18 de enero de 2010 07:35 AM
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Un círculo vicioso y anuncios vacíos

Las heridas de la intervención

A partir de 2006, el trigo -cultivo base de las economías regionales del sur bonaerense donde se cosecha el 60% de la producción nacional- fue el eje de la disputa entre el kirchnerismo y el sector agropecuario. El mencionado año, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fijó el precio del grano y según se ha reconocido extraoficialmente, por la vía de la presión obligó a exportadores y molinos a no pagar más de 370 pesos por tonelada, precio que rigió hasta la siguiente campaña.
Desde entonces, en el sector de la comercialización de granos se instaló la tasa extraoficial por "riesgo de mercado". Así se conoce el descuento que exportadores y molinos realizaron todos estos años, cuando el mercado funcionó con intermitencias, y que promedió los 30 dólares. Es decir, sobre los precios pagados a los productores, los compradores hicieron ese descuento a causa de las distorsiones que, a su criterio, se produjeron en el mercado por la intervención oficial.
Se hicieron habituales las reuniones de Moreno con las empresas exportadoras y los molinos, con quienes estos años firmó varios acuerdos de "abastecimiento, precios y exportaciones". Esos pactos, que incluyeron siempre el compromiso de pago de precio lleno al productor, siempre se cumplieron a medias.
En todos estos años de intervención, se consolidó un círculo vicioso en el que el problema del trigo gira sin encontrar solución: 1) el Gobierno cierra las exportaciones para asegurar el abastecimiento interno, que según el año el oficialismo estima más cerca de las 6 millones de toneladas, o por encima de los 7 millones de toneladas; 2) los exportadores no compran porque dicen que no pueden venderlo y la molinería lo hace como siempre, a lo largo del año; 3) se desincentiva la siembra y cae la producción; 4) el Gobierno presiona a los demandantes para que paguen más y así entusiasmar a los productores, y ofrece créditos blandos y compensaciones; 5) los productores dejan progresivamente de sembrar trigo y se pasan al cultivo con menor riesgo político: la soja; 6) cae la producción y el Gobierno, ante el riesgo de abastecimiento, refuerza el cerrojo sobre las exportaciones.
Tan vicioso fue este círculo que terminó por estrangular el mercado, a punto tal de que en plena cosecha la oferta se quedó sin demanda. Desde principios de diciembre, prácticamente no se compra ni vende trigo en la Argentina. Precisamente, el nuevo acuerdo anunciado esta semana por el Gobierno busca resolver el problema aplicando la misma receta que lo originó.
En tanto, hay varios motivos para desconfiar de los anuncios oficiales: hasta el momento ni siquiera fue reglamentada la devolución de retenciones a pequeños productores de trigo y maíz que la presidenta anunció en setiembre del año pasado. Tampoco hubo avances con los anuncios de hace un año respecto de los programas de Maíz y Trigo Plus, por los cuales las retenciones iban a reducirse a medida que la producción aumentara. Es más, ni siquiera está claro qué es un mediano y pequeño productor. Como tampoco es transparente la determinación del bendito precio FAS teórico.
Hablando de eso, en ninguno de los anuncios se informaron detalles sobre el préstamo anunciado, ni de la metodología para asegurar el pago al valor FAS teórico oficial a los productores.
El presidente de la Federación Argentina de la Industria  Molinera (FAIM), Alberto España, señaló que "el precio que recibirán los productores trigueros tiene que ser el FAS teórico con diferenciales de flete de acuerdo a donde se encuentre cada molino".
Para la Bolsa de Comercio, de esta modalidad, establecida por una resolución de la ONCCA, surgen los denominados "flete fantasmas": una práctica de doble flete instrumentada por algunos molinos harineros para aplicar recortes al valor efectivo final pagado a los productores de trigo. Eso pasa acá en Tres Arroyos: hay chacareros que están a 20 kilómetros del molino al que le venden pero tienen que pagar, además del flete corto, un flete adicional como si el camión descargara en el puerto de Necochea. Así, el descuento ronda los 70 pesos sobre el FAS teórico. Y lo peor que eso es avalado por el mismo Gobierno que dice querer defender al productor triguero.

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