19 de febrero de 2010 07:00 AM
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JARC ve inviable la normativa europea sobre la ampliación de granjas porcinas

Según la JARC, tres de cada cinco granjas de cerdas de la demarcación de Girona corren el riesgo de verse obligadas a cerrar si se cumple esta regulación, que obliga a incrementar el espacio actual en un 25%.

El peligro que esta organización aprecia para las 242 explotaciones de cerdas reproductoras existentes en las comarcas gerundenses es que los ayuntamientos les denieguen el permiso de obras para llevar a cabo la ampliación. Los ganaderos han denunciado también el "via crucis" que sufren en diferentes municipios de la demarcación cuando quieren incrementar el espacio, ya sea para adaptarse a la ley de bienestar animal o para mantener la viabilidad económica de las granjas. Este sindicato agrario llevó el caso ante el Síndic de Greuges, quien recordó al Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAR) que este sector es una pieza clave para preservar la actividad agrícola y ganadera. El responsable del porcino de JARC en Girona, Salvi Marull, ha explicado que, a pesar de las explicaciones del Síndic, desde el departamento se han desentendido de esta problemática. Según la organización agraria, el gobierno catalán se limitó a comunicar que hará llegar informes no vinculantes a los consistorios. "Si un ayuntamiento no quiere esta actividad, la Generalitat tendría que mediar para intentar hacerla posible o para lograr su traslado", ha señalado Marull. Los responsables de los jóvenes agricultores han recordado que sólo un 7% del total de explotaciones porcinas que hay en las comarcas de Girona están situadas a más de un kilómetro de un núcleo urbano, que es lo que establece la normativa, porque las urbanizaciones se han ido acercando a estas granjas.

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