierte en un “claro perjuicio del consumidor” y fundamentalmente “para el propio productor”.

“En efecto, una granja encerrada si crece, solo puede aspirar a abarrotar el mercado doméstico y fundirse, no por la existencia de importaciones sino por su propia producción excedentaria que, cuando ocurre, es inexportable por no ser competitiva, que es precisamente la razón por la que se la protegió”.

De esta forma, “la granja no tiene futuro”, enfatizó el analista.

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