La mayoría de los españoles se muestra a favor de una nueva normativa que garantice un mayor bienestar para los animales criados para consumo humano y, por eso, piden a la UE que actúe de manera acorde a la hora de legislar.

Así lo concluye la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) junto a otras asociaciones de siete países europeos, que han pedido a la Comisión Europea que cumpla su compromiso con el bienestar animal, proponiendo nuevas leyes y actualizando las existentes.

Concretamente, casi nueve de cada diez consumidores españoles (el 89%) apoyan nuevas leyes para mejorar las condiciones de los animales de granja, como proporcionar más espacio, prohibir los sistemas de jaulas y las mutilaciones.

Tres de cada cuatro consumidores (el 76%) quieren que el método de etiquetado de producción se extienda a otros productos además de los huevos, como son la carne o la leche.

El 82% está de acuerdo en que las importaciones de productos animales deberían estar sujetas a las mismas normas de bienestar que los producidos en la UE, y al 77 % le gustaría que fuera la comunidad europea la que proporcionara fondos a los productores para implementar normas más estrictas de bienestar.

La encuesta también revela que los consumidores tienen poca confianza en las afirmaciones de las empresas sobre bienestar animal y el 84% dice que reaccionaría negativamente al lavado del bienestar.

Más de la mitad de los consumidores cree que tiene un bajo nivel de conocimiento sobre las prácticas de bienestar animal, pero quieren saber más sobre cómo se crían los animales de granja. Por eso indican que necesitan un etiquetado fiable.

Los ciudadanos señalan que la transición a sistemas de mayor bienestar debe ser justa para los productores y los usuarios. Seis de cada diez consumidores están dispuestos a pagar más por normas más estrictas en materia de bienestar animal, aunque con limitaciones: el 34% solo pagaría hasta un 5% más, y una gran mayoría cree que los costes de esa transición no deben ser asumidos solo por los consumidores, sino por la UE y los gobiernos nacionales.