Desde hace tiempo, la ley provincial que regula el uso responsable de agroquímicos está en el centro del debate. Hace cinco años obtuvo media sanción un proyecto que, entre otros puntos, planteaba ampliar las distancias mínimas de exclusión para fumigar, buscando evitar el uso de aviones mosquito en cercanía de cascos urbanos o escuelas rurales. Sin embargo, el proyecto no fue tratado en el Senado santafesino y perdió estado parlamentario.

Esta semana, el diputado Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) volvió a presentar una propuesta para regular la utilización de agroquímicos dentro de todo el territorio de la provincia de Santa Fe a fin de evitar la contaminación de los alimentos y del ambiente.

La iniciativa de Del Frade es la octava que llega a la Legislatura provincial para modificar la ley que rige actualmente el uso de los agroquímicos que afecta a las 365 comunas de las provincia. La Ley Provincial de Productos Fitosanitarios (Nº 11.273) está vigente en Santa Fe desde 1995. Y pese a que hubo varios intentos por modificarla, todos perdieron estado parlamentario.

Organizaciones ambientalistas como la multisectorial Paren de Fumigarnos o la Asamblea de Pueblos Fumigados de la Ruta 18 llevan más de una década denunciando los daños a la salud provocados por el uso irresponsable de agroquímicos. Es más, el Conicet junto al gremio docente Amsafé puso en marcha una investigación para determinar el impacto de la contaminación ambiental en docentes de escuelas rurales.

La norma provincial que regula el uso de agroquímicos es sujeto de controversia en lo que refiere a tres puntos: las distancias de exclusión para fumigar, la clasificación de los productos toxicológicos, y las potestades de los municipios y comunas para fijar distancias distintas a las de la ley provincial.

En este caso, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade presentó una iniciativa en la cámara baja de la Legislatura proponiendo mejoras en la regulación del uso de agroquímicos, incluyendo toda su cadena de uso: desde la elaboración hasta la disposición final de sus envases.

Así, propone que entre los objetivos específicos de la ley se contemple la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola, “estableciendo los principios rectores para la utilización de agroquímicos dentro de todo el territorio provincial a fin de evitar la contaminación de los alimentos y del ambiente“.

Y busca incluir dentro de las regulaciones que establece la legislación las actividades de elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades, depósito, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación de agroquímicos y disposición final de envases cuyo empleo, manipulación o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población o del ambiente.

La iniciativa establece que sean el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto al Ministerio de Salud de la provincia, las autoridades de aplicación de la norma, con la participación del Comité lnterministerial de Salud Ambiental.

Las prohibiciones

De acuerdo al proyecto, para la aplicación y utilización en silos campos, silos bolsa, plantas de acopio, plantas de acondicionamiento de granos, plantas de terminales portuarias se deberá respetar una distancia mínima de 1.000 metros de zonas urbanizadas.

La misma área de reserva se establece para establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.

También considera zonas libres de aplicación de plaguicidas en banquinas ubicadas en los ejidos municipales o comunales como así también en las rutas provinciales y rutas nacionales que transiten por la provincia.

Al mismo tiempo prohíbe la la aplicación o aspersión aérea de plaguicidas, agroquímicos y biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres de interés agrícola o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

De esto se excluye la pulverización aérea realizada con fines sanitarios con el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria y medioambiental y establecida mediante resolución conjunta del Comité Interministerial de Salud Ambiental.

Sin datos certeros

En la provincia de Santa Fe se cultivan aproximadamente 4,5 millones de hectáreas de soja, maíz, trigo, entre otros. Y se estima que se utilizan entre 70 y 100 millones de litros de agroquímicos por campaña.

Del Frade destacó que “en nuestra provincia, y también en Nación, no hay datos certeros de las cantidades de productos agroquímicos que se usan en los cultivos. Pero está claro que semejantes cantidades de agroquímicos utilizados en las producciones agrarias, hortícolas o frutícolas indefectiblemente van a impactar en la salud de la población y del ambiente. Cientos de estudios científicos y publicaciones internacionales así lo demuestran”, advirtió Del Frade.

El proyecto busca además que los expendedores estos productos estén inscriptos en un registro provincial. Al mismo tiempo, los propietarios de equipos de aplicación terrestre de agroquímicos, utilizados en explotaciones rurales, silos bolsa, silos campo, plantas de acopio, plantas de acondicionamiento y plantas de terminales portuarias, deberán solicitar la matriculación de los equipos y contar con la habilitación de un ingeniero agrónomo matriculado.

Y los productos a emplear deberán estar avalados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Finalmente, la norma crea un fondo de recursos específicos para realizar la tarea de control del uso de agroquímicos. La cuenta “Control de Agroquimicos” se integrará con aportes provenientes de aranceles por inscripciones multas por infracciones, subsidios, donaciones y legados o cualquier otra contribución que surja de otras disposiciones creadas o a crearse.