9 de noviembre de 2009 09:47 AM
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Peligran las inversiones en el agro por el cambio en Ley de Arrendamientos

El proyecto del Gobierno impulsa presión impositiva en Ganancias y desalienta a productores, contratistas y prestadores. Se trataría el martes en Diputados

El Congreso de la Nación trabaja a contrarreloj para apurar la aprobación de una serie de proyectos ante del recambio legislativo de diciembre. Y el campo no pudo escapar al debate. 
Aún con las protestas de los productores latentes y con un acuerdo que nunca se pudo alcanzar, el Gobierno insistirá en la sanción de una Ley de Arrendamientos que impone más presión al sector y desalentaría, directamente, las inversiones.

La propuesta intenta cambiar una norma de hace más de 50 años que provocará, según el ruralismo, desaliento en las grandes empresas, en contratistas y prestadores de servicios, lo que implicará llevar sus inversiones a países limítrofes, según publica el diario La Nación en su edición de hoy.

Según trascendió, mañana el kirchnerismo intentará tratar el tema en una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación General, con objeto de elevar dictamen y pasar al recinto para votar la media sanción.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 83 que introduce un impuesto progresivo adicional a las ganancias de entre el 25 y el 45%, porcentaje máximo que se puede alcanzar en el caso de alguien que arriende más de 30 unidades mínimas productivas, un parámetro de escala que se deberá fijar en cada región.

Las alícuotas del adicional, según el matutino, serían:  0% para los contratos establecidos de hasta 10 unidades económicas; 25% para los contratos de entre 10 y 20 unidades; 33% para los de entre 20 y 30, 45% para los contratos de 30 o más unidades económicas. Con ese adicional, que estará a cargo del arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total ronde el 80%, esto es, considerando ganancias más el tope del adicional para quien supere las 30 unidades económicas. 

El economista jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ernesto Ambrosetti, enfatizó al matutino que con esta iniciativa se "destruye" el negocio agropecuario, porque "impide la búsqueda de escala y la eficiencia económica y productiva y atenta también contra los pequeños y medianos productores que buscan escalai.

En la Argentina, se calcula que el 60% de la producción de granos se hace sobre campos alquilados.

En tanto, las grandes empresas de siembra, que cultivan miles de hectáreas en la Argentina y el Mercosur pagando alquileres, como El Tejar, Los Grobo, MSU y Cazenave & Asociados, entre otras, se verían afectada por la norma. Para Ambrosetti, en ese escenario las megaempresas podrían optar por sembrar más en los países limítrofes.

Otros actores que se verían afectados son los contratistas, prestadores de servicios agrícolas de siembra y cosecha, que en los últimos años también alquilaron campos.

La iniciativa elimina también los contratos accidentales (que se hacen por una sola vez o una cosecha). Para el especialista, esto también puede traer un efecto negativo para pequeños y medianos productores que, ante una situación de falta de capital de trabajo, en vez de salir del circuito productivo alquilan su campo por una campaña para hacerse de fondos y volver a producir en la siguiente.

Para los alquileres agrícolas, la norma mantiene un mínimo de tres años. Aunque el cambio es que INTA sería el organismo encargado de fijar los precios de referencia  en las distintas zonas.

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