30 de enero de 2012 10:07 AM
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Nuevo comité auditor analiza el estado contable y financiero del ex Renatre

El delegado normalizador del Renatea, Marcelo Maffe, analizó junto a ese comité el estado de situación patrimonial, económico y financiero del organismo. El jueves, el Poder Judicial rechazó en forma definitiva las cautelares que buscaban frenar la puesta en marcha del Renatea.

El nuevo comité auditor, junto al delegado normalizador del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Marcelo Maffe y el síndico general, Daniel Reposo, se reunieron para analizar el estado de situación patrimonial, económico y financiero del flamante organismo.

“El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de determinar el estado de situación patrimonial, económico y financiero del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea)”, destacó la Sindicatura General de la Nación (Sigen)

Y añadió: “se han establecido, además, líneas de acción concretas para la próxima semana, como así también la necesidad de organizar los distintos esquemas de trabajo para poder llevar adelante la tarea.

El Comité Auditor está integrado por funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Sigen. Según lo establecido por el nuevo Estatuto del Peón Rural sancionado en diciembre por el Congreso de la Nación, el ex Renatre fue reemplazado por el Renatea.

Maffe ejercerá la función por el término de 60 días. Asumió su cargo luego de que la Justicia rechazara las medidas cautelares interpuestas por el gremio Uatre, que hasta ahora se había encargado de llevar adelante este registro, creado hace una década.

Por Resolución 96/2012, publicada el viernes último en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, designa para integrar al Comité  al subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía,  Manuel María Somoza, en representación de esa cartera; al subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Gustavo Alberto Álvarez,  en representación de ese organismo; a la  Gerente de Normas y Procesos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Gladys Rocher, en representación del mencionado Organismo, y al  Subsecretario de Relaciones Laborales,  Álvaro Daniel Ruiz,  en representación del Ministerio de Trabajo.

En dicho decreto, agrega, se dispuso la creación de un comité consultivo para que brinde asistencia y asesoramiento en las diversas materias relacionadas con el Renatea al Delegado Normalizador, durante el período de transición.

Estos fueron los pasos posteriores a que el Poder Judicial rechazara definitivamente las cautelares que buscaban frenar la puesta en marcha del Renatea.

Por unanimidad, la Sala de Feria de la Cámara de Seguridad Social descalificó el procedimiento seguido en las medidas cautelares por el juez Alberto Ize.

Los tres jueces que integran la Cámara de Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola, Nora Dorado y Juan Poclava Lafuente, revocaron la decisión del juez Alberto Ize tanto en la acción de amparo del Renatre, como en la similar de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que buscaban frenar la aplicación del Renatea.

Los magistrados señalaron que la medida cautelar para “su viabilidad se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la acreditación de contracautela”.

Indicaron que la medida “no parece debidamente justificada” porque “no resulta suficiente el mero enunciado del dictado de la Ley 26.727 y la transcripción literal de citas jurisprudenciales, sin que mínimamente se precise el derecho inminentemente lesionado”.

Explicaron, también, que “no se justifica el dictado de la medida”, y en los que respecta al periculum in mora (peligro en la demora) los jueces aseguraron que quienes presentan el amparo “conforman meras manifestaciones carentes de fundamentación suficiente y comprobación y fáctica, pues en modo alguno acredita cual es el perjuicio que producirá la alteración del estado de hecho y de derecho existentes a partir de la aplicación de la normativa impugnada”.

“Finalmente, no ha de perderse de vista que en la resolución que motiva el recurso en tratamiento, se omitió toda referencia a la exigencia de la contracautela, recaudo que el amparista pretende cumplimentar mediante la caución curatoria”, afirmaron los magistrados en la resolución.

El Ministerio de Trabajo aseguró que “el fallo es contundente en cuanto a la plena vigencia de la Ley 26.727 y rechaza todos los cuestionamientos formulados al procedimiento seguido para poner en el cargo al Delegado Normalizador, Marcelo Maffé, en cumplimiento por lo dispuesto en el decreto 6/2012 del PEN”.

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