6 de febrero de 2012 10:28 AM
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En los próximos días, reglamentarían la nueva ley contra la extranjerización

Los ministros de Agricultura y Justicia se reunieron para avanzar con la reglamentación de la ley que limita la propiedad extranjera del suelo, que se oficializará los próximos días. En simultáneo, se pondría en marcha el Registro Nacional de Tierras Rurales.

Los titulares de las carteras de Agricultura, Norberto Yauhar, y de Justicia, Julio Alak, ultimaron detalles para la reglamentación de la Ley de Protección del Dominio del Suelo, sobre extranjerización de tierras rurales, y la puesta en marcha del Registro Nacional de Tierras Rurales.

Yahuar subrayó que “esta legislación responde a un proyecto nacional de desarrollo basado en la independencia económica y la distribución de la riqueza”.

Alak destacó que la Ley de Protección del Dominio del Suelo aprobada en diciembre último “fortalece la soberanía nacional a través de la defensa de nuestros recursos estratégicos”, porque “frenará el proceso de enajenación de la tierra y evitará su concentración mediante la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros”.

La ley, que será reglamentada en los próximos días por el Poder Ejecutivo, fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional para extranjeros.

La norma crea además el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este organismo permitirá ordenar la información sin violar las autonomías y los derechos federales, compartir la información, mejorar la seguridad jurídica del país y contribuir al desarrollo económico.

También establece la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en línea con la concepción de Estado moderno, interdisciplinario y multiagencial que desarrolla este Gobierno, indicó la cartera de Justicia.

La ley establece que hasta el 15 por ciento del territorio nacional puede estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.

Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.

La legislación establece que las tierras en poder de extranjeros “no podrán superar las 1.000 hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.

La norma destaca que se “atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina”, vigentes a la entrada en vigor de la ley y que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable”.

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