La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decidió tomar medidas preventivas ante lo que denominaron “eventuales” despidos con la llegada de la nueva administración presidida por Javier Milei. No obstante, el ministerio de Trabajo intervino en la situación, decretó la conciliación obligatoria por siete días, abarcando los días de paro programados para el 29 y 30 de noviembre, así como el 1° de diciembre.

En este contexto, ATE SENASA afirmó que la próxima Secretaría de Agricultura, bajo el gobierno de Milei, indagó sobre las recientes incorporaciones de personal. El gremio especificó que la nueva administración tiene la intención de revertir todos los contratos laborales realizados en el último año.

Asimismo, la conciliación obligatoria se presentó como un intento de mitigar las tensiones y abrir un espacio para el diálogo en un contexto marcado por la incertidumbre y la resistencia sindical.

La medida de fuerza, que tenía previsto impactar significativamente en los controles de los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas, amenazaba con paralizar las exportaciones.

Desde ATE solicitaron una reunión con el presidente electo

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, declaró en su cuenta de X respecto a la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Desde ATE hemos decidido acatar la conciliación obligatoria pero no vamos a dejar sin efecto la medida. Sólo la posponemos para retomarla de manera inmediata si fracasan las negociaciones”, expresó.

Además, hizo hincapié en la urgencia de resolver la situación antes del cambio de gobierno, solicitó la participación del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura para ofrecer respuestas concretas a las demandas de los trabajadores.

El líder sindical enfatizó: “Esperamos que exista una voluntad política orientada a responder las justas demandas que tienen los trabajadores. Si no se resuelve la situación de los casi 600 trabajadores contratados de manera irregular, la conciliación más que enfriar el conflicto va a escalar”.

En ese sentido, Aguiar, expresó: “Pedimos una audiencia con Mileiy exigimos conocer precisiones sobre la Ley Ómnibus”. El dirigente de ATE subrayó la importancia de conocer los detalles de la ley que pretende reformar el Estado, advirtió sobre el riesgo para miles de empleos y políticas públicas esenciales. Enfatizó: “No salimos a defender ningún privilegio. Defendemos las fuentes laborales pero fundamentalmente al Estado y todas las políticas públicas”.

Por último, el sindicalista, alertó sobre el peligro que enfrentan los puestos de empleo en el Estado. Asimismo, hizo un llamado a la unidad de las tres centrales sindicales, afirmando: “Las dos CTA y la CGT deben comenzar a articular acciones porque del programa de ajuste regresivo que se planifica, no se salva nadie”, concluyó.