20 de enero de 2012 22:19 PM
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La culpa no la tiene el chancho . . . (Susana Merlo)

¿Es posible que un sector que aportó solo por retenciones (impuestos a la exportación) más de US$ 70.000 millones desde 2002 a la fecha, que fue –y es– el puntal de “la mesa de los argentinos”, en cuyo nombre se le sacó al interior una tajada importante de sus ingresos durante los últimos años, que invierte manualmente alrededor de US$ 8.000 millones para producir lo que la Argentina vende al mundo y que constituye la base de la economía de la mayoría de las provincias, enfrente ahora una contingencia climática como la terrible sequía que está asolando a, por lo menos, la mitad del país, y sólo haya para ayuda alrededor de U$S 125 millones?

Parece desproporcionado, liliputiense, y lo es…
Obviamente que con semejante cantidad, unos $500 millones que fija la Ley, el ministro del área debía decir que la ayuda sería “quirúrgica”, y le faltó agregar que ni para eso alcanzaría un monto que se calcula es apenas la mitad de lo que se asigna a Futbol para Todos o el equivalente a 50 días de aportes para la ahora estatizada Aerolíneas Argentinas, según el ex titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR).
Pero al margen de la falta de técnicos serios en el Gobierno para afrontar estas situaciones, y de la demora en adoptar medidas (no así para armar infinitas reuniones, todas bien acompañadas de medios y preferentemente con muchas cámaras de televisión y de fotos), los déficits no son sólo de los funcionarios de turno.
De hecho, la ley de Emergencia Agropecuaria vigente, además de ser antigua, en realidad es un contrapeso que apenas “prorroga” el pago de impuestos y créditos con la banca oficial. Pero, en primer lugar, casi no hay de estas líneas para el campo en este momento y, por otra parte, cuando hay una pérdida productiva generalizada como la actual, muchos productores directamente no pueden pagar los impuestos, con o sin prórroga, por lo que la medida anunciada solo constituye una especie de “blanqueo” de algo que se da de hecho.
¿A alguien se le ocurre vender una máquina, un tractor o bienes productivos como vacas para pagar impuestos, achicando así aún más la capacidad productiva?
Definitivamente no. Pero entonces, ¿por qué no se cambia la ley? Pues porque durante años las sucesivas camadas de legisladores (de cualquier partido) estuvieron más ocupados en sus internas o en la “obediencia debida” al Ejecutivo de turno, que en “pensar” lo que el país necesitaba para ser más grande; entre otras cosas, una verdadera política de seguro agrícola que ayude a los sectores afectados para no cortar la producción, en lugar de dejar qué cantidad de propuestas en este sentido terminaran perdiéndose en los cajones del Congreso.
Tampoco las entidades del sector estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de proponer estas herramientas. Más vale, se quedaron con los reclamos históricos, cómodos, de “eliminar las retenciones” o “bajar la presión fiscal”.
Pero debe quedar bien claro para que nadie después se muestre sorprendido: el segundo problema más serio que enfrenta el país después del volumen de producción que se está perdiendo, y que puede significar 2 y hasta 3 puntos del PBI, es que los productores que no van a cosechar, y por lo tanto no tendrán ingresos por ventas, además de las deudas “prorrogadas” por el Gobierno que tampoco podrán pagar, no van a tener liquidez para encarar la nueva campaña.
De tal forma, el efecto de la sequía 2011/12, se prolongará hasta la próxima campaña haciendo sentir sus efectos en 2013 cuando habrá menor oferta y menores ventas.
Y ahí no pierden solamente los productores agropecuarios, sino que también pierde el país, las provincias, las industrias relacionadas, los comercios, los camioneros que tienen mucho menos para transportar, los pueblos que viven del movimiento del campo y cada uno de los ciudadanos, aunque a muchos les cueste creerlo.
Lamentablemente,  a la hora de votar y elegir autoridades, muy pocos piensan en los verdaderos temas de fondo que hacen a la esencia del país y a su desarrollo. Se priorizan otras cosas, tanto a nivel del Ejecutivo Nacional como de los provinciales, de los legislativos y hasta en los Municipios.
Pero es recién cuando suceden las cosas, cuando falta combustible, después de 8 años de alertas, cuando no hay energía suficiente para las fábricas, cuando como manotazos de ahogado se apela a restricciones absurdas como los fuertes recortes a las importaciones (porque no se pueden gastar más divisas), después de haber adoptado medidas más ilógicas aún como frenar, y hasta cerrar, las exportaciones (caso carne, maíz, trigo, etc.) o cuando una sequía muestra el abrumador grado de dependencia que el país tiene del campo, que se descubre que “el soberano”, el pueblo, debió controlar mucho más a sus funcionarios y legisladores, exigiéndoles otra responsabilidad a la hora de administrar o de legislar, y mucho más dedicación a la función pública y menos distracción en las internas políticas. Después de todo, se los eligió para eso.
Por eso, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer…

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