23 de enero de 2012 18:58 PM
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Impuesto a soja sería discriminatorio e inconstitucional, según dice PWC

El socio principal de PricewaterhouseCoopers en Paraguay (PWC), Rubén Taboada, opina que el proyecto de ley de creación del impuesto a la exportación de soja, maíz y girasol, en estado natural, presentado por el senador Ramón Gómez Verlangieri, vislumbra un fin discriminatorio que violaría principios constitucionales fundamentales, tales como la igualdad ante la ley y la capacidad contributiva a efectos de la determinación de tributos. Destaca que si bien el impuesto gravaría la exportación, en definitiva la carga impositiva sería para el productor.

Según los datos, el 26 de marzo de 2011, el senador Gómez Verlangieri presentó ante el Congreso nacional un proyecto de creación del impuesto a la exportación de determinados productos agrícolas en estado natural.

En la exposición de motivos del proyecto se menciona que este impuesto “generará nuevas fuentes de financiamiento a partir del gravamen a una actividad que genera ganancias a partir del consumo de recursos naturales del país (consumo de nutrientes del suelo)”.

La justificación agrega que el posible impuesto “promoverá la industrialización de materia prima que redundaría en la generación de empleo y valor agregado a los productos a exportar”.

En el proyecto se expone que la pretensión es gravar únicamente la exportación de soja, maíz y girasol, que son actividades, según el proyectista, solo de medianos y grandes contribuyentes.

En cuanto a los argumentos expuestos para apoyar este proyecto se menciona también que esta actividad “genera grandes ganancias para exportadores, que ocasionan altos grados de contaminación por agrotóxicos y que esta actividad es realizada por agroexportadores extranjeros que no dejan réditos en el país”.

Rubén Taboada señala que en la referida exposición de motivos se vislumbra un fin discriminatorio, que violaría principios constitucionales fundamentales como la igualdad ante la ley y la capacidad contributiva a efectos de la determinación de tributos. Agrega que si bien el impuesto gravaría la exportación, en materia del agro, cualquier efecto respecto al costo que tenga el producto siempre es trasladado al productor, es decir, que en definitiva el exportador no terminaría soportando la carga impositiva, sino lo haría el productor.

Reglamentación

El especialista detalla que el hecho generador para el proyecto referido constituye la exportación de soja, maíz y girasol en estado natural. Define que dentro del estado natural se consideran igualmente las alteraciones realizadas a dichos productos al solo efecto de su conservación. Añade que los contribuyentes serán las personas físicas y jurídicas que realicen la exportación.

En cuanto al concepto de la exportación, se define como tal a la salida definitiva de productos del territorio nacional.

El análisis de PWC expresa que al ser la exportación una terminología propia del Código Aduanero, parecería más propicio utilizar o referirse a la definición de dicha normativa. Agrega que el Código Aduanero establece que la exportación definitiva se da con la salida con carácter definitivo del territorio aduanero, de mercaderías en libre circulación (Art. 149º). El territorio aduanero abarca el límite terrestre, acuático y aéreo sometido a la soberanía de la República del Paraguay, como también en los enclaves constituidos a su favor, según el Art. 3º, numeral 1 del mismo cuerpo legal.

Obligación tributaria

En cuanto al nacimiento de la obligación tributaria, dice que se origina con el cumplido de embarque. “Consideramos pertinente esta aclaración, la cual concuerda con la normativa impositiva (Ley Nº 125/91, redacción dada por la Ley Nº 2421/04), mejorando las disposiciones del proyecto anterior de 2009 (Proyecto Nº 3143 presentado por el senador Sixto Pereira), en el que se establecía que el nacimiento se configuraría con la facturación”, acota el estudio.

Detalla que la base imponible del proyecto Gómez Verlangieri será el 100% del precio facturado por la operación de exportación.

Sobre dicho aspecto puntualiza que la posible ley no aclara si la referida base estaría igualmente integrada por los servicios que podrían incluirse en la condición de la venta de exportación, como sería el caso del flete y seguros. “Consideramos importante que se determine con precisión que la base imponible fuese el precio de venta del producto en estado natural, dado que la frase -el precio correspondiente a la operación de exportación- es poco claro, pudiendo dar lugar a interpretaciones ambiguas”, advierte el especialista.

Destaca como importante la facultad delegada al Ejecutivo para disminuir la referida base imponible, inclusive en forma discriminada por cada uno de los productos en casos excepcionales y de forma temporal. “Es conveniente determinar con mayor claridad qué se entiende por sucesos graves que perjudiquen factores de producción y comercialización, para evitar posibles arbitrariedades”, dice Taboada.

La tasa del 6%   

El proyecto establece que lo recaudado por dicho tributo será destinado el 1% al sector agrícola, así como también otro porcentaje igual (1%) a la infraestructura agrícola. “Parece interesante que el tributo se vuelque nuevamente al sector agrícola del cual proviene el producto cuya actividad de exportación estaría soportando la carga impositiva. Sin embargo no resulta claro cuál será el sector agrícola beneficiado o cómo y en qué concepto. Tampoco se define qué se entiende por infraestructura agrícola, por lo que entiendo conveniente la utilización de una terminología más precisa o, en su caso, la delegación de facultades al Ejecutivo para reglamentar ello a futuro, lo cual no está siendo previsto”, expresa el análisis.

Excepción  

En cuanto a la excepción, comenta que el proyecto establece exonerar al productor del rubro agrícola, que es objeto de la presente, del pago del tributo en casos de fenómenos o desastres naturales.

Sobre el punto advierte que, según el texto, se exoneraría del pago de este tributo al productor, el cual no es contribuyente de este tributo (es el exportador). “Salvo que con la referida redacción se pretenda exonerar del pago del impuesto a la renta agropecuaria del cual sería contribuyente el productor o bien la exoneración solo fuese aplicable al productor que realiza también la actividad de exportación de los productos gravados en estado natural”, comenta.

El posible impuesto establece que esta exoneración estará definida por el Ministerio de Hacienda y que sería aplicable en dicho periodo, es decir, durante el desastre o fenómeno natural.

Regulación de la exoneración

El análisis de PWC destaca que, supuestamente, el Ministerio de Hacienda, por decreto, regularía la exoneración referida. “Este hecho sería un procedimiento inadecuado aun cuando se establezca una delegación de la facultad para ello; pues entendemos que tanto el tributo como las consecuentes dispensas legales deberían ser estipulados en una ley”, señala.

Por último, refiere que en el proyecto no se prevé que las consecuencias de los fenómenos y desastres naturales se presentan con posterioridad a la ocurrencia de los mismos, por lo cual, la dispensa legal debería ser aplicada en el periodo posterior, en cuanto la misma fuese aplicable a los productores, según la redacción del mismo.

Cambios en el Imagro

El Ministerio de Hacienda, la semana pasada modificó la reglamentación del Imagro para ejercer un mejor control en el sector y recaudar más. El siguiente paso es insistir ante el Parlamento en la aprobación del proyecto de ley que grava la exportación de soja, maíz y girasol; así como también implementar el IRP.

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