3 de febrero de 2012 15:35 PM
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La costosa política del “después” . . . (Susana Merlo)

A pesar de las correcciones de discurso sectorial que adoptó el Ministerio de Agricultura, que hasta diciembre insistía con una “cosecha récord” de más de 106 millones de toneladas cuando se sabía que eso era técnica y ecológicamente imposible, no disimulan la falta de políticas estructurales, especialmente contra cíclica y para emergencias como la actual sequía, que determinaron las demoradas medidas que finalmente se anunciaron desde el Gobierno, y que no servirán para atenuar el daño que registrará la Argentina este año y el próximo.

La pérdida, durante 2012, será por la fuerte caída de la producción que hoy se estima en no menos de US$ 8.000/10.000 millones, y que no será compensada con los US$ 600/650 millones que anunció el Gobierno. Aunque buena parte se destine a subsidio de tasa, lo que amplía sensiblemente el monto.
Además de la baja en las exportaciones y su impacto en las cuentas públicas, también perderán fuertemente la cadena comercial, que en muchos casos financia a cosecha (que no habrá), y los gobiernos provinciales por poseer una menor recaudación, debido al achicamiento de la actividad económica, y por la baja en la recaudación ya que, de hecho, con la emergencia agropecuaria se prorrogan los pagos de impuestos.
También pierden los inversores de los pools, particularmente afectados, pues se concentran en la Pampa Húmeda, donde más fuerte pegó la seca. Los proveedores de servicios (menos viajes de camión, menor actividad bancaria, etc.), y los de insumos, que verán, por lo menos, demorados sus pagos, no son la excepción.
Pierden otros eslabones de la cadena productiva que dependen de esa materia prima (polleros, aceiteros) y, naturalmente, los productores que invirtieron de US$ 300 a US$ 500 por hectárea, y en muchos casos no recuperarán nada.
Pero ese problema se agudiza más aún para 2013 ya que sin tener cosecha para vender, el campo tampoco tendrá ingresos para invertir en la campaña 12/13, cuya siembra comienza a mediados de año con el trigo y sigue unos meses después con el maíz, girasol y soja.
Serán entonces “2 años de pérdida”, y nuevamente comprenderá a todos los sectores ya que actualmente tampoco se vende maquinaria ni insumos.
Se sabe que sólo la campaña agrícola anual, o sea, la producción de granos de cosecha, implica cerca de US$ 10.000 millones para cubrir alrededor de 30/32 millones de hectáreas que se cultivan. Esto representa un monto similar al que se perdió.
¿De dónde va salir? ¿Quién va a financiar?
Es evidente que la solución no está y no va a aparecer porque para eso hubiera hecho falta “previsión”.
Periódicamente hay sequías y también hay inundaciones. Hay subas espectaculares de mercado y caídas estrepitosas. Sin embargo, Argentina no tiene políticas estructurales para atenuar estos efectos o para aprovechar los períodos de bonanza para cuando vienen “los años de vacas flacas”.
Eso pasó desde 2004 hasta casi el año pasado, con mercados internacionales récord y demanda creciente. Pero en lugar de utilizar esas ganancias extraordinarias para hacer un fondo para emergencias como esta, desde 2002 se captaron recursos del campo y del interior, vía retenciones, por más de US$ 80.000 millones, que se canalizaron en otras acciones que no sirvieron siquiera para abaratar el famoso “costo argentino”, mucho menos para tener los recursos que ahora requiere la emergencia.
Pero sería injusto endilgarles toda la responsabilidad (o la irresponsabilidad) a los funcionarios de turno que, evidentemente, no estaban preparados o no les importó para nada el asunto.
El caso es que tampoco los gobernadores reclamaron o hicieron los planteos correspondientes y, por ende, menos todavía casi todos los legisladores de cada una de las provincias, ya que a los únicos que se les podría “perdonar” la indiferencia es a los de Capital Federal, pues no es zona agropecuaria.
Aún así, dado que reciben parte del Fondo Federal Sojero (aunque las únicas plantas de soja que se pueden encontrar deben estar en la ¡Facultad de Agronomía!), bien podrían haber “distraído” algo de su tiempo en legislar por el interés general del país.
Pero lo más grave es que tampoco las organizaciones del sector plantearon o propusieron leyes para esta materia como la de Seguro Agrícola, que ahora absorbería buena parte de las pérdidas; o la de Incentivo a la Tecnificación para no depender “sólo” de la lluvia que manda Dios, habiendo agua suficiente para regar pocos metros por debajo; o la de Emergencia Agropecuaria pero “real”, y no un salvavidas de plomo como la actual; o la de Transparencia de los Mercados para poder “cubrirse” en ellos sin que sean distorsionados como ocurre ahora, entre otras varias.
Lo concreto es que hay “irresponsabilidades” concurrentes, y que nadie hasta ahora parece sacar la cuenta sobre cuánto más cara es la política de tratar de solucionar los problemas “después”, en lugar de prevenirlos.

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