27 de febrero de 2010 07:05 AM
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Vuelta de tuerca de la Afip

Ante las nuevas exigencias sobre los granos no destinados a la siembra, que deben cumplir los Responsables Inscriptos en IVA y los monotributistas, el autor sostiene que se plantean superposiciones entre la ONCCA, AFIP y otros organismos. Y destaca las importantes modificaciones que sufrió el Registro de Operadores de Granos (ROG).

La AFIP ha dispuesto (RG 2750) nuevas exigencias de información general a los productores de granos no destinados a la siembra, que deben cumplir los Responsables Inscriptos en IVA y los monotributistas que desarrollen esa actividad de producción propia.

A pesar del conocido cuestionamiento legal para exigir datos a los administrados -sin encontrarse estos bajo verificación-, se obliga anualmente a comunicar al ente controlador fiscal "la capacidad agrícola de cada productor".

Deberá informarse vía internet con clave fiscal anualmente, las existencias de granos al 31 de agosto de cada año, así como la superficie agrícola destinada a cosecha fina y gruesa. Para los datos relativos a la campaña agrícola 2009/2010, se fija un vencimiento especial que opera el próximo 28 de Febrero.

Deberá declararse solo el stock de propia producción- no granos adquiridos a terceros-, que estén bajo su establecimiento o en depósito de terceros. En caso de contratos a porcentaje todos los sujetos son considerados productores, debiendo indicar la superficie destinada según su porcentual. Son frecuentes las dificultades cuando la participación se define según tabla por toneladas logradas o alguna combinación a resultado.

Los acopiadores, cooperativas y otros operadores, deben solo declarar la existencia de mercadería de propia producción bajo su titularidad.

Se superponen pedidos de diferentes entes, pues la ONCCA (Res 684) reclama los mismos datos de momentos distintos y lo requerido por ARBA es de donde la AFIP diseño sus exigencias. Todo ello implica cargas adicionales a los contribuyentes con el consiguiente costo económico y permanente riesgo de multas o sanciones ante su incumplimiento.

Los organismos fiscalizadores, -ya sean de la nación, provincias o municipios- en los últimos años vienen acumulando antecedentes sobre productores agropecuarios, entre otros arrendamientos rurales con sus partidas inmobiliarias (ARBA Ingresos Brutos), Registro único de operadores de la cadena agropecuaria alimentaria (ONCCA 7953/08), Registro de Contratos (RG 2596 /09 AFIP), amén de las imágenes satelitales.

Asimismo la normativa que dispone la vigencia de Registro de Operadores de Granos (ROG) ha sufrido importantes modificaciones. Obliga -en forma permanente- a la registración de contratos por operaciones con granos, los cuales serán controlados a partir de las existencias agrícolas. El fisco decidirá si el vendedor tiene "capacidad productiva" para dicha transacción.

Si el productor no informa en tiempo y adecuadamente los datos reclamados, el fisco se arroga el derecho de suspenderlo del ROG, con sus nefastas consecuencias como son el impedimento a la registración de los contratos, amén de sufrir retenciones de IVA y ganancias excesivas.

A este panorama se agrega la exigencia de Inscripción en el RENSPA a partir de Enero de 2010, de los productores de granos -según cronograma ya vigente desde hace 2 años-. La documentación a presentar no es menor, debiendo acercarse a la oficina de SENASA más próxima al predio productivo, completando una declaración jurada y adjuntando DNI, Comprobante de CUIT, Titulo de propiedad del predio rural o contrato de locación. Identificación Catastral del campo y comprobante de servicio público del sujeto.

Entre las sanciones previstas por su omisión se fijan multas exorbitantes e irrazonables de hasta $ 1.000.000, decomiso de productos o subproductos vinculados, clausura de establecimientos, y suspensión o cancelación de los respectivos registros. Preocupa sobremanera que pudiera involucrar en una interpretación amplia otro organismo tal como la AFIP y así abarcar también al ROG.

Para concretar las prometidas devoluciones de retenciones (derechos de exportación), también se condicionaron a que el productor no estuviese suspendido o excluido del ROG. La fundamentación para crear este instrumento "Registro de Operadores de Granos", era identificar y controlar los sujetos que operan en ese mercado así como agilizar el análisis de las operaciones de venta. En la práctica, cuando existe una causal de suspensión o exclusión definida por el propio fisco, las consecuencias dispuestas de retención plena del IVA (10,5% para granos) -sin régimen de devolución directo- y la exagerada retención del 15% de su precio de venta a cuenta del impuesto a las ganancias, muestran otra intención. Su pretendida visión de registro voluntario no es tal, sino absolutamente obligatorio por los efectos perniciosos destacados a lo que se suma la marginación del mercado de granos.

Además se trata de un exceso de reglamentación, pues la propia ley de fondo no autoriza a crear estos registros que disponen sanciones y cargas tributarias por encima de su capacidad contributiva, siendo por tanto ilegales. No debe haber tributo sin ley que lo disponga.

Además las causales previstas de inconducta fiscal que conllevan la suspensión o exclusión es arbitraria al disponer: "Cualquier otro incumplimiento a la normativa vigente detectado a través de controles sistémicos o que a juicio del juez administrativo amerite la suspensión del registro". Lo peligroso es que se concreta esta marginación del productor sin comunicación directa al contribuyente que permita su defensa oportuna. Se violan elementales principios del derecho en su funcionamiento actual por no otorgar audiencia al afectado para poder demostrar su razón. Así las cosas, se le impide al productor el derecho a trabajar, al limitar las cartas de porte para transportar los granos y quedar fuera del mercado granario. Los compradores optarán por aquellos productores que están en el registro con su inscripción vigente, pues de lo contrario corren el riesgo que el fisco proceda a impugnarles los créditos fiscales.

Como sucede a menudo se olvida la principal clausula constitucional tributaria: "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Sujetos incorporados al registro, respecto de otros suspendidos o excluidos, tendrían tratamientos fiscales distintos aun cuando su riqueza sea igual.Santiago A. Saenz Valiente. CONTADOR PUBLICO Y PROFESOR (UCA Y UBA)

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