El Gobierno ha sacado esta semana a consulta pública varias modificaciones al Real Decreto 159/2023 de bienestar animal para permitir a los autónomos ganaderos posponer la aplicación las nuevas exigencias en esta materia.El acuerdo alcanzado con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) tan sólo abarca hasta final de año.

Los ganaderos tendrán hasta 2026 para cumplir con las nuevas obligaciones de la ley que podrían suponer un significativo aumento de los costes para las pequeñas explotaciones. En este sentido, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) afirmaron hace unos meses a este diario que podrían superar, incluso, los 300.000 euros por negocio.

Después de varios meses de negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas, se han definido “los parámetros que se tendrán en cuenta para no obligar a las granjas a reducir su capacidad productiva, con el consiguiente impacto económico que podría conllevar”, explicaron desde UPA.

Tras su entrada en vigor, miles de autónomos tendrán que adaptar sus granjas para mejorar el bienestar animal, afectando a la densidad de espacio por animal que deberán tener. A partir de entonces, una explotación de 2.000 cerdos pasará a albergar sólo unos 1.800 animales.

Todo ello, sumado a otras obligaciones que han tenido que cumplir los ganaderos y otros profesionales -como los dedicados al transporte de ganado-, son medidas que continúan poniendo en riesgo a un sector que ha sido muy castigado en los últimos años, lo que podría provocar el cierre de miles de granjas.

Los ganaderos deberán ampliar sus instalaciones o reducir el número de cabezas de ganado

La principal consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto sobre bienestar animal, que supone la transposición de la Directiva europea en esta materia, será que los ganaderos deberán “ampliar sus instalaciones o reducir el número de animales”, explicaron desde UPA.

La Directiva europea que ahora será transpuesta al ordenamiento jurídico español exige que el espacio destinado para los cerdos de engorde aumente de 0,65 a 0,74 metros cuadrados por animal, mientras que el espacio para lechones pasa de 0,2 a 0,24 metros cuadrados, entre otras cuestiones.

Desde COAG cifraron que estas obligaciones podrían suponer una inversión de unos 300.000 euros por explotación, dependiendo de la granja. Además, una explotación que cuente con unos 2.000 cerdos pasará a albergar sólo 1.800 -un 10% menos-, “por lo que el autónomo dejaría de percibir al año unos 9.000 euros por los cerdos que no podría engordar”.

Las asociaciones de agricultores y ganaderos solicitaron en un primer momento una moratoria hasta 2028 para poder cumplir con las nuevas exigencias. Aunque, según el nuevo texto, sometido ahora a consulta pública, se dará un margen de tres años desde 2023. Es decir, los autónomos tendrán que adaptarse a la legislación, como tarde, en 2026.

“Inicialmente”, relataron fuentes de UPA a este medio, “establecía un plazo de dos años para que las explotaciones porcinas existentes se adaptaran a las nuevas normas de bienestar animal, lo que implicaba que debían cumplirlas a partir del 9 de marzo de 2025. Sin embargo, tras la petición del sector, se ha abierto una consulta pública para modificar este plazo, proponiendo extenderlo a tres años. De aprobarse esta modificación, las explotaciones tendrían hasta el 8 de marzo de 2026 para adaptarse”, explicaron.

Las consecuencias podrían ser nefastas para el sector porcino español si no se toman otras medidas para incrementar la densidad. Por ejemplo, la instalación de materiales manipulables, “una especie de juguetes para los cerdos que evitarían posibles lesiones que en ocasiones se causan”, explicaron desde UPA.

Como reconocieron, a pesar de que el bienestar animal es “un reto al que no debemos renunciar como sociedad ni como sector”, España debe hacerlo compatible con la rentabilidad de las granjas porcinas, que aportan el 39% del valor de la Producción Final Ganadera (PFG) y está formado por más de 85.000 negocios, muchos de ellos pequeñas explotaciones familiares gestionadas por autónomos.

Las nuevas obligaciones para transportar animales podrían hacer desaparecer 3.200 granjas

En paralelo a la nueva legislación en materia de bienestar animal, los autónomos ganaderos han visto en los últimos años cómo varias nuevas obligaciones han puesto en serio riesgo la supervivencia de sus explotaciones. Un claro ejemplo es el nuevo reglamento de transporte animal, otra imposición europea que España ha tenido que aplicar.

En este caso, las estimaciones de las asociaciones mostraron la pérdida de hasta 6.000 empleos directos e indirectos, y una reducción del valor económico del sector vacuno de carne en España del 25%. La limitación del transporte de terneros pone en riesgo la sostenibilidad de 3.200 granjas –principalmente en Cataluña y Aragón– con una reducción de la actividad valorada en 820 millones de euros.

Las cifras aportadas por COAG sobre el asunto, que este diario recogió hace meses, son claras: “un camión en cuya caja pueden viajar entre 210 y 220 cerdos ahora pasaría a poder cargar sólo 175. Aplicando el 20% menos en cuanto sube la temperatura, nos quedaríamos entre 145 y 150 animales”, afirmaron. Lo cual conlleva “multiplicar por 3,5 los vehículos, los conductores y las emisiones, con el consiguiente gasto financiero que supone”.

