12 de marzo de 2010 08:11 AM
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La huella de los transgénicos

Los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos, están dejando una marca indeleble en varios países de América Latina, más allá de normas e intentos de adoptar un régimen internacional sobre su producción y traslado.

Grandes extensiones sembradas con soja transgénica marcan paisajes en Argentina y Brasil, y se expanden en Paraguay, Bolivia  y Uruguay.  Argentina, Estados Unidos y Canadá son responsables del 90 por ciento de  la producción de transgénicos del mundo.

La soja es vital para la economía argentina en este momento. El país es el  tercer productor mundial   y el primer exportador de sus aceites. La oleaginosa constituye la mitad de lo cosechado en Argentina, según la  Secretaría de Agricultura. La Fundación Producir Conservando, financiada  por compañías biotecnológicas, afirma que hasta 95 por ciento de ese grano  es transgénico.

El punto de partida fue la variedad Roundup Ready de la corporación de la  biotecnología Monsanto, y resistente a su plaguicida del mismo nombre.

Pero las empresas semilleras que la adquirieron a mediados de los años 90  han dado origen a más de 100 variedades en Argentina. Agricultores y  Estado están trenzados en una batalla legal contra Monsanto, que busca  cobrar años de regalías retroactivas.

La Secretaría de Agricultura reconoce que la exportación de soja es “la  fuente más importante de ingresos fiscales”. Pero el monocultivo “atenta  contra la sustentabilidad de los agroecosistemas” y hay “grandes riesgos  de contaminación”, sobre todo por la degradación de los suelos, admite.

Desde 2001, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria ha autorizado 788 investigaciones, la gran mayoría de maíz. Se trata de ensayos de campo, de los cuales unos pocos llegan a comercializarse. Estos corresponden a filiales de las corporaciones estadounidenses Monsanto,  DuPont y Dow AgroSciences, la holandesa Nidera y el laboratorio suizo  Novartis.

La investigación para resolver problemas propios es fomentada por productores nacionales y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que estudia, entre otros, un maíz resistente al virus del  mal de Río Cuarto, endémico de este país, cuyo costo es solventado por  cultivadores mediante la compra de cuota partes de su patente.

Argentina no ratificó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, en vigor desde septiembre de 2003, destinado a proteger la  diversidad biológica de los riesgos de los organismos vivos modificados  por la moderna biotecnología. El tratado establece el consentimiento  informado para autorizar el ingreso de transgénicos a los países, y el  principio de precaución, al que pueden apelar los gobiernos para suspender  la producción o el comercio, mientras no se pruebe que los transgénicos  son inocuos para el ambiente o la salud humana.

La soja transgénica, estrella en Brasil
No hay investigaciones categóricas sobre los riesgos de estas variedades  obtenidas en laboratorio mediante introducción de genes de otras especies  animales o vegetales.  También en Brasil la estrella transgénica es la soja, pero hay siembras  ilegales de algodón y semillas de maíz contrabandeadas desde Argentina,  siguiendo los pasos de la oleaginosa.
 
La soja constituye casi la mitad de  la producción brasileña de granos, que alcanza unos 120 millones de  toneladas. Es el mayor rubro de exportación, sobre todo en grano, y en  menor medida en harinas y aceites.  Hoy se estima que el 90 por ciento de la soja sembrada en el sureño estado  de Río Grande do Sul es transgénica, al igual que entre el 10 y el 20 por  ciento de otros estados del sur y centro-oeste. En temporadas normales,  Río Grande suma un sexto de la cosecha nacional, pero la sequía de 2005  redujo mucho la producción del sur.  

La principal característica de los transgénicos brasileños es su  ilegalidad, con semillas de soja contrabandeadas desde 1996. La política  oficial fue de omisión ante hechos consumados. En 2004 se resolvió por decreto autorizar las siembras, y en 2005 entró en vigor una Ley de  Bioseguridad para dar un marco definitivo a la cuestión.  

Aunque Brasil es parte del Protocolo de Cartagena, no ha cumplido sus  principios, en especial el de precaución. La ministra de Ambiente, Marina  Silva, insistió inútilmente en la necesidad de estudios previos de la soja  y demás transgénicos, argumentando que los realizados en otros países no  valen en esa nación, por su gran diversidad biológica.  

La ilegalidad sigue signando a la soja, pues los agricultores evitan pagar  regalías a Monsanto. Mientras, la Comisión Nacional Técnica de  Bioseguridad tiene más de 500 pedidos de autorización para  investigaciones.  Otra prueba de la informalidad es el etiquetado. Un decreto presidencial  lo exige cuando hay más de uno por ciento de ingredientes transgénicos, pero no se cumple. “Todo el Protocolo de Cartagena depende del etiquetado,  es un punto central porque lo hace viable o inviable”, dijo a IPS Gabriel  Fernandes, técnico de Asesoría y Servicios a Proyectos de Agricultura  Alternativa y uno de los coordinadores de la campaña Por un Brasil Libre  de Transgénicos.  

