8 de diciembre de 2012 07:17 AM
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Repudian la millonaria demanda de Echegaray contra periodistas

El jefe de la AFIP denunció a Matías Longoni, de Clarín y a Luis Majul. Longoni lo investigó por corrupción.

Representantes de todo el gremio periodístico y dirigentes de la oposición reaccionaron con vehemencia ayer frente a la noticia de que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había iniciado una querella civil contra el periodista de Clarín Matías Longoni, quien investigó las irregularidades cometidas con subsidios truchos de la ex ONCCA cuando allí mandaba el alto funcionario kirchnerista. La crítica unánime fue que la millonaria indemnización reclamada por el funcionario por supuestos “daños y perjuicios”, de 1.377.167 pesos, constituye un ataque directo a la libertad de expresión.

Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky. Esa entidad había salido la semana pasada a anunciar que defendería a periodistas oficialistas que habían sido citados en una denuncia judicial presentada por Clarín . En este caso, “se puso a disposición” de los demandados (además de a Longoni, Echegaray llevó al banquillo de los acusados a Luis Majul), aunque en un comunicado no mencionó con nombre y apellido ni al denunciante ni a los denunciados.

De todos modos, el CELS explicitó “su rechazo a la utilización de la vía judicial para la punición y la inhibición de las expresiones”. Y aportó abundantes antecedentes jurídicos que desaconsejan una querella civil como la iniciada por el jefe de la AFIP y, en especial, la indemnización que reclama.

El millonario reclamo de Echegaray a Longoni puso en alerta a todo el gremio periodístico, que consideró el caso como un ataque directo a la liberta de expresión. Como ya lo había hecho el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) el miércoles, ayer la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) reclamó a Echegaray que retire su demanda . El sindicato argumentó: “Es una contradicción grave que un funcionario de un gobierno que promovió la despenalización de las calumnias e injurias inicie una acción judicial civil tan abusiva”.

El idéntico sentido se manifestaron cuarenta delegados de todos los medios gráficos de la ciudad de Buenos Aires, incluidos algunos cuyo tono editorial es favorable al gobierno.

“Entendemos que esta judicialización, como la presentada hace una semana por Clarín contra un grupo de periodistas, pretende perseguir la actividad, instaurando el delito de opinión”, señaló el Plenario de delegados.

La ofensiva de Echegaray contra quien investigó a partir de 2008 una serie de delitos cometidos en la ex ONCCA (y que llevaron a que la propia presidenta Cristina Kirchner decidiera disolver ese organismo en febrero de 2011) encontró un fuerte repudio también en el Congreso.

Los diputados Laura Alonso (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Felipe Solá (Peronismo disidente), Ricardo Alfonsín y Ulises “Chito” Forte (UCR), Victoria Donda y Virginia Linares (FAP), y Elisa Carrió (Coalición Cívica) criticaron al funcionario y manifestaron su solidaridad con el periodista.

Hoy, en el Senado, el caso será expuesto durante una audiencia especial convocada para mostrar ante una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el estado de la libertad de expresión en Argentina.

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