7 de noviembre de 2009 02:23 AM
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Alcances del nuevo impuesto a la herencia

El tributo, sumado a los que ya se pagan en el momento de la sucesión, podría constituir una situación inconstitucional

La provincia de Buenos Aires en su versión del código fiscal 2010, con vigencia a partir del 1° de enero del año próximo ha sancionado el impuesto a la herencia y a la transmisión gratuita de bienes. En el orden nacional, la Argentina lo aplicó entre 1973 y 1976, sin resultado recaudatorio satisfactorio. En 1995 se incluyó en la ley de educación bonaerense sin ser exigible por faltar definir los porcentuales y sujetos de la norma, lo que dejó a la norma vacía de contenido. El objetivo es gravar todo aumento de riqueza a título gratuito, incluyendo herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajenaciones directas o por interpósita persona en favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge, y los aportes o transferencias a sociedades. Las vías de evasión han sido cubiertas en su mayoría, fijando presunciones y períodos de sospecha que muestran el nivel de análisis y cuidado en su redacción. Para combatirla, se ha previsto gravar: a) las ventas de inmuebles realizadas hasta dentro de los 5 años del fallecimiento a sus herederos forzosos o a sociedades integradas por descendientes; b) compras de bienes a nombre de descendientes o hijos adoptivos menores de edad, que ellos no puedan justificar, y c) constitución, ampliación y disolución de sociedades entre ascendientes y descendientes. También están gravadas las operaciones realizadas en el denominado período de sospecha, tales como las extracciones de dinero de las cuentas del causante o su cónyuge, realizadas en los 60 días anteriores al deceso de cualquiera de ellos, los títulos y acciones que se hubieran comprado dentro de los 6 meses anteriores al deceso del causante y estén en poder de los herederos al momento de su muerte. No sólo los inmuebles y los derechos reales están gravados, sino también todos los bienes propiedad de una persona física que puedan considerarse radicados en la provincia. Entre otros, bienes muebles, depósitos bancarios, créditos, títulos públicos, acciones coticen o no en bolsa, cuotas representativas de sociedades, certificados de participación y cuotas partes de fondos comunes de inversión, así como derechos de propiedad industrial, científica, literaria o artística. Solo está exento el inmueble registrado como bien de familia con independencia de su valor, siempre que no se venda antes de los 5 años posteriores. Para cumplir este requisito debe ser la morada del grupo familiar, sin admitirse en la legislación de fondo la inclusión de tierras rurales. La ley dispone en forma detallada la forma de valuación de cada uno de los bienes que integran el patrimonio transmisible, permitiendo obviamente deducir las deudas pendientes del causante. En los últimos años muchas personas mayores de edad han transferido la nuda propiedad de inmuebles (campos u otras propiedades) en favor de sus futuros herederos, manteniendo el usufructo en cabeza propia, suponiendo que ello evitaría el pago de cualquier impuesto de esta naturaleza. Sin embargo, la ley ha previsto la valuación del usufructo de cuyos bienes al momento del fallecimiento quedan en poder pleno de los beneficiados. Se pretende gravar la totalidad de los bienes del causante existentes en el país cuando su último domicilio sea en la provincia de Buenos Aires, siendo una norma de dudosa legalidad. No resulta razonable exigir un impuesto al momento de transmisión de bienes entre generaciones, habiendo contribuido ya sobre el patrimonio transferido con una alícuota que alcanza el 1,25% sobre todas sus pertenencias, y tributado el impuesto a las ganancias sobre las rentas necesarias para su adquisición. Es preocupante que un mismo bien pueda quedar atrapado por el impuesto inmobiliario, bienes personales, ganancia mínima presunta – según el caso- y como "gota que rebalsa en el vaso" el impuesto a la herencia. Eso no es inconstitucional a priori, pero podría ser confiscatorio si excede los límites razonables de imposición. El impuesto se determina sobre los patrimonios que excedan los $ 3.000.000, aplicando la tasa sobre el total desde el 5% para los hijos, hasta el 10,5% para parientes más lejanos, sobre toda la fortuna. No interesa la cantidad de hijos, nietos, ni su riqueza previa. Muchos quedarán obligados a vender campos en forma total o parcial para enfrentar esta nueva carga fiscal; así se entorpecerá el desarrollo económico. Por Santiago A. Sáenz Valiente
El autor es contador, socio del estudio Sáenz Valiente & Asociados

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