9 de noviembre de 2009 07:56 AM
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Temen fuga de inversiones en el agro

El proyecto del Gobierno impulsa mayor presión impositiva en Ganancias; las empresas ya piensan en sembrar en países limítrofes.

Cuando falta un mes para el recambio legislativo, el oficialismo en la Cámara de Diputados, con otras bancadas minoritarias, procurará acelerar esta semana la nueva ley de arrendamientos, muy resistida por el sector agropecuario por la mayor presión impositiva que, según estima, va a provocar. Se busca cambiar una norma original de hace más de 50 años que provocará, según el ruralismo, desaliento tanto en las grandes empresas como en contratistas y prestadores de servicios, lo que implicará, en definitiva, llevar sus inversiones a países limítrofes. Según trascendió, mañana el kirchnerismo intentará tratar el tema en una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación General, con objeto de elevar dictamen y pasar al recinto para votar la media sanción. Según comentó Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), uno de los puntos más controvertidos es el artículo 83, que, según explicó, introduce un impuesto progresivo adicional a las ganancias de entre el 25 y el 45 por ciento. De hecho, puede llegar a ese porcentaje en el caso de alguien que arriende más de 30 unidades mínimas productivas, un parámetro de escala que se deberá fijar en cada región. En este sentido, las alícuotas del adicional serían: cero por ciento para los contratos establecidos de hasta diez unidades económicas; 25% para los contratos de entre 10 y 20 unidades; 33% para los de entre 20 y 30, y 45% para los contratos de 30 o más unidades económicas. Para Ambrosetti, con ese adicional, que estará a cargo del arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total ronde el 80 por ciento, esto es, considerando ganancias más el tope del adicional para quien supere las 30 unidades económicas. Según el economista, con esta iniciativa se "destruye" el negocio agropecuario, porque "impide la búsqueda de escala y la eficiencia económica y productiva y atenta también contra los pequeños y medianos productores que buscan escala", expresó Ambrosetti. En la Argentina, se calcula que el 60% de la producción de granos se hace sobre campos alquilados. En tanto, las grandes empresas de siembra, que cultivan miles de hectáreas en la Argentina y el Mercosur pagando alquileres, como El Tejar, Los Grobo, MSU y Cazenave & Asociados, entre otras, se verían afectada por la norma. Para Ambrosetti, en ese escenario las megaempresas podrían optar por sembrar más en los países limítrofes. La semana pasada, LA NACION había informado que varias de las firmas más importantes este año están duplicando su siembra en otros países del Mercosur, como Brasil y Uruguay, mientras sólo mantienen su área en la Argentina. "Sumando Ganancias y el adicional, el impuesto podría estar cerca del 80%. Con ese nivel de presión las inversiones del sector se desviarían a países limítrofes", indicó Ambrosetti. Por su parte, el diputado nacional José Arbo (Liberal-Corrientes) opinó que, de prosperar la iniciativa, se "impulsará a la marginalidad a muchos productores", y que "muchos capitales nacionales elegirán invertir en países vecinos, en busca de rentabilidad y de seguridad jurídica". Otros actores que se verían afectados son los contratistas, prestadores de servicios agrícolas de siembra y cosecha, que en los últimos años también alquilaron campos. El economista de la Rural acotó que esta carga extra sobre el negocio agrícola también podría deprimir la productividad en futuras campañas. Otros efectos La iniciativa elimina también los contratos accidentales (que se hacen por una sola vez o una cosecha). Para el especialista, esto también puede traer un efecto negativo para pequeños y medianos productores que, ante una situación de falta de capital de trabajo, en vez de salir del circuito productivo alquilan su campo por una campaña para hacerse de fondos y volver a producir en la siguiente. Para los alquileres agrícolas, la norma mantiene un mínimo de tres años. Por otra parte, el INTA sería el organismo encargado de fijar los precios de referencia para los contratos en las distintas zonas. Si el precio de mercado del alquiler se ubicara por debajo de lo que fije el organismo oficial como referencia, los adicionales de Ganancias se calcularían con el precio oficial y no sobre la base del valor del mercado. 60%
Producción de granos
En la Argentina ése es el porcentaje que se trabaja sobre campos alquilados. 80%
Presión impositiva
Hasta ese nivel puede llegar el impuesto a las ganancias más el adicional que dispone el proyecto de ley. 45%
Máxima alícuota adicional
Es la que deberán pagar los productores si alquilan campos con más de 30 unidades productivas.

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