27 de enero de 2012 00:46 AM
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Febrero, un plazo para las respuestas

Los productores reclaman mayor celeridad oficial en la atención de la emergencia por la sequía. Podrían decidir acciones de protesta.

Las consecuencias económicas y sociales de la sequía están en la primera línea de la agenda rural, por más que esta semana no pasó inadvertido para dirigentes y productores un nuevo avance del Gobierno nacional para tomar el control definitivo de otra caja del sector: la del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre).

La fecha del próximo 20 de febrero quedó señalada, al menos en el interior de la provincia de Córdoba, como el límite de las expectativas para medir el cumplimiento de las medidas de ayuda anunciadas desde la esfera oficial.

Durante una asamblea realizada en Elena el pasado martes, convocada por la Federación Agraria, productores del centro y sudoeste provincial dispusieron redoblar, por ahora, los esfuerzos en la gestión de soluciones ante la Nación. De no mediar respuestas concretas al 20 de febrero, la moción fue reencontrarse en una asamblea regional de mayor alcance y en ella analizar acciones gremiales de protesta.

 

Se hizo notar que la celeridad de respuesta de los diferentes estamentos gubernamentales “no es acorde con la gravedad de la situación”.

Recortes en los arrendamientos, refinanciación de vencimientos, ampliación de la emergencia, apoyo financiero, figuran entre las demandas.

El monitoreo del escenario productivo al cabo de las lluvias que comenzaron el jueves de la semana anterior configuró algún alivio, pero también la ratificación de que el resultado de la cosecha no será neutro para el aparato económico nacional.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio ayer su primera estimación para el maíz –el cultivo más afectado por la sequía–, con una proyección de 22 millones de toneladas. Esto, sujeto a una favorable evolución climática durante los meses futuros, pero ya lejos de las proyecciones más optimistas de comienzos de campaña, cuando se llegó a prever un récord cercano a los 30 millones de toneladas.

En el caso de la soja, la misma institución proyectó un volumen final de 46,2 millones de toneladas para la campaña en curso (un recorte interanual de dos puntos en comparación con los 49,2 millones de toneladas logradas en 2011.

Un diagnóstico, mencionado por el titular de Coninagro, Carlos Garetto, es que en la actual campaña se conjugaron tres factores “aniquiladores”: la caída de precios internacionales, que en algunos casos superó los 100 dólares por tonelada; la suba de insumos dolarizados (30 por ciento en algunos fertilizantes y agroquímicos) y, finalmente, la sequía que afectó los medios de producción.

“Si no hay rentabilidad, el productor grande sale del negocio y el productor chico desa­parece”, sostiene Garetto.

Con el Gobierno nacional, dijo, será necesario analizar toda la ecuación de rentabilidad, la política de comercialización y la parte impositiva, que está presionando mucho sobre los costos (incluidas las retenciones).

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