El peso económico del agronegocio va ganando terreno  Una etiqueta que diga “contiene OVM” (organismo vivo modificado), obliga a toda la cadena productiva, desde la siembra, a informar de forma  transparente la existencia de transgénicos. “El agronegocio usa argumentos  contradictorios” sobre las dificultades y altos costos del etiquetado,  pero hay estudios según los cuales esos costos son muy bajos, afirmó  Fernandes.  “La trazabilidad estará asegurada con la siembra legal, porque Monsanto controlará sus semillas para cobrar regalías”, opinó.

Es cuestión de no  pretender seguir en la ilegalidad, sostuvo. Además, “hay que considerar a  los compradores. Los grandes mercados importadores ratificaron el Protocolo y tienen derecho a saber si están importando transgénicos o no”,  arguyó Fernandes. Brasil no sólo exporta granos, también importa trigo y  maíz transgénico de Argentina, y le interesa contar con información  precisa.
 
La política brasileña “tiende a ceder al peso económico del agronegocio”,  dijo el especialista. Pese a ser anfitrión de la tercera conferencia de las partes del Protocolo de Cartagena, que se celebra desde el lunes hasta  este viernes en la meridional ciudad brasileña de Curitiba, el gobierno no decidió hasta último momento si apoyaría un régimen firme de etiquetado.  En un ambiente económico y jurídico muy diferente, Cuba investiga  variedades transgénicas de al menos ocho alimentos.

Papas, papayas,  tomates, maíz, boniatos, arroz, plátanos y bananos resistentes a insectos, virus o herbicidas podrán estar disponibles para agricultores cubanos si   las investigaciones en curso tienen éxito.  Tres instituciones cubanas trabajan en este campo, pero ningún producto ha  sido liberado al mercado. “Para eso falta aún mucho tiempo”, dijo a IPS Merardo Pujol, jefe del departamento de Plantas del Instituto de  Ingeniería Genética y Biotecnología, de La Habana.  

Por ahora, la ciencia cubana se concentra en la búsqueda de variedades  resistentes a enfermedades virales o fungosas, a la salinidad de los  suelos, sequía y plagas. En algunos casos, los ensayos son pequeños  cultivos en parcelas experimentales o en invernadero, en condiciones de  confinamiento y bajo observación del  Centro Nacional de Seguridad  Biológica, entidad fiscalizadora.  El peligro de la contaminación “No intencional” Cuba es parte del Protocolo de Cartagena y afirma cumplirlo escrupulosamente. Pero los cubanos no parecen preocupados por los  potenciales efectos nocivos de los transgénicos. “No hay reporte  científico alguno, documentado, sobre problemas para la salud causado por  plantas transgénicas que se comercializan actualmente en el mundo”, sostuvo Pujol.  Humberto Ríos, del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (Inca), señala  otro tipo de desventajas: el gradual aumento de la dependencia económica  de los agricultores y el hecho de que estas variedades no responden a la  diversidad cultural de los campesinos.  
Ríos trabaja en mejoramiento de semillas mediante otras técnicas  fitogenéticas con participación de campesinos, como “una alternativa para  no depender de los transgénicos” y “una manera de ser soberanos en la  alimentación”, dijo a IPS.  

Tampoco México tiene cultivos comerciales transgénicos, y la superficie  sembrada para experimentación es mínima. Pero en 2001, se descubrió que,  en algunos lugares del país, el maíz criollo había sido contaminado con  variedades transgénicas, si bien desde 1999 rige en este país la  prohibición de cultivar esta especie modificada. Autoridades afirman que  nuevos análisis efectuados en 2005 en campos cultivados no hallaron  rastros de esa presencia.

La contaminación provino de cargamentos sin etiquetar procedentes de  Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos. México compra  unos tres millones de toneladas de maíz anuales al país vecino, y cerca de  25 por ciento es transgénico, según ambientalistas.  

La riqueza de variedades de maíz mexicanas, base de su alimentación,  podría verse amenazada por el fenómeno de la contaminación, potenciado por  la polinización abierta de la especie, en la que la dispersión genética es frecuente.

Durante siglos, los campesinos aprovecharon esa característica  para cruzarlo con parientes silvestres o malezas y obtener nuevas  variedades mejoradas.  México es parte del Protocolo de Cartagena, pero un acuerdo firmado con  Estados Unidos y Canadá en octubre de 2004 determinó que se considerara  “no transgénica” una importación con hasta cinco por ciento de organismos  modificados, y que una presencia “no intencional” en un cargamento no  obligara a colocar etiquetado. Este acuerdo y la ley de Bioseguridad de  Organismos Genéticamente Modificados de 2005 se apartan de lo previsto en  el Protocolo, afirman los ecologistas.

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