Más de la mitad de los negocios españoles prevé subir los precios en 2025

Uno de cada tres negocios en España ha tenido que subir sus precios en el primer trimestre de 2025 para poder hacer frente al aumento de los costes de producción. Y especialmente, a los gastos laborales, que no paran de subir por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las cotizaciones o impuestos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Así lo refleja la última Encuesta sobre la Actividad Empresarial elaborada por el Banco de España. Ésta se realiza de forma trimestral a empresas de diferentes sectores y tamaños, incluyendo pymes y empresas de mayor tamaño, y analiza cómo están evolucionando en los primeros meses del año.

Según el informe, el porcentaje de empresas que han incrementado sus precios ha subido 14 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior: si a finales de 2024 era del 19,6%, ahora alcanza el 33,6%. Esto significa que cada vez son más los negocios que se ven obligados a cobrar más a sus clientes porque les cuesta más mantener su actividad, debido, sobre todo, a la subida de los precios de la energía, las materias primas y otros gastos.

Además, el 60,9% de las empresas encuestadas declaran haber sufrido un incremento adicional de sus costes en el último trimestre, lo que supone 17,7 puntos porcentuales más que hace apenas tres meses. O, dicho de otra forma: si a finales de 2024 un 43,2% de las empresas estaban en esa situación, ahora ya son casi el 61%.

Las previsiones que recoge el Banco de España apuntan a que las subidas de precios no se detendrán en los próximos meses, algo que afectará tanto a los consumidores como a los pequeños negocios que dependen de proveedores cada vez más caros.

De cara al resto del año, las expectativas no son halagüeñas: más de la mitad de las empresas (58%) ya prevén seguir subiendo los precios de sus productos o servicios.

Esta previsión es muy similar en industria y en servicios, lo que podría afectar tanto a los consumidores finales como a otros negocios que dependen de estos proveedores.

La inflación y el aumento de los costes laborales está obligando a las pymes a subir precios

Estas subidas se producen en un contexto en el que la inflación ha vuelto a repuntar en España a comienzos de este año, impulsada también por los precios de la energía y los alimentos, según datos del INE.

Por si esto fuera poco, el Ministerio de Trabajo ha venido subiendo una y otra vez distintos costes de las empresas. Por ejemplo, se aumentó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por octava vez desde que el actual Gobierno está en marcha y se volvió a incrementar el MEI que pagan todos los autónomos por ellos mismos y por sus empleados.

De hecho, según el informe analizado, los principales motivos por los que las empresas han tenido que subir sus precios son el aumento del coste de la energía y de las materias primas. A esto se suman otros factores como el incremento de los costes laborales y la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A continuación, se resumen algunos de los principales datos:

Siete de cada diez empresas creen que sus costes subirán en el próximo año

Aunque algunas empresas confían en que los precios de los insumos se relajen ligeramente en el segundo trimestre, la mayoría prevé que sus costes seguirán subiendo a lo largo del año. De hecho, el 70,2% de las empresas encuestadas creen que dentro de un año estarán pagando más por los materiales, la energía o el personal que ahora, y el 58% anticipa que se verá obligada a subir sus precios en los próximos 12 meses.

Los insumios serían todos los productos, materiales o servicios que un negocio necesita para poder fabricar o vender lo que ofrece al cliente. Por ejemplo, para una panadería serían la harina, el aceite, la electricidad para el horno, o incluso el salario de sus trabajadores. Obviamente, cuando sube su precio, el coste de mantener el negocio también se eleva.

Además del encarecimiento de la energía y de las materias primas, el incremento del SMI también está teniendo un impacto directo en muchas empresas. Cabe recordar que el SMI ha subido un 5% en 2024, hasta alcanzar los 1.134 euros brutos al mes por 14 pagas, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos.

Esta subida, aunque persigue mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos, supone un gasto adicional para muchos pequeños negocios y autónomos que tienen trabajadores contratados al salario mínimo o cerca de esa cifra.

Los negocios que dependen de la industria pueden verse más afectados

Aunque la subida de precios afecta a todos los sectores, el Banco de España señala que la presión es mayor en la industria que en los servicios. Esto implica que muchos negocios que dependen de productos manufacturados o materiales industriales podrían enfrentarse a nuevos aumentos de precios en los próximos meses.

Además, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios industriales volvieron a subir en enero de 2025, con un aumento anual del 2,6% y una variación mensual del 0,4%. Este repunte se explica, en gran parte, por el encarecimiento de la energía, especialmente por la subida de los precios en la producción de gas y el refino de petróleo.

Estos incrementos afectan directamente a autónomos y pequeños negocios que compran maquinaria, herramientas, componentes o materias primas industriales. Por tanto, los precios de muchos productos y servicios que utilizan en su día a día podrían seguir encareciéndose en los próximos meses.

Una de cada cuatro empresas ha subido precios por culpa del SMI

Además del encarecimiento de las materias primas y la energía, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también está detrás del aumento de precios en muchos negocios, como ya dijo este diario.

Según el Banco de España, un 26% de las empresas han tenido que repercutir el último incremento del SMI en sus precios de venta. Además, un 32% reconocen que han reducido sus márgenes de beneficio para poder asumir ese gasto.

El impacto es mayor en actividades donde una parte importante de la plantilla cobra el salario mínimo o su sueldo está vinculado a él. Es el caso de la hostelería, el comercio o la agricultura, donde muchas pequeñas empresas y autónomos no tienen margen suficiente para asumir la subida sin tocar precios o beneficios.