“Un hecho trascendental, ejemplificador y de suma importancia”. Pese a que pasaron 13 años, esa fue la reflexión a la que llegaron los denunciantes cuando la semana pasada, finalmente, la Justicia de Corrientes condenó por abigeato triplemente agravado a dos hombres. Fue así que el productor agropecuario Reinaldo Elpidio Estoup y su capataz, Eduardo López, recibieron penas de cinco y cuatro años de prisión, con accesorias legales y costas, respectivamente, por el robo de decenas de animales. El hecho ocurrió en 2013 en perjuicio de un fideicomiso ganadero. De 336 cabezas denunciadas como robadas solo luego fueron encontradas 13.

En un fallo reciente, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes, con asiento en la ciudad de Mercedes, los acusados fueron hallados penalmente responsables por el robo de ganado cometido entre enero y julio de 2013 en un campo ubicado en la 5ta. Sección del departamento Curuzú Cuatiá.

Según consta en la sentencia 22/25, los jueces consideraron probado que, tanto Estoup como López, participaron en el hurto de animales en perjuicio del fideicomiso CRIA1, que arrendaba unas hectáreas en el establecimiento rural “Oscuro”, cerca de la localidad de Perugorría.

El tribunal declaró que los hechos configuraron el delito de abigeato agravado por realizarse bajo las condiciones previstas en el artículo 164 del Código Penal (robo simple), pero con alteración de marcas y señales utilizadas para identificar el ganado, y con participación de al menos una persona dedicada a la cría y cuidado de animales, lo cual agravó la responsabilidad penal.

Además, les impuso una multa solidaria a ambos condenados, equivalente a tres veces el valor de los animales sustraídos, calculada según la cotización del Mercado Agroganadero (MAG) al día del efectivo pago. Según los jueces, la medida busca resarcir económicamente el perjuicio causado. En el mismo fallo los jueces convirtieron en definitiva la entrega judicial de los animales recuperados al doctor Pablo Fleitas, quien había sido designado como depositario judicial.

Hugo Fernández, quien supervisaba el fideicomiso en ese entonces, recordó muy bien como fueron cronológicamente los hechos. Todo comenzó en agosto de 2012, cuando el fideicomiso decidió acompañar a una cabaña local en un remate en la Sociedad Rural de Curuzú con 859 vientres.

Allí, Estoup, cuyo campo lindaba con el establecimiento arrendado por la empresa ganadera, se hizo presente y compró más de 200 vacas que, según los damnificados, eran parte de una estrategia de hacerse de la marca dentro de su propio establecimiento. En octubre de ese año fue el propio capataz, ahora condenado, que se presentó en Oscuro, ofreciendo buena vecindad y que cualquier cruce de hacienda den aviso para devolverla.

Al mes siguiente, tres crecientes sucesivas y muy grandes por el desborde del arroyo Villanueva, afluente del río Corriente y, que duraron hasta el otoño de 2013, dejaron un potrero entero de 5000 hectáreas prácticamente bajo el agua.

Y, pese a que eso les impedía hacer los recuentos necesarios y totales, en cada recorrida ya vislumbraban que había faltante de animales. “Fue entonces cuando se empezó a desconfiar, porque las veces que se juntaba hacienda, entre medio de las inundaciones, siempre faltaban vacas, no estaban. Pero no teníamos la certeza de cuál era el número real de animales que no estaba en el campo. Por eso pedimos una recoluta a los campos vecinos, todos nos devolvieron animales, menos Estoup, que nos dijo que no había nada”, detalló a LA NACION Fernández.

Cuando bajó toda el agua, se pudo recorrer mejor y hacer un recuento general de todo el campo; eran 276 vacas y 60 vaquillas, como se le dice a la categoría vaquillona en Corrientes, un total de 336 cabezas, las que faltaban. Pero la prueba indubitable del robo fue que cuando encontraron los alambres cortados en cuatro lugares distintos, todos lindantes con el establecimiento de Estoup, no así con los otros campos vecinos.

Fue así que de, manera inmediata, realizaron la denuncia y empezaron las actuaciones y toda la investigación policial. Pero recién en diciembre del 2012, prácticamente un año después, se allanó Tataré, el campo del Estoup. En ese allanamiento se encontraron 13 vacas origen del fideicomiso y se constató que no eran las que Estoup había comprado en el remate: las de la subasta estaban identificadas por algunas marcas particulares y por el número de caravana.

En todo ese derrotero, que duró casi 13 años, hasta llegar a la sentencia, estuvo Fleitas como abogado de la querella. “Esta causa nos llevó muchísimos años: un juez que por momentos era competente, pero después decía que no. Los expedientes que se retrasaban. Por ejemplo, una cuestión de competencia demoró dos años en resolverse. Luego de eso, salieron resoluciones favorables a Estoup que nunca nos notificaron. Después se consigue la nulidad de esas resoluciones para luego revocarlas y procesarlo”, describió el abogado.

Y, a partir de allí, comenzó toda una serie de planteos por parte de Estoup “tendientes a dilatar el proceso”. Y así fue que, tras cada planteo, se demoraba un año y más también. “Y con esa situación llegamos hasta el 2020, época de la pandemia que les vino anillo al dedo para que la causa se paralice”, detalló.

Concretamente, en el 2021 se procedió a la citación a juicio. Y de allí estuvieron a la espera de fijación de fecha de juicio hasta marzo de este año, que fue cuando recién se dio fecha para mayo pasado: “Tras cuatro días de juicio oral, en una audiencia bastante tendenciosa, declararon alrededor de 18 testigos. Sin perjuicio de los que nos correspondía acreditar a nosotros, la defensa no pudo acreditar absolutamente nada, ni lo mínimo. El jueves pasado los jueces los declararon culpables. Ambos llegaron libres hasta el día del juicio y seguramente van a recurrir la sentencia. No están presos, hoy Estoup tiene 73 y el capataz 74. Pero, al margen de esta circunstancia, no deja de ser un hecho trascendental, muy importante, por lo menos, para la región por la índole de la persona que resultó condenada“.

Vale recordar que, en 2006, en Chaco el Senasa interdictó más de 3000 vacunos por irregularidades respecto de su procedencia a la firma Riacho Inglés SA, en los establecimientos El Trébol y La Esperanza, cuyo propietario era Estoup.

En todo este tiempo que pasó, muchos habían perdido las esperanzas. Al respecto, Fernández dijo: “Pensé que nunca iba a haber condena”. Para Fleitas fue, sin dudas, su causa más larga. “Con 46 años tengo 25 de experiencia en la profesión y estuve en todos los lados del mostrador como fiscal, juez, secretario. Tenía 33 años cuando empecé con esta causa. En mi vida vi que una causa dure tanto tiempo, que sea tan tendenciosa. Uno siente cierto tipo de satisfacción, solo cierto tipo, porque en realidad lo bueno hubiera sido que uno tenga una pronta respuesta, con más celeridad de la Justicia. Igual es una resolución importantísima que da fe y razón de una triste realidad de lo que viven los ganaderos de la provincia”, finalizó.

Por Mariana Reinke