El Gobierno nacional anunció una baja permanente de las retenciones al agro, con un costo fiscal estimado en 700 millones de dólares anuales. La apuesta es que este sacrificio se compense con mayor actividad económica.

El foco está en los 15.000 millones de dólares en granos -principalmente soja, maíz y trigo- que aún no fueron comercializados. Sólo en junio, tras la baja temporal de retenciones, el campo liquidó su mayor volumen en dos años.

Pero la pregunta es: ¿quién se beneficia más con esta rebaja? ¿Alcanza para impulsar a los pequeños y medianos productores, o es una medida que favorece a los grandes exportadores? Y en Entre Ríos, ¿cómo cambia la ecuación para el productor entrerriano?

El tema fue debatido en el programa El Ventilador, de Elonce.

Matías Martiarena, director de Federación Agraria de Entre Ríos, expresó que “recibimos con buenos ojos esta noticia. Era un reclamo que habíamos levantado hace bastante tiempo. Más allá de que los números no son la vaca del corso, sobre todo para una provincia productivamente hablando como la nuestra, sí es beneficioso que esto sea permanente”.

Remarcó que la permanencia “depende de la voluntad política del gobierno de turno. Eso es un problema porque dependemos de eso. Por tal motivo, elevamos un proyecto de ley para que sea permanente y no ser el único país en la región que pague en concepto de retenciones. El proyecto habla de una reducción progresiva para que en el término de cinco años las retenciones sean eliminadas. En las que las primeras 300 toneladas, para todos los productores y sin delimitar escala, no tengan retenciones. El segundo año 600 toneladas, y así sucesivamente hasta que se eliminen, dando de esa forma, sobre todo para los productores más chicos y de nuestra provincia que nos cuesta un poco más que a nuestros vecinos santafesinos o cordobeses. En la provincia seguimos en una pérdida de alrededor de 400 kg por hectárea”.

Indicó que “desde las bases pudimos transmitir que el mensaje tenía que ser más duro y no tan benevolente como se venía viendo. En enero de este año Milei anunció una baja de las retenciones transitoria hasta el 30 de junio. Entonces, por ejemplo, las retenciones a la soja pasaban del 33% al 26%. Esa medida estuvo desde enero hasta fines de junio. Nosotros reclamábamos que esto tiene que ser permanente, pedíamos una prórroga. Nos decían que esto era inamovible, de que no se podía modificar, de que había que mejorar el déficit fiscal y otras cosas. Alzamos la voz y se hizo entender de que nadie es dueño de los votos y que la palabra del campo es muy valorable e importante. Si nos prometieron que las retenciones iban a bajar, el sistema fiscal iba a empezar a sincerarse, así como también la presión fiscal para todos los sectores, queríamos que eso se cumpliera”.

Reconoció que el sector del campo “generalmente apoya al gobierno y eso es una realidad, así como también es una consecuencia de algo. Las retenciones existen desde el 2001 cuando Duhalde le pide una ayuda al sector productivo. Desde ahí hasta ahora alcanza para comprar otro campo argentino más, para que dimensionemos. A cambio de ese traslado de divisas que ha tenido el sector agropecuario al estado, no hubo mejores rutas, puertos ni nada que mejore la logística. Comparándonos con Paraguay, por ejemplo, que tiene un 10,5% de IVA como único impuesto, están haciendo mejoras, vías y demás. El 2008 marcó un hito en el tema donde hubo un proyecto que elevaba casi al 45% las retenciones, lo cual confiscaba nuestro esfuerzo. El gobierno sin mirar para arriba para ver si llueve o no llueve, sin levantar ni una bolsa, se llevaba la mitad de lo que producíamos. Eso generó muchas cosas. Generó una división en la sociedad y sembró un odio que nos cuesta muchísimo sobrepasar. Cada vez que surge el tema emergen un montón de situaciones. Los productores somos muy memoriosos”.

Consultado sobre si a partir de la baja de las retenciones subirá el precio de la carne en carnicerías, por ejemplo, explicó: “Lo que hoy exportamos en carne no es algo que consumamos, aunque sí es cierto de que tiene una pequeña tracción de estas categorías a las otras, pero no es inmediato. Tenemos que entender que de lo que nosotros producimos nada más el 20% se exporta. Es necesario decir que en estos contextos, cuando había alguna cuestión climática la hacienda subía. La realidad es que el consumidor tiene que convalidar la suba si es que existe. Hoy el contexto cambia, la inflación baja por una reducción en el consumo, baja porque la gente de a pie no tiene plata para comprarla”.

Por otra parte, se refirió a la situación de rutas y caminos y expresó que “a nivel provincial la cuestión es bastante compleja y es complejo que el gobierno pueda dar una solución. Tiene mucho que ver la cuestión burocrática más allá de la buena voluntad que tengan distintos funcionarios. La realidad es que es urgente y debe ser saneado urgentemente. Respecto a los peajes que se instalarán, no sé cuál podría ser otra solución. Los que viajan a Uruguay pagan alrededor de 6 o 7 dólares en el peaje, pero sabés que vas seguro”.

“Es importante remarcar que el sector acompaña muchas medidas, pero no festeja absolutamente todo”, agregó.

En otro sentido, mencionó que “nosotros en Argentina no marcamos precios de lo que vale la soja o el maíz, sino que hay una tabla de referencia que se compone en cuanto a oferta y demanda, que tiene que ver con lo que pasa en Brasil, EE.UU y demás. Eso lo que nos marca a futuro es que EE.UU va a tener buena cosecha, Brasil viene bien, que son los que más abundan y son competidores nuestros, los más grandes. Ante eso los precios van a seguir a la baja o estables en el mejor de los casos. Eso deja expuesta una presión fiscal que vivimos, pagamos muchos impuestos. En un análisis que hace la Fundación FADA, somos la provincia más cara en concepto de impuestos. Estamos alrededor del 70% de lo que produce en concepto de impuestos. En cuanto al pan, el concepto del trigo es solamente el 10% del producto final, mientras que la presión impositiva sobre el pan es casi del 45%. La tiene el productor agropecuario cuando hace el trigo, el transportista cuando lleva ese trigo al puerto, la industria cuando hace la harina y el panadero cuando la vende”.

A partir de la decisión del gobierno nacional de quitarle la autarquía al INTA, “se pierde la posibilidad de hacer las investigaciones que el Consejo Asesor dictamine. Consejeros son las entidades agropecuarias, el gobierno, tanto municipales, secretarías y organismos provinciales. Para hacer cualquier tipo de investigación ahora van a tener que ir a pedirle permiso a Caputo. Somos la única entidad que sigue defendiendo la autarquía del INTA y revalorizar las cosas que tiene, sobre todo para la provincia”.

Por último, señaló que “es muy complejo llegar a lograr una quita de retenciones diferenciada, lo que no quita que lo sigamos proponiendo. Hoy el número del agro está marcado y da rentabilidad en base a la escala: cuanto más grande sos, el número de margen bruto se achica. En Entre Ríos el 70% de los productores sembramos hasta 400 hectáreas, sumado a eso, el 70% son arrendatarios, es decir, alquilamos los campos”.