24 de febrero de 2010 12:17 PM
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Otra vez Moreno, detrás de las trabas de la ONCCA

La obligación de cerrar contratos con el exterior únicamente sobre la base del cereal adquirido y certificado sostienen que aumentará los costos de intermediación.

Referentes del circuito exportador local salieron a cuestionar el mayor intervencionismo oficial en el comercio de cereales, provocado esta vez por la resolución de la ONCCA que dispone un nuevo abanico de exigencias a quienes pretendan vender granos al exterior, previo a otorgarles las licencias correspondientes (ROE).
El revuelo que provocó la disposición del organismo que conduce Juan Manuel Campillo llevó a que los operadores del circuito granario expresaran malestar por la entrada en vigencia de la normativa 561/10, publicada en el Boletín Oficial, al sostener que "burocratizará más el comercio exterior para el trigo y el maíz".
Frente a las nuevas exigencias del ente, los exportadores pidieron un sistema operativo "más flexible y sencillo de realizar", indicaron referentes calificados del sector.
Voceros de firmas exportadoras de primera línea no descartaron realizar una presentación de reclamo ante la ONCCA, referida a las dificultades que se presentarán para obtener los certificados que autorizan la exportación de esos cereales (ROE).
Respecto de la normativa, introduce, entre otros cambios, la exigencia a los operadores (exportadores), de acreditar la compra de la mercadería, a quiénes se efectuó la compra (con razón social, CUIT, dirección), de cuántas toneladas se trata y a qué cosecha corresponden, fecha en la cual se realizó la adquisición, precio pactado y precio pagado, todo detallado en el nuevo formulario DJ-005/C para poder solicitar los ROE, precisaron voceros del sector.
Asimismo, desde el sector productivo lamentaron que, mientras continúa el conflicto provocado por sucesivas intervenciones oficiales sobre el maíz y el trigo, sumadas a la posición adoptada por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acerca de decidir "a dedo quién exporta y quién no, ayer la ONCCA decidió intervenir más el comercio, complicando el devenir comercial de los dos cereales", indicaron desde las entidades del campo con representación nacional.
"Se van a complicar aún más las autorizaciones y las exportaciones. Estos son nuevos instrumentos para profundizar la burocracia operativa", dijeron técnicos del ruralismo confederado y de la Sociedad Rural Argentina.
En rigor, el malestar de los referentes de la exportación granaria se centra en que en numerosas ocasiones, los operadores venden mercadería que aún no han comprado, debido a que descuentan que la conseguirán.
Al aplicarse la flamante resolución, para los negocios a realizarse con trigo y maíz, esta operatoria no podría volver a realizarse.
De cara a las nuevas exigencias, si un comprador externo necesita 20 ó 30 mil toneladas de trigo -o maíz- y el exportador sólo tiene compradas 2 ó 3 mil, no podrá vender más del volumen que tiene en su poder, corriendo el riesgo de que el importador pierda interés en concretar el negocio.
Según los referentes de la exportación, ese escenario también provocaría mayores costos en materia de logística, en caso de cumplir estrictamente la norma, ya que deberían contar con stocks físicos de granos previo a saber si podrán colocarlos en mercados externos.
Otros representantes de la producción consideraron que la medida dispuesta por la ONCCA apunta a monitorear que las compras de los dos cereales se hagan a productores pequeños exclusivamente, ya que la resolución, consensuada con la cartera agropecuaria, está alineada con las últimas decisiones adoptadas por el ministerio de Agricultura para liberar un millón de toneladas de trigo con destino a la exportación.
Según la resolución, el formulario también proveerá "información adicional para poder cumplir con el acuerdo triguero entrerriano (del 15 de diciembre pasado) y el bonaerense (del 13 de enero)".
En la plaza granaria, los acopiadores también se quejaron, al decir que el comercio triguero "se ha vuelto público y corporativa", ya que un secretario de Estado decide qué tonelaje debe quedar en el mercado interno, cuánta mercadería se puede colocar en plazas externas y quien o quienes pueden proveerlo, dejando de lado el libre y necesario juego de la oferta y la demanda".